Jueves, 20 de julio de 2017

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Los horrores de la gestión del Frente Amplio

La disparatada administración de los dineros públicos por parte del partido de gobierno se ha transformado en una serie de horror. Todas las semanas tenemos un nuevo episodio de esa serial terrorífica puesto que a lo acontecido con Pluna, Alas Uruguay, el Fondes, ASSE, el Fonasa, el puerto de aguas profundas, el MIDES, el gasoducto Cruz del Sur, el comercio estatal con Venezuela, los 64000 nuevos funcionarios públicos, etc., se agrega lo acontecido con ANCAP y lo que se sigue develando de ese ente estatal.

Con respecto a ANCAP, no vamos a insistir sobre lo que se está investigando por la Justicia competente. Ello es de todos conocido y sufrido puesto que el déficit, generado por los desaguisados cometidos por sus autoridades, lo estamos pagando los ciudadanos que consumimos combustible y pagamos impuestos y lo seguiremos pagando por el aumento de la deuda externa que genera intereses y que algún día nuestros hijos y nietos tendrán que empezar a amortizar.

Pero sucede que se han conocido recientemente tres nuevos episodios de esta serial que vale la pena examinar que, no han sido objeto de la investigación necesaria todavía, pero que seguramente van a serlo a corto plazo.

El primero tiene que ver con las tarjetas de crédito corporativas que ANCAP otorga a los directores de ese organismo. En estos días ha quedado en evidencia que el actual Vice-Presidente de la República, cuando se desempeñaba como Presidente de ese ente estatal utilizó el crédito resultante de esa tarjeta, no sólo para el cumplimiento de sus funciones sino también para gastos estrictamente personales. Parafraseando al art. 351 del Código Penal se le otorgó la tarjeta de crédito para “hacer un uso determinado de ella” y en los hechos la utilizó, en algunos casos, para “su provecho” personal.

El segundo, refiere a que ANCAP está siendo objeto de demandas civiles por U$S 73 millones de dólares y que ha duplicado el fondo destinado a cubrir las eventuales sentencias condenatorias que puedan recaer sobre ese ente. Ahora bien, para que los juicios que se le han promovido puedan prosperar es indispensable que el Directorio de ese organismo haya cometido actos ilícitos o con desviación de poder. En otras palabras, esas demandas de responsabilidad civil sólo pueden tener fundamento en la pésima gestión a que fue sometida ANCAP por los jerarcas que dieron lugar a esas reclamaciones.

Y en tercer lugar tenemos lo acontecido con el Gasoducto Cruz del Sur, que se ha transformado en un tremendo fracaso, con millones de dólares que se fueron por el drenaje y que recién se empiezan a evaluar, con jerarcas de esa empresa que siguen ganando sueldos exorbitantes y por lo resuelto por el que fungía como Presidente de ANCAP, nos referimos al Señor José Coya, cuando en el año 2015, sin conocimiento del Directorio que integraba, le adjudicó la obra de construcción de la interconexión del gasoducto Cruz del Sur, con la futura regasificadora, a la constructora brasileña OAS (que está imputada de corrupción en Brasil) por un valor de U$S 64 millones dólares…Esa adjudicación adolece de las siguientes irregularidades: a) El Presidente del Directorio de ANCAP no tiene competencia para efectuar una adjudicación como la referida. La ley Orgánica de ese ente estatal No. 8764 de 14 de octubre de 1931, no le otorga esa potestad, reiterando el criterio de que debe ser el Directorio el que adopte ese tipo de resoluciones. Así el art. 3º dispone que “funcionará como Ente Autónomo a cargo de un Directorio” y más concretamente el art. 6º establece que;”El Directorio deberá proceder por licitación pública para la realización de toda obra, compra o arrendamiento que importe más de $1.000.000”. Enrique Sayagués Laso, sostuvo que “la violación de la norma de competencia puede aparejar la nulidad del acto y, de adquirir cierta gravedad, justificará la responsabilidad del funcionario en primer plano, aunque sin excluir la del ente público (Tratado de Derecho Administrativo, T. I, año 1959, p.189). b) A la grave irregularidad que resulta de que la resolución fue adoptada por el Presidente a espaldas del Directorio, se agrega el hecho de que no se llamó a licitación. Dice Sayagués Laso, “cuando el requisito de la licitación está impuesto por el derecho positivo debe cumplirse estrictamente. Es una forma esencial en la contratación administrativa, establecida por razones de interés público. De ahí que su omisión invalide radicalmente el contrato, produzca su nulidad absoluta, pudiendo ser invocada por todos: por la administración, el particular contratante y los terceros interesados “(op.cit. pp.559).El eminente profesor Carlos Delpiazzo destaca que “la exigencia de la licitación pública para contratar es de larga data y luego de mencionar distintas disposiciones en ese sentido expresa que “cuando en el año 1968 se aprueba el Proyecto de Ley de Contabilidad y Administración Financiera autorizado por el art. 512 de la Ley No. 13.640 de 26 de diciembre de 1967, en su artículo 29, se consagra la regla de que todo contrato se hará por licitación pública cuando del mismo deriven gastos o ingresos, regla de la cual se establecen un conjunto de excepciones” (Contratación Administrativa, 1999, p.121).

Precisamente, el Sr. Coya que, como hemos visto, no era competente para efectuar esa contratación, argumentó que la misma fue directa, sin licitación, por razones de urgencia. Delpiazzo afirma que para que pueda prescindirse de la licitación por razones de urgencia, ésta debe ser en primer lugar “concreta, no puede ser abstracta o genérica, sino que el apremio debe ser particular, especial, real para el caso determinado. En segundo lugar, la urgencia debe ser inmediata, es decir, actual, presente e impostergable. En tercer lugar debe ser probada, es decir debidamente acreditada y fundada en base a estudios técnicos y respaldada por una actuación administrativa acorde con la premura invocada. En cuarto lugar, la urgencia debe ser objetiva, vale decir apoyada en una necesidad de la Administración, con independencia del criterio subjetivo de sus funcionarios y finalmente debe ser imprevista (op.cit. pp. 132-133). Del simple análisis de estas premisas y de lo acontecido con Gas Sayago debe concluirse de que el argumento de la urgencia carece absolutamente de seriedad.

En síntesis: tarjetas de crédito corporativas utilizadas para comprar ropa deportiva, víveres en el supermercado y un colchón, un dineral gastado en el proyecto fracasado de gasoducto y sueldos exorbitantes de los jerarcas del mismo que se siguen pagando y el Presidente del Directorio de ANCAP, que no era competente para proceder a la adjudicación de la obra mencionada y que, aunque lo hubiera sido, se requería un proceso licitatorio porque no se daban las condicionantes de urgencia invocadas por el Sr. Coya. Que el lector saque sus conclusiones de cómo este gobierno administra los recursos que la sufrida población le suministra a través de los impuestos tan gravosos, el combustible más caro de la región y las tarifas de los servicios que brinda el Estado que exceden todo criterio de razonabilidad.

Edison González Lapeyre

Autor: Edison González Lapeyre

• Catedrático de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Derecho Diplomático en la UDELAR • Profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. • Asesor Letrado, Director del Instituto Artigas del Servicio Exterior, Director de Asuntos Culturales, Director de la Consultoría Jurídico - Diplomática • Embajador ante los gobiernos de República Dominicana, Barbados, Haití y Granada y representante Permanente ante la OEA. • Negociador en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, el Estatuto del Río Uruguay, el Tratado para el desarrollo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cuareim y el Acuerdo de Extradición y Cooperación Judicial con EEUU. • Integró el equipo legal del Uruguay en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en una primera etapa. • Autor de más de 150 publicaciones de su especialidad.

  • Juan Carlos

    HAY QUE SACAR DEL GOBIERNO A ESTA CATERVA DE INEPTOS, MEDIOCRES Y LADRONES.