Miércoles, 16 de agosto de 2017

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¿Lo tenemos realmente claro?

“… se ha dicho que hay pesimismos que tienen la significación de un optimismo paradójico. Muy lejos de suponer la renuncia y la condenación de la existencia, ellos propagan, con su descontento de lo actual, la necesidad de renovarla. Lo que a la humanidad importa salvar contra toda negación pesimista, es, no tanto la idea de la relativa bondad de lo presente, sino la de la posibilidad de llegar a un término mejor por el desenvolvimiento de la vida, apresurado y orientado mediante el esfuerzo de los hombres.” (Rodó, 2008) tweet

Días atrás tuve oportunidad de participar en una conferencia sobre José Enrique Rodó, dictada por el Prof. Gustavo San Román. Ello me motivó para una rápida relectura de “Ariel”, obra del insigne pensador, nunca agotada en su alcance y nunca suficientemente leída. El fragmento del acápite es el punto de partida para la reflexión que quiero abordar hoy.

Estamos a punto de enfrentar una reforma educativa. Eso es lo que se escucha en el “lobby” de las instituciones dedicadas a la educación. La información que ha trascendido, sin embargo, no es muy precisa y, menos aún, abundante. Pero sí, al menos los datos ya superan la categoría de rumor y la Sra. Ministro de Educación y Cultura lo ha anunciado en alguna que otra oportunidad, parece estar concretándose la creación del Instituto Universitario de Educación. Organismo cuya creación está prevista en el artículo 84 de la Ley N° 18.437 (Ley de Educación), de 12 de diciembre de 2008 y que ha esperado nueve años para que las autoridades comenzaran a pensar –parecería que en forma definitiva- en él. Hubo, hay que reconocerlo, malogrados proyectos de ley que no lograron superar la etapa parlamentaría.

Es que, realmente no es simple la transformación del actual sistema de formación docente, carrera terciaria no universitaria, en carrera universitaria. No alcanza con cambiar la denominación institucional ni con otorgar carácter universitario al título. Es más que eso.

Desde el punto de vista orgánico, es preciso un cambio de estructura organizativa. Hoy la formación docente está a cargo del Consejo de Formación en Educación, órgano desconcentrado, al igual de los demás consejos de educación, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública. De esta realidad pasamos a un Instituto Universitario cuya naturaleza jurídica es de Ente Autónomo. Como ente de enseñanza, a imagen y semejanza de la Universidad de la República, estará dotado de un órgano de cogobierno con representación de los tres órdenes: docentes, egresados y estudiantes, tal como lo prevé el artículo 85 de la antes mencionada norma jurídica.

En lo que al cuerpo docente se refiere, la situación no es menos compleja. Hoy el sistema de formación docente cuenta con formadores que, en su mayor parte son egresados de formación docente. Esto es, poseen un título terciario de carácter no universitario. La primera interrogante que surge es la siguiente: ¿aquel docente que carece de título universitario, puede formar universitarios? La respuesta inmediata habría de ser un no. A simple vista, tal situación, parecería incoherente. El docente tendría un perfil académico inferior al que habrá de obtener el alumno al que está formando.

Haciendo un simple razonamiento surge una segunda interrogante: ¿un universitario sin formación docente, puede formarlos? También ha de surgir un no como respuesta. Parecería que el formador de docentes, en esa futura realidad, debería reunir ambos requisitos: perfil universitario y perfil docente.

Cabe aún una tercera interrogante: ¿qué se hace con los actuales formadores que no poseen título universitario? Tengamos presente que muchos de los actuales docentes de formación docente –la mayoría quizás- tienen carácter interino. Ergo, carecen de la estabilidad laboral que brinda la efectividad. En la hipótesis que se pudiera prescindir de ellos para la distribución de horas docentes, no queda claro con quienes sustituirlos. Los universitarios que carecen de formación en docencia no tienen perfil para formar docentes. Pues aunque algunos de ellos hayan cursado la docencia universitaria, en formación docente deberán formar maestros y profesores de educación media. Pueden preparar a futuros docentes universitarios, a los demás, no.

Parece inconcuso que quienes se vayan a hacer cargo de los contenidos didácticos y pedagógicos, base de la profesión docente, han de ser egresados de formación docente. A éstos no corresponde pedirle titulación universitaria, en principio al menos. Pero sería prudente, prever a futuro, la necesidad de que la obtengan. Hablemos de un postgrado en educación, por ejemplo.

El problema mayor, a mi entender, está en los formadores de las áreas específicas. Nos estamos metiendo en un verdadero laberinto. Se deberá contar con profesores que sumen a su carácter universitario, su formación docente.

Un segundo aspecto es el académico. La formación universitaria transita por tres carriles paralelos: enseñanza, investigación y extensión. Esto es lo que corresponde al nivel universitario y es lo que, a texto expreso, preceptúa el artículo 84 de la Ley 18.437, supra referida.

Es innegable que los egresados de formación docente en nuestro país, no están formados en investigación y no están suficientemente preparados para actividades de extensión. Creo que tampoco están motivados, dado el modo en que se desarrolla la actividad docente en nuestro país, donde el incentivo para tales acciones no existe. Este vacío, ancestral, está instalado en nuestro sistema de formación docente. A nuestro pesar, debemos reconocer que los docentes que llevan a cabo tareas de investigación y de extensión, lo hacen a su leal saber y entender, sea porque tienen capacidad propia para hacerlo, sea porque, por motivación propia, han decidido capacitarse para ello. Oficialmente, los planes y programas existentes, son omisos en ambos aspectos. Omisión que no puede existir en una formación de carácter universitario. Habrá que encontrar especialistas para capacitar a los futuros docentes a las áreas mencionadas.

No va a ser fácil. Reyna Reyes expresó “…es frecuente que el poder político no conciba sino formas de coacción en la formación de docentes, imponiendo métodos y programas tradicionales. Los educadores así formados no sólo no viven el drama en la educación sino que lo acrecientan. Dado que la búsqueda de soluciones para ese drama exige que quienes la realizan tengan conciencia del mismo, no caben dudas con respecto a que en la formación científica y filosófica de los educadores está la clave para la educación que exige la democracia.” (Reyes, 2009). Si bien es cierto que la autora realizó esta apreciación en un tiempo diferente al actual, y atendiendo, obviamente, a una realidad política y social distintas, no es menos cierto que el pensamiento transcripto es perfectamente aplicable hoy. El cambio será factible en cuanto el poder político sea capaz de entender que el cambio requiere la apertura mental necesaria para que los métodos y programas no se transformen en realidades pétreas, desconocedoras del pluralismo propio de la democracia.

“Dos elementos son fundamentales en el cambio educativo: los sujetos involucrados y el Sistema que lo impulsa… vale recordar que en cualquier proceso de cambio es fundamental el rol que ocupa el Sistema y su Administración.” (Pérez Gomar, 2013). Es inevitable considerar a la Administración y su particular forma de accionar. La organización de la administración pública uruguaya obedece a un modelo instaurado que ha sido objeto, en muchos casos de tímidas reformas y, en pocos casos, de modificaciones sustantivas. “Lo que no deja de tener cierta lógica: su excesiva burocratización (además de una politización mal entendida, dónde las jerarquías se sostienen y obedecen más a sus sectores políticos que a su capacidad técnica en el área educativa) hace que sea casi imposible pensar estrategias de cambio que signifiquen cualquier alteración de los intereses que cristalicen en su funcionamiento. No es posible pensar propuestas desde un nivel que implique riesgos para sí mismo; en general, las burocracias educativas no se suicidan.” (Pérez Gomar, 2013).

Finalmente, es preciso tener presente al colectivo docente. Saber hasta dónde está preparado y dispuesto para entender, aceptar y acompañar el cambio. Tres aspectos le son particularmente significantes: la certificación académica que posee, la que deberá poseer y, consecuentemente, tendrá que procurar obtener y la gravitación que el cambio puede tener en su estabilidad laboral. Ninguna de ellas es menor. Es más, al amparo del inusitado corporativismo a que nos tiene acostumbrado el carácter por demás permisivo y condescendiente del actual gobierno progresista, no debemos sorprendernos de inusitadas acciones por parte de aquel colectivo que, inspirado en intereses no precisamente educativos, terminen por obstaculizar la eventual reforma.

Estimado lector, pido disculpas por mi escepticismo y lo que, a simple vista, aparece como una visión negativa. Ayúdenme, con su buena voluntad, a verlo como un optimismo paradójico. Apuesto al cambio y confío en que lo podamos lograr.

También albergo la esperanza que quienes están asumiendo la responsabilidad de la reforma, lo estén haciendo inspirados por intereses educativos y persiguiendo la búsqueda de soluciones para el paupérrimo panorama que presenta nuestro sistema educativo.

Juan José Villanueva

Autor: Juan José Villanueva

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Doctor en Diplomacia egresado de la UDELAR. Profesor egresado del INET. Ha cursado la Maestría Educación y Sociedad de la UCUDAL y es Experto Universitario en Administración de la Educación (UNED). Ha realizado diversos cursos vinculados con el área educativa y jurídica. Fue docente de Educación Media Técnica (1974 – 2009), Docente del Instituto de Profesores Artigas y del INET. Coordinador de los Bachilleratos Tecnológicos de UTU, Director del Programa de Administración, Comercialización y Servicios y Secretario Docente del CETP – UTU (1996 – 2004). Coordinador Nacional de Derecho del Consejo de Formación en Educación (2009 – 2011) Ha asesorado y asesora a entidades educativas privadas y desempeña en funciones de Dirección. Es docente de Sociología en instituciones terciarias y universitarias privadas desde el año 2007 y ha realizado diversas publicaciones sobre temas educativos.