Martes, 26 de enero de 2016

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Castellanos: “Los siniestros de tránsito traen intereses contrapuestos y actitudes de poca ética”

En entrevista exclusiva con El Telescopio, el Director Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA), Mauricio Castellanos, calificó de “muy poco compartibles” las declaraciones donde se indica que “la ley seca no es otra cosa que un gran negocio” y que favorece únicamente a las empresas aseguradoras tanto multinacionales como nacionales.

 

Por su parte, se refirió al proyecto de ley donde se propone modificar el marco legal del mercado de seguros y proteger las pasividades, al aumento de las pólizas vendidas –en 2014 incrementó un 22,4% respecto a 2013-, la nueva ley de seguro obligatorio, la labor de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y la llegada de Uber a Uruguay.

 

¿Cómo define a la AUDEA?

AUDEA es una entidad gremial que cuenta con más de un siglo de trayectoria, nuclea a la mayoría de las compañías de seguros privadas que operan en el país.
Es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1898 y cuenta con personería jurídica desde 1973.

Se trata de una organización empresarial moderna, dinámica y proactiva, que impulsa decididamente el desarrollo del seguro y su inserción en la sociedad para beneficio de todos los asegurados.

 

¿Qué aseguradoras engloba?

Actualmente la Asociación está integrada por 11 de las 14 compañías privadas de seguros que operan en nuestro país.

Nuestros socios son:

grafica seguro

 

La emisión de primas de las empresas socias de AUDEA representan el 97.2% de la facturación total de las empresas privadas y el 59.4% del total del mercado en competencia real, considerando la emisión al 30 de setiembre de 2015.

Cabe precisar que el mercado en competencia real está definido como el mercado de seguros excluyendo los seguros de accidentes de trabajo y de vida previsional.

 

Mauricio Castellanos.Gerente general de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, AUDEA / FOTO M. CERCHIARI

Mauricio Castellanos. Director Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA) / FOTO M. CERCHIARI

¿Cuál es su misión? 

Nuestra misión es: “Representar el interés común de las compañías de seguros instaladas en nuestro país. Desarrollar la actividad gremial con un alto nivel de profesionalidad y competencia técnica. Defender  al sector asegurador, impulsar el desarrollo del mercado de seguros y la cultura aseguradora. Promover la profesionalización de la actividad, la aplicación de las mejores prácticas, la transparencia, la protección de los asegurados y la responsabilidad social empresarial.”

 

¿Qué capacitaciones realiza AUDEA? 

AUDEA trabaja desde hace ya muchos años en la capacitación del sector asegurador. Para ello desarrollamos charlas y eventos donde se tratan los aspectos más importantes de la actividad.

Adicionalmente, desde hace dos años, en una alianza académica con el Banco de Seguros del Estado (BSE) y la Cámara Nacional de Comercios y Servicios, desarrollamos una tecnicatura de dos años de duración con la finalidad de contribuir a la profesionalización de la actividad.

Fruto de esa tecnicatura se están capacitando más de 60 alumnos.

 

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley donde se propone modificar el marco legal del mercado de seguros y proteger las pasividades, ¿en qué se basa? 

Se trata de un proyecto muy importante, fundamentalmente porque permite adecuar el marco jurídico a la práctica moderna de la actividad aseguradora en consonancia con las mejores prácticas internacionales y, simultáneamente, genera los equilibrios necesarios para armonizar los derechos y deberes de las distintas partes que intervienen en el mercado asegurador.

En la actualidad el sector asegurador, en este aspecto, se encuentra regulado por el Código de Comercio de 1865, un marco que resulta, a todas luces, incompatible con el desarrollo del mercado asegurador y que constituye un obstáculo para la proyección del sector hacia el futuro. Esto porque el mercado se caracteriza por su permanente innovación y además los avances tecnológicos, en materia de comunicaciones, de la ciencia y de la propia realidad social y económica, han generado tantos cambios desde la promulgación del Código de Comercio hasta el presente que no es posible contener en sus disposiciones la dinámica de la actividad aseguradora actual, y mucho menos promover la adecuada inserción del seguro en la sociedad.

El proyecto de Ley  a estudio en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores ha sido elaborado por el ente regulador de la actividad aseguradora, la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, a partir de la iniciativa de AUDEA y del BSE, que hace ya unos cuantos años aportaron una base de discusión. 

De manera que el proyecto aborda la regulación del contrato de seguros con un gran equilibro entre las partes. Adicionalmente el Poder Ejecutivo aprovechó el envío de esa iniciativa para incorporar un conjunto de disposiciones, también muy importantes, para mejorar diversos aspectos de la operativa del seguro, entre ellas disposiciones en materia del seguro de vida previsional, del seguro obligatorio de automotores, etc.

 

El texto establece que el Banco Central del Uruguay podrá autorizar que las reservas de los seguros previsionales de las empresas aseguradoras se constituyan hasta en un 100% en valores emitidos por el Estado e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el BCU, ¿por qué el cambio de 75% a su totalidad? 

El sistema previsional en nuestro país, a partir de la vigencia de la Ley 16.713 y modificativas, es un sistema mixto en el que conviven dos regímenes: el régimen solidario del Banco de Previsión Social (BPS) y el régimen de ahorro individual administrado por las AFAP.

Mediante la reforma se pretendía dotar al sistema de sustentabilidad financiera, comprometida por los cambios en el mercado laboral y el envejecimiento demográfico, y   fomentar el trabajo formal.

Las prestaciones derivadas del régimen de ahorro individual son abonadas por una empresa aseguradora de acuerdo con las disposiciones que se establecen a dichos fines.

En ese contexto, existen dos coberturas de seguros diferentes: por un lado el seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, que es contratado por cada entidad administradora y que tiene como objetivo brindar las coberturas por incapacidad y pensiones de sobrevivencia por fallecimiento en actividad, y por otro lado el seguro de renta vitalicia, que cumple la función de pagar las prestaciones correspondientes a la jubilación común y jubilación por edad avanzada.

En cualquiera de estos casos las rentas derivadas de estas coberturas deben ajustarse por el Índice Medio de Salario (IMS), de igual manera que ocurre para las prestaciones abonadas por el régimen de solidaridad del BPS. Es decir, que se generan pasivos (obligaciones previsionales) que de acuerdo a la normativa vigente y a la técnica aseguradora deben estar adecuadamente calzados en términos de plazo, moneda y tasa de interés con activos.

Sin embargo, no existen suficientes activos en el mercado de capitales que permitan realizar ese calce. Por lo tanto, se genera una situación en la que no es posible administrar adecuadamente el riesgo de operar en el sistema previsional, en la medida que los resultados de las empresas pueden verse fuertemente comprometidos cuando el IMS evolucione por encima de los retornos financieros de los instrumentos disponibles en el mercado de capitales, y poner incluso en riesgo la viabilidad de las aseguradoras y del propio sistema.

Atendiendo esta problemática y dado que los activos disponibles en Unidades Reajustables (UR) son en general emitidos por el Estado es que se entendió conveniente ampliar el límite de inversión en estos activos y permitir incluso que se puedan posicionar hasta el 100%, en lugar del 75% que es el límite vigente. 

Si bien es una propuesta que compartimos, la Asociación promueve una modificación adicional y es incluir también dentro de ese límite los activos en UR emitidos por las empresas públicas como el Banco Hipotecario, UTE –entre otros- ya que técnicamente no son consideradas como emisión del Estado, y en realidad son las entidades que han realizado este tipo de operaciones.

 

¿Se presentó alguna variante adicional en la redacción del proyecto? 

El proyecto de Ley cuenta con un amplio consenso entre los operadores del mercado, la Asociación tiene una visión muy positiva sobre el mismo y apoyamos su aprobación. Lógicamente al tratarse de un proyecto tan importante y extenso, entendimos conveniente realizar un análisis detallado que llevamos a cabo conjuntamente con el BSE.

De ese trabajo surgieron aspectos que ambas instituciones consideran que deberían ajustarse, en algunos casos se trata de aclaraciones y correcciones que no afectan el sentido de lo previsto en el texto, sino que se procura clarificar algunos puntos evitando que los mismos sean luego sujetos de controversia judicial.

Otras modificaciones son más profundas y se deben a situaciones que en el momento de la elaboración del texto no fueron consideradas, en algunos casos porque refieren a ramas de seguros que no tenían un volumen relevante de operaciones. Un ejemplo de esa situación es el seguro agrícola: cuando se elaboró el texto no se pensó que fuera necesario incluir disposiciones específicas para ese seguro. Sin embargo la experiencia de estos últimos años lleva a pensar que resulta conveniente contar con una sección específica para ese seguro. 

Así que la propuesta incluye una sección íntegra para esa rama de actividad de manera de contemplar sus particularidades y especificidad.

En los últimos meses del año pasado realizamos la presentación de la propuesta conjunta y tenemos la expectativa de que los legisladores compartan los cambios sugeridos, de manera de perfeccionar aún más un proyecto que de por sí es muy positivo.

 

Mauricio Castellanos.Gerente general de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, AUDEA / FOTO M. CERCHIARI

Mauricio Castellanos. Director Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (AUDEA) / FOTO M. CERCHIARI

¿Por qué han ido en aumento la compra de seguros uruguayos? En 2014 las pólizas vendidas incrementaron un 22,4% respecto a 2013. 

En los últimos años el sector asegurador experimentó un importante crecimiento en el volumen de primas, y un crecimiento también muy importante en el volumen de recursos destinados al pago de siniestros.

Este crecimiento de la actividad aseguradora obedece a múltiples causas. En primer lugar la mejora en la situación de la economía siempre es un elemento que empuja a la actividad aseguradora, esto porque las familias cuentan con mayores recursos y entonces la capacidad de contratar seguros aumenta, a su vez al aumentar el crédito y el consumo, también aumenta la venta de los seguros asociados. 

Por otro lado, la mayor formalización de la economía, aunada al crecimiento de los salarios, provoca naturalmente el aumento de los seguros asociados a la seguridad social, como ser el seguro de accidentes de trabajo y el seguro de vida previsional.

Otro factor relevante en el aumento del consumo de los seguros es la mejor percepción de los riesgos que va adoptando la sociedad. La sociedad moderna es una sociedad de riesgos, de manera que tenemos más riesgos y a su vez riesgos que tienen un mayor impacto al aumentar la frecuencia o la intensidad de los mismos. Esto resulta claro por ejemplo en lo que refiere al cambio climático y sus efectos.

Por último, pero no menos importante, cabe señalar también el trabajo desde la oferta de seguros que hacen las compañías aseguradoras. De la mano de la innovación en las coberturas, la incorporación de los servicios y el desarrollo permanente de los canales de distribución, permite también acercar el seguro a la sociedad y mejorar su inserción.

 

¿A qué se quiere llegar con la nueva ley de seguro obligatorio? 

El SOA, es decir el Seguro Obligatorio de Automotores, surge como una necesidad de la sociedad para atender a las víctimas de los siniestros de tránsito. Lo que se pretenden con ese seguro es amparar a las víctimas en un momento de necesidad que es producido por el riesgo del tránsito. 

Se trata de otorgar una indemnización que le permita superar esa situación, pero que no implica en absoluto la reparación integral del daño. Esto significa que la víctima puede recurrir al fuero común para plantear una demanda superior a la que fija el SOA.

Lo importante es que a través de este sistema aumenta la posibilidad de obtener una indemnización porque ese rol lo cumplen las compañías de seguros. Es un seguro que tiene ya seis años y medio de vigencia y que debería también recorrer un camino de ajustes para poder modificar aspectos que no quedaron adecuadamente resueltos y que la experiencia de la práctica de estos años se ha encargado de mostrarnos.

Un ejemplo muy claro de un aspecto que debería rápidamente ser corregido refiere a la fiscalización del sistema. Para que el sistema logre subsistir se necesita que la inmensa mayoría de los vehículos se aseguren. Esto porque el sistema prevé un régimen de coberturas especiales que genera la indemnización aún cuando el vehículo causante del accidente no esté asegurado, se haya dado a la fuga o sea un vehículo hurtado.

Ese sistema distribuye esos casos entre las compañías de seguros que deben cubrirlos con los recursos recaudados de quienes sí cumplen con la obligación de asegurar.

Entonces si la fiscalización no es efectiva cada vez tendremos más vehículos sin seguros y más coberturas especiales para cubrir con los fondos aportados por quienes sí contratan el seguro, y en consecuencia el seguro se haría cada vez más caro y se genera un círculo muy negativo.

En la actualidad vemos que efectivamente los casos vienen subiendo y que prácticamente no existe fiscalización en la vía pública. Por otra parte, la experiencia de estos años nos muestra casos donde la interpretación de la Ley resulta extremadamente injusta, como por ejemplo en las situaciones donde un vehículo colisiona contra otro que se encuentra debidamente estacionado, apagado y sin ocupantes. En esos casos hemos recibido reclamos de los lesionados del vehículo causante del siniestro.

Si bien el SOA establece la responsabilidad objetiva, es claro que las indemnizaciones en este caso son un despropósito, ya que el vehículo estacionado no es el causante del daño, ni estaba circulando por la vía pública. En otros casos nos encontramos con que los causantes del daño estaban alcoholizados, y acceden a indemnizaciones por el SOA, reclamando al otro vehículo. Estas situaciones deberían ser corregidas, no solamente por ser injustas y generar perjuicios a los asegurados, sino especialmente para que el sistema resulte coherente con las políticas de prevención de accidentes, bajo la lógica de no premiar conductas inconvenientes en el tránsito. 

Para resolver estas situaciones venimos conversando entre las instituciones del sector y la UNASEV, buscando generar los mecanismos adecuados para cumplir con la finalidad de la Ley.

 

¿Cómo califica a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev)?

Como concepto es imprescindible, al punto de que si no hubiera sido creada en su momento el sector asegurador no hubiera apoyado la creación del SOA. Esto porque la atención de las consecuencias de los siniestros forma parte de una moneda, cuya otra cara es precisamente la prevención de la ocurrencia de los siniestros.

Sería inimaginable la existencia de un seguro obligatorio en el marco de una sociedad que no trabaja profesional y sistemáticamente en el combate a la siniestralidad del tránsito, porque eso implicaría simplemente pagar las consecuencias sin atender a las causas.

Es importante considerar que las compañías de seguros, sus funcionarios, gerentes, etc. no escapan a la realidad de los accidentes de tránsito, por el contrario estamos permanentemente en contacto con situaciones francamente dolorosas.

Por ello, AUDEA apoyó a la UNASEV aún desde antes de su creación, y cuenta hoy con nuestro mayor respaldo. ¿Significa esto que la UNASEV hace todo su trabajo bien y que no tenemos nada que proponerle? De ninguna manera. Como cualquier entidad tiene mucho por mejorar. Lo que no se puede desconocer es el esfuerzo y el trabajo realizado hasta el presente y menos por quienes sabemos de la dedicación de todos sus funcionarios y las carencias que han tenido.

Entiendo que precisamente, lo que se necesita es apoyar esta iniciativa, acompañar este esfuerzo porque persigue un fin en que seguramente todos coincidimos.

 

¿Qué análisis puede realizar de la nueva Ley de Tránsito? 

Nos parece importante el avance en la normativa en materia de tránsito. Es muy positivo desde el punto de vista del sector asegurador el hecho de que sea posible analizar la acción de todos los participantes en el siniestro, ya que no solamente los conductores sino que también las propias víctimas deben cumplir con la normativa.

Evidentemente, obligaciones claras en materia del uso del casco, chalecos reflactarios, el transporte de menores en motos, etc y el establecimiento de un sistema de faltas, en particular por conducir en estado alcohólico o con toxicología, son elementos claves para prevenir los accidentes de tránsito o por lo menos moderar sus consecuencias.

Es decir que a partir de la aprobación de la Ley 18.191 y siguientes, se ha generado un verdadero sistema normativo en esta materia, lo que resulta muy importante. Más allá de que algunos puedan no compartir algunas disposiciones particulares, el conjunto es un gran paso en la dirección correcta.

Claro está que nos parece necesaria la evaluación permanente de ese sistema normativo para poder determinar si los resultados esperados coinciden con los resultados realmente obtenidos y a partir de esa evaluación poder generar los cambios que sean requeridos.

Para ello es imprescindible contar con información y profesionalidad en esa tarea, lo que explica la importancia que en ese aspecto tiene la tarea de la UNASEV y de todos los organismos y organizaciones sociales involucradas en esta problemática.

 

¿Cree que es útil el botiquín?

Creo que se partió de una muy buena intención, para poder brindar un auxilio primario a las víctimas de accidentes de tránsito. Dicho esto, cuando uno ve el resultado concreto,  da la sensación que la utilidad que puede tener es muy limitada.

Adicionalmente, entiendo que sería conveniente, no solamente contar con elementos de primeros auxilios, sino que los conductores puedan recibir una capacitación básica de cómo actuar en caso de accidentes de tránsito. Esa capacitación debería incluir las medidas de asistencia a las víctimas, pero también las medidas de seguridad vial, de manera de orientar a los conductores sobre las conductas que deben seguirse para no provocar un riesgo adicional en el tránsito.

 

¿Qué significa que Tabaré Vázquez haya promulgado la ley N°19.360 que modifica el artículo 45 de la ley 18.191 del 14 de noviembre de 2007?

Es un paso más, pero muy importante, en la senda de prevenir los accidentes provocados por el consumo del alcohol.

Es importante destacar la gradualidad con la que se  actuó en este tema, gradualidad y firmeza que ha permitido ir modificando conductas sociales que estuvieron vigentes durante mucho tiempo y que han provocado consecuencias enormes, las más de las veces para terceros.

Y no es menos importante señalar que la norma refiere específicamente al acto de conducir vehículos, lo que obviamente implica que el consumo de alcohol no tiene un límite; lo que no se permite es conducir luego de consumir alcohol.

 

¿Existen grandes diferencias entre una concentración de alcohol inferior a 0,3 gramos por litro de sangre y una de 0?

Si nos referimos a la capacidad de conducir un vehículo, no hay una gran diferencia. Sin embargo, no se trata de analizar los casos puntuales, sino de enviar una señal clara en esta materia.

Cuando hay un límite permitido eso puede generar la duda sobre la cantidad que se puede ingerir, cuando el límite es cero se disipa cualquier duda. Desde este punto de vista la diferencia es enorme, ya que evita la especulación de qué cantidad es posible consumir.

 

¿Está al tanto de las cifras de la UNASEV? En el primer semestre de 2015, de casi 9.000 controles de consumo de alcohol realizados a conductores que formaron parte de un siniestro, un 92,8% no tenía alcohol en sangre; un 1% tenía menos del ex límite (0,3 gramos/l), y el restante 6,2% presentó valores superiores a dicho valor. ¿Qué opina? 

Es importante considerar que en los siniestros de tránsito confluyen diversas causas y factores.

Detrás de los porcentajes suele haber lesionados graves o víctimas fatales. Desde esa perspectiva cualquier porcentaje que se pueda bajar, ya sea en lo que respecta a la incidencia del alcohol en sangre u otro factor, es bienvenido.

Por otra parte, también hay que considerar que los porcentajes actuales son resultado de un proceso dentro del que se han obtenido resultados positivos, y que además cuando se analiza por gravedad de las lesiones la incidencia del alcohol sube hasta el 15%. 

Razonando por el absurdo, seguramente muy pocos de esos accidentes se producen con conductores que no usan cinturón de seguridad, entonces ¿deberíamos retroceder y permitir que no se usen? Seguramente muy pocos se producen con vehículos conducidos por conductores que carecen de licencia de conducir, entonces ¿deberíamos eliminar la obligación de tener libreta?

Es necesario ser muy cuidadoso y respetuoso con el manejo de las estadísticas, porque nos pueden llevar a ver el árbol y no el bosque.

 

¿Cómo evalúa las recientes declaraciones a nuestro medio donde se afirma que “La ley seca no es otra cosa que un gran negocio” y que favorece únicamente a las empresas aseguradoras tanto multinacionales como nacionales? 

Me parecen muy poco compartibles. Evidentemente en la problemática de los siniestros de tránsito conviven intereses contrapuestos, actitudes de muy poca ética y abusos a las víctimas de los accidentes.

Particularmente en nuestro país hace ya años que surgió la industria de la demanda, seguramente al contar con compañías de seguros serias, solventes y solidas, hay un incentivo para realizar reclamos que luego son rápidamente abonados. Claro está que muchas veces gestiones mínimas y casos sencillos terminan generando honorarios del 50% del valor de la indemnización para los abogados intervinientes. 

El funcionamiento del seguro comercial (excluyendo al seguro obligatorio de vehículos SOA), implica una relación entre la aseguradora y el asegurado por la que la compañía de seguros se compromete, dentro de ciertos límites y en la medida que el asegurado no asuma determinadas conductas, a mantener el patrimonio del asegurado indemne a pesar del siniestro. Es decir que la compañía cubre al asegurado, no a la víctima del siniestro, por tanto las situaciones que impliquen apartarse de ese marco quedan excluidas, lo que significa que el asegurado debe hacer frente al resultado de su conducta con su patrimonio, sin poder contar con la protección del seguro.

En ese marco el asegurado debe cumplir con todas las normas en materia de tránsito, en particular con la que hace referencia a la conducción bajo los efectos del alcohol. Esto no significa que la víctima no pueda acceder a la indemnización que le corresponde, simplemente significa que el asegurado deberá responder con su propio patrimonio.

Por otra parte, el funcionamiento del seguro también implica la existencia de una comunidad de asegurados que con su aporte -la prima del seguro- contribuyen a pagar los siniestros generados por algunos de los integrantes de esa masa. Por tanto, la existencia de siniestros provocados por conductores bajo los efectos del alcohol implica un contribución mayor de la masa de asegurados. Para decirlo sencillamente, todos pagamos las inconductas del tránsito que generan siniestros. Y por otro lado sin siniestros no existirían los seguros.

Las medidas de este tipo, como todas las tendientes a prevenir los siniestros de tránsito, tienen como objetivo beneficiar a la sociedad en su conjunto, cualquier otro planteo parece absurdo.

 

¿Cuáles cree que pueden ser las soluciones para culminar con la siniestralidad y el consumo problemático de alcohol?

Cualquier medida tendiente a prevenir los accidentes debe abordar tres pilares: educación, represión y reparación. Adicionalmente, se trata de procesos que llevan mucho tiempo, y nos parece que el camino que se viene siguiendo es, en general, el adecuado.

 

El Estado subsidia la cerveza por ejemplo, ¿cree que es una paradoja? 

En absoluto, el subsidio a la cerveza tendrá o no los fundamentos económicos correspondientes, y estos no tienen por que vincularse a la prevención de accidentes de tránsito. Cabe recordar nuevamente que lo que se prohíbe no es el consumo de alcohol, sino conducir luego de haber consumido.

 

¿Cómo ve la aparición de Uber en Uruguay? 

Evidentemente se trata de un tema polémico, por la forma en que se procesado la aparición de este servicio y las diversas reacciones que han generado. Entiendo que se trata de un fenómeno del que el país no puede escapar y espero que sea posible conciliar el interés de contar con diversas formas de transporte con el cumplimiento de las normas que, como sociedad, nos hemos fijado.

 

¿Cómo se maneja el tema del seguro con estos coches? ¿Ha generado polémica?

El problema que tenemos es que las coberturas no están diseñadas para este tipo de actividad, por tanto, de acuerdo a los informes técnicos de la Asociación, podríamos encontrarnos con situaciones que no estén cubiertas. El interés de AUDEA es advertir a los prestadores del servicio y a los usuarios que ese aspecto no está resuelto.

En cuanto a las compañías que integran la Asociación, les hemos entregado un conjunto de recomendaciones sobre este tema y estamos realizando el seguimiento del mismo.

 

(Por Marcos Harispe)

 

Admin Telescopio

Autor: Admin Telescopio