Lunes, 23 de julio de 2018

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Los bloqueos para mejorar la calidad del gasto público

En ocasión de presentar al Parlamento la última Rendición de Cuentas el Ministro de Economía expuso importantes y compartibles conceptos acerca de la administración presupuestal de nuestra Hacienda Pública.

Entendió que ““Es tiempo que en el sistema político se comience a estudiar la idea de definir metas y resultados a cambio de asignaciones presupuestales.

Señaló que uno de los temas que está en el debe es el de mejorar el gasto. El ministro dijo que ante dificultades para tener más plata para repartir, la clave pasa por sacarle más rendimiento a la plata que se reparte.

En ese sentido el jerarca gubernamental admitió que hay aéreas que han recibido mucho presupuesto que no se correspondió con los resultados obtenidos.

Tenemos un problema importante en la calidad del gasto que entre todos tenemos que mejorar”

Estas afirmaciones se corresponden con la visión internacional que se tiene del país.

Así en la reciente publicación del Foro Económico Mundial el cual emite anualmente un índice de competitividad global podemos observar que para el actual año se coloca a nuestro país en la posición 117 entre 137 países analizados en materia de eficiencia del gasto gubernamental ( cercano al noveno decil más bajo )

Este enfoque nuevo y tardío de nuestra máxima autoridad económica contribuye con propiedad a enfrentar uno de los problemas más estructurales que arrastra nuestro sector público manifestado por su excesivo tamaño lo que lo hace repercutir en forma intensa y distorsiva en nuestra economía.

Por lo tanto cabe preguntarse ¿Qué factores son los que impiden que nuestro sector público pueda efectuar una adecuada ejecución del gasto público ¿

Debemos en primer lugar fijarnos prioridades para responder a esta pregunta. En primer lugar reconocer que el desarrollo de las democracias exige una visión del buen gobierno que sólo es posible si existe un amplio respaldo ciudadano a los objetivos colectivos y eso requiere de una adecuada programación con una eficaz “carta de navegación “que incluya políticas explicitas compartidas, una gestión evaluada por objetivos y resultados y sobre todo una apropiada rendición de cuentas.

Los ciudadanos y sus organizaciones deben contar con información para pronunciarse sobre la gestión de las entidades públicas.

Sin embargo, existe de hecho, en nuestro país una gran carencia en materia de rendición de cuentas que enfatizan habitualmente su acción en los sistemas de control de gastos – válidamente – pero que ponen más atención en los procedimientos que en los resultados que son los que deben satisfacer a la ciudadanía.

Esto lleva a que se agudicen los problemas de gobernabilidad atentando contra la necesidad de incrementar el auténtico capital social de las instituciones públicas

Nos hemos acostumbrado a la presentación meramente formal de la ejecución presupuestal con informes estandarizados de autoevaluación de los propios organismos que carecen de una auditora de gestión autónoma externa.

Por su parte esta carencia ni siquiera es mencionada como una necesidad que lleve a implementar formas idóneas de evaluación realizada por entidades independientes.

Se confunde la evaluación con el control y se teme que al constatar carencias se apliquen sanciones lo que no corresponde a un enfoque de desempeño y resultados por lo cual se dificulta reconocer que la evaluación es un proceso permanente el cual tiene que ser parte de los habituales procesos de gestión.

El propósito buscado al evaluar tiene dos finalidades: aprender de la experiencia, extrayendo lecciones que puedan aplicarse con el objetivo de cumplir con la misión y las metas expuestas y para rendir cuentas a la ciudadanía que ha aportado sus recursos y al Parlamento.

Es un valor admitido en términos de desarrollo económico social que un aspecto importante de la gestión del sector público es la  existencia, en la visión de las autoridades gubernamentales de una orientación de los administradores hacia los resultados y el desempeño.

Esta  sería uno de los caminos de mayor relieve para mejorar el desempeño gubernamental en lo que respecta a la calidad, cantidad y adecuada utilización de los bienes y servicios ofrecidos por el Estado.

Y es entonces que con esta visión comienza  a delinearse cuales son las limitaciones y bloqueos que nos aquejan

Habitualmente las políticas públicas y la ejecución del gasto raramente se ejecutan tal como fueron ideadas, pero no siempre se sabe por qué ni cuáles son los cambios que se han logrado concretamente.

Para conocer cómo funcionan y qué resultados tienen las acciones desplegadas en ese sentido se requiere implementar sistemas de monitoreo (seguimiento) y evaluación en las diversas instituciones componentes de la administración pública.

Dichos sistemas procuran generar y difundir un conocimiento adecuado y ordenado sobre las características de las actividades llevadas a cabo, sus condiciones de ejecución, sus resultados y sus posibles impactos.

De esta forma esto les permite alimentar el proceso iniciado en la formulación de las políticas públicas y del gasto, mejorando los niveles de transparencia y a su vez se logra ponderar la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Los países en el ámbito internacional realizan significativos esfuerzos por configurar y consolidar las capacidades necesarias para establecer unidades de monitoreo y evaluación.

Así por ejemplo con el respaldo de la OCDE , entre otros, se estableció en el año 2006 una red de redes para promover mejores evaluaciones de impacto en sus países miembros.

Nuestro país que en los últimos años ha adoptado orientaciones de  dicho organismo en materia de buenas prácticas de transparencia fiscal en lo que hace a la recaudación tributaria podría en este nuevo campo –de ser consecuente con su visión – abrir  una oportunidad para aprovechar la acción mancomunada de una serie de países con una muy buena experiencia en la temática evaluativa.

Se constata – en la iniciativa emprendida por los diversos países – que la red de redes denominada por su acrónimo en inglés NONIE (The network of networks for impact evaluation) procura responder a temas de relevancia  acerca de si la acción estatal tiene eficacia en sus intervenciones, si las instituciones funcionan apropiadamente o no lo hacen, si las actividades de ejecución marcan una diferencia y que grado de costo- efectividad tienen.

No solo estos ejemplos pueden ser orientadores. Cabe recordar los éxitos obtenidos por la administración pública chilena a través del sistema integrado de monitoreo y evaluación gestionado por su Ministerio de Hacienda, elaborado progresivamente a lo largo del tiempo e iniciado en la última década del siglo pasado.

Entre los destaques principales de dicho sistema cabe mencionar lo siguiente:

  • Realización de un análisis previo de costos –beneficios para todos los proyectos gubernamentales
  • Evaluación comprehensiva del gasto considerándose temas como la ineficiencia y la duplicación de actividades entre programas.
  • Evaluaciones de programas gubernamentales. En ellas se realizan exámenes exhaustivos de los programas realizada por equipos de investigación universitarios y consultorías privadas
  • Evaluaciones rigurosas del impacto. Aproximadamente el 60 % del presupuesto público se había analizado en los primeros años de su implementación.
  • Focalizándonos en nuestro país cabe preguntarse: ¿Existe la voluntad de las autoridades gubernamentales de incursionar en estos temas?

 

Si uno observa alguna de las pocas experiencias institucionales evaluativas como ha sido la del INNED (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) que logró elaborar fundamentados y valiosos informes  sobre la educación no cabe ser muy optimista en el futuro.

Dichos informes evaluativos sólo recogieron  la indiferencia gubernamental y un silencio significativo de quienes debieran estar interesados en reformular las políticas públicas del área.

Si el próximo año en los rankings globales seguimos punteando tan bajo  no nos extrañemos luego de las posibles consecuencias de las valoraciones de los organismos internacionales.

Ellos cumplirán con su misión y tal vez nosotros estaremos discutiendo sobre asignaciones presupuestales sin tener correspondencia de bienes y servicios entregados a la ciudadanía.

Si quisiéramos emular a nuestro deporte más popular diríamos que pasar del puesto 117 al 5º.sería un milagro y los milagros laicos no son frecuentes.

Isaac Umansky

Autor: Isaac Umansky

Contador Público y Economista (UdelaR). Desempeñó el cargo de Contador General de la Nación y Director de la Comisión Nacional de Informática en el período 1985-1990. Profesor Economía, Finanzas Públicas y Administración en la F.C.C.E.E. (Udelar). (1969-1984). Consultor nacional e internacional en proyectos de Administración Financiera Pública y Gestión Pública (BM, BID, CEPAL, Agencia de Cooperación Sueca y la Unión Europea en Chile, Costa Rica, México, Bolivia y Cuba (Desde 1990 hasta la actualidad). Ex Presidente de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto (ASUCYP) durante varios períodos. EX Vicepresidente de la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP) 2 períodos. Miembro del Consejo Internacional que emite las Normas y Estándares del Sector Público (IPSASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Período 2010-2012.