Miércoles, 12 de abril de 2017

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Más que una prueba

En las últimas semanas varios medios se hicieron eco de la polémica ocurrida en la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad de la República (UdelaR) por la evaluación de la asignatura Cálculo I en el período de febrero de 2017. El hecho concreto fue que de 506 estudiantes que rindieron el Examen, únicamente 11 aprobaron, luego que se flexibilizaran los criterios para la corrección, permitiendo que un estudiante que alcanzara el 50% de los puntos, en lugar del 60% original, pudiera salvar, ya que en caso contrario la cantidad de aprobados sería 0.

No es la intención de esta columna evaluar si la prueba estuvo bien o mal propuesta, si el nivel de dificultad era adecuado, si el tiempo para la resolución de los problemas era suficiente, si los estudiantes estudiaron o no; ni siquiera si los contenidos de la asignatura son aplicables para el desempeño de la actividad profesional. Tampoco quisiera entrar en la polémica de si los resultados de una evaluación deben ajustarse por la famosa campana de Gauss.

El tema central de esta columna pasa por otro lado, y es el siguiente: la educación pública ha sufrido un deterioro permanente desde hace ya muchas décadas, y en los últimos 12 años ese proceso no ha hecho otra cosa que acelerarse. Sin embargo, la percepción general hasta ahora ha sido que ese daño alcanzaba la enseñanza primaria y secundaria, no así la universitaria. La UdelaR logró exitosamente desacoplarse de esa avería en la imagen de la educación pública, pero cada vez camina más cerca del pretil.

Esta “victoria” de la UdelaR en cuanto a la conservación de su prestigio de todos modos ha sido parcial, en los últimos 20 años las universidades privadas han ido ganando un espacio en la consideración de la ciudadanía (oferentes y demandantes en el mercado laboral), equiparando a esta altura los títulos obtenidos en una o en las otras casas de estudio. Un título de la UdelaR ya no es un diferencial para ingresar al mercado laboral o para obtener una beca internacional respecto de uno de una universidad privada. Es más, ya en el año 2010 un estudio elaborado por los doctores en Sociología Marcelo Boado y Tabaré Fernández del Departamento de Ciencias Sociales de la propia UdelaR, indicaba: “Las universidades privadas reclutan a los que tuvieron mejores desempeños académicos en el liceo; la Udelar a los alumnos “promedio”; y los que tienen calificaciones debajo del promedio suelen volcarse a institutos de formación docente”.[1]  El mismo estudio sostenía: “en Uruguay se pueden distinguir cuatro “status socioacadémicos” en la educación superior: el “estrato alto”, formado por los estudiantes de las universidades privadas; el “medio alto”, integrado por estudiantes de la Udelar; el “medio bajo”, de estudiantes de los institutos universitarios privados; y, finalmente, el “status bajo”, integrado por quienes acceden a una educación terciaria con inserción laboral garantizada: la formación docente, militar y policial.” Esta situación induce a pensar que en un futuro cercano se inviertan los roles, y quienes estudien en universidades privadas sean quienes acceden a mejores salidas laborales, si es que esto ya no está sucediendo en la actualidad.

Un aspecto a considerar, es que el estudio de los doctores Boado y Fernández abarcó a estudiantes que alcanzaron el nivel terciario, no incluyendo a aquellos que no ingresan a éste, ya sea porque ingresan directamente al mercado de trabajo, o porque no finalizan los estudios secundarios.

Está claro que el proceso de aprendizaje funciona por acumulación, y los déficits de conocimientos que no se solucionan en el nivel correspondiente generan un efecto bola de nieve. Si un estudiante egresa sin las competencias adecuadas de la educación primaria, el resultado es un estudiante que seguramente tenga bajo desempeño a nivel de educación secundaria, y a su vez, si un estudiante de educación secundaria egresa sin las competencias adecuadas (en caso de egresar, ya que el porcentaje de deserción es cada vez más alto), o ingresa al mercado laboral con carencias para desempeñar tareas básicas, las cuales deberá subsanar con el aprendizaje fruto de la experiencia, o el país lo pagará con mano de obra menos calificada, lo que implicará menor productividad, menor atractivo para la inversión, menor generación de empleo, etc. En caso que el individuo decida continuar su formación, la educación terciaria tiene dos alternativas: o funcionar como cuello de botella reprobándolo hasta que alcance los estándares exigidos para la obtención de un título universitario, o flexibiliza los niveles de exigencia. En el último caso, esa flexibilidad implicará a la larga que en nuestro país los profesionales carezcan de las competencias necesarias para el ejercicio de su profesión, con las consecuencias que ello tiene. Abogados, escribanos, ingenieros, arquitectos, médicos, economistas, etc., con carencias de formación, ¿qué futuro le espera a un país en esa situación?

Hasta ahora la UdelaR en general priorizó no bajar el nivel salvo contadas excepciones en las cuales ha flexibilizado criterios, como muchos sostienen que ocurrió con el último cambio de plan en la carrera Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas.

El episodio del Examen de Cálculo I de la FI quizás representa la admisión de un error en la evaluación de una prueba, o quizás sea el inicio de un proceso de baja en los estándares de exigencia. El tiempo se encargará de esclarecer cuál de las dos es. De todos modos, tarde o temprano el tema va a estar sobre la mesa y deberá ser resuelto en un sentido u otro. En la enseñanza primaria y secundaria pública se laudó en un sentido, las consecuencias se perciben a diario y escribir sobre el tema sería llover sobre mojado, hasta ahora la educación terciaria procuró ser una isla, ¿será este episodio un puente con tierra firme?

 


 

[1] http://www.uypress.net/auc.aspx?5698,55

Ciro Mata

Autor: Ciro Mata

Ingeniero Electricista (Universidad de la República, UdelaR, 2003). Postgrado en Administración de Empresas (2004) y Maestría en Administración de Empresas (MBA) (2006), Universidad Católica del Uruguay. Postgrado en Metodología de la Investigación, Universidad de la Empresa en (2012). Ejerció como docente en la Facultad de Ingeniería de la UdelaR y actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Empresa y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica del Uruguay. Profesionalmente se ha desempeñado en UTE como subgerente del Área Planificación.