Jueves, 8 de octubre de 2015

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Medidas gratis (o casi…) que harían a Uruguay más próspero

Las sociedades prósperas no sólo tienen recursos, sino “reglas de juego” que generan los estímulos y los castigos que fomentan el mejor uso de los mismos. Esas reglas de juego pueden ser formales (leyes, reglamentos, etc.) o informales (hábitos y costumbres adoptados por un colectivo).

Toda sociedad tiene que tener la disciplina de “leer” sus instituciones regularmente, procurando profundizar en la comprensión del comportamiento que promueve en aquellos a los que las reglas bajo análisis afectan y su impacto en el bienestar general.

De la lectura de las reglas de juego formales de Uruguay es posible identificar sectores donde cambios en las mismas tendrían un gran impacto en la riqueza que nuestra sociedad genera y la equidad con la cual se distribuye. Analizaremos algunas de ellas.

 

Educación y empleo

De la compleja problemática de la educación queremos enfocarnos en el tema de su relación con el empleo. Un grave problema de nuestro sistema educativo es la poca dedicación de los alumnos a sus estudios –especialmente en secundaria- y la alta tasa de deserción. La principal estrategia que se propone –no la única- es hacer el proceso educativo más “divertido” para los alumnos, esto es, evitar que se aburran.

Si bien el enfoque lúdico puede tener algún fundamento, la cuestión fundamental es la relevancia. La pregunta no es ¿se divierten los muchachos? sino ¿hacerlo bien repercute en su empleabilidad? La respuesta es no. Para aquellos que quieren realizar estudios terciarios en instituciones púbicas –que son la mayoría- lo importante es terminar, siendo sus calificaciones irrelevantes (salgo para quienes deseen obtener becas, que siempre son un grupo minoritario). Para los que no van a proseguir sus estudios rara vez un empleador les solicita su carnet de calificaciones. Por otra parte, si se lo solicitara, poco podrían hacer con él, en tanto las calificaciones de diversos docentes en diversas instituciones se guían por estándares completamente distintos, razón por la cual no son comparables. Las reglas vigentes son pues consistentes con los resultados que se obtienen.

¿Cómo podemos modificar las reglas de forma que estén alineadas con los objetivos de lograr una motivación adecuada en los jóvenes para estudiar y esforzarse? En primer lugar, es necesario generar información comparable con relación a su desempeño, lo que exige aplicar pruebas estandarizadas y comunes. El Plan Ceibal ya ha hecho experimentos de someter a miles de niños a pruebas de evaluación en línea exitosamente por lo que no existen obstáculos tecnológicos insalvables para hacerlo. El segundo componente es concentrarse en lo importante. Sería interesante saber qué tanto aprendieron los muchachos de filosofía o astronomía, pero procurar medir el aprendizaje en todas las áreas es la mejor fórmula para no hacer nada. Creemos que la evaluación debería limitarse a matemática, español e inglés. Me aventuro a adelantar que eventuales investigaciones que se realicen a partir de los resultados que se obtengan indicarán que el desempeño de los estudiantes en las restantes áreas presenta una alta correlación con el que obtienen en estas. El tercer paso es eliminar el sorteo para la ocupación de cargos públicos[1] y sustituirlo por el máximo puntaje obtenido en estas pruebas. Sería bueno asimismo eliminar las cuotas para minorías en la ocupación de cargos públicos y sustituirlas por puntos adicionales. Esto permitiría compatibilizar la discriminación negativa con la preservación de la necesidad del esfuerzo para todos, al mismo tiempo que se explicita el nivel del beneficio otorgado.

 

Costo de la cobertura sanitaria

La introducción del FONASA ha generado un cambio cualitativo en lo que respecta a la financiación de la salud. Antes la cobertura sanitaria era una cuestión entre el particular y la institución prestadora del servicio, donde el precio era un factor en juego. Ahora la cobertura sanitaria se financia colectivamente y no existe precio, en tanto los costos se financian con un impuesto a los ingresos. Mientras antes el tema era personal ahora es una cuestión colectiva.

Una de las consecuencias de esta colectivización es que la calidad del servicio sanitario que cada uno de nosotros recibe depende en parte de lo que las restantes personas hagan, en tanto su comportamiento puede generar una mayor afectación de recursos del sistema sanitario, recursos que no estarán disponibles para el resto de los comprendidos en el sistema.

Antes si una persona abusaba de la comida, del alcohol, de las drogas o tenía algún otro comportamiento que afectara negativamente su salud era su problema, en tanto debería hacerse cargo de su conducta. Con las nuevas reglas de juego ese comportamiento generará costos de atención sanitaria de la cual la comunidad en su conjunto deberá hacerse cargo, lo que no parece razonable. En una sociedad liberal toda persona tiene derecho a disponer de su vida como quiera, aun cuando dicho comportamiento podamos considerar es autodestructivo. El problema es que cuando se introducen componentes de colectivización –como es el FONASA- los costos de ese comportamiento autodestructivo –uno de los cuales son la atención sanitaria adicional- tiene que ser soportado por el resto de la sociedad, cosa que no parece razonable.

La solución es establecer que la alícuota del impuesto con el que se financia FONASA varíe no sólo en función del ingreso de cada persona sino también de la adopción o no de comportamientos perjudiciales para la salud tales como comer o beber en exceso, fumar o drogarse.

La primera reacción ante una propuesta de este tipo es naturalmente negativa, en tanto se imagina un sistema de fiscalización invasivo y poco operativo de todos los beneficiarios del régimen. Estas objeciones pueden ser superadas fácilmente a través de una adecuada implementación. La modificación normativa no debe pasar por imponer castigos a aquellos con comportamientos perjudiciales sino beneficios a los que no los tienen. Quien lo desee se somete a controles sencillos (peso, control de consumo de drogas) y si el resultado es favorable pasa a ser pasible de una alícuota del impuesto menor por un período dado de tiempo, beneficio pasible de renovación regular. Si el volumen de quienes deseen ampararse al beneficio es tal que pasa a tener repercusión en la recaudación, se aumentan proporcionalmente ambas tasas para compensarlo.

 

Competencia

Un frasco de café instantáneo de una conocida marca cuesta en una gran cadena de  supermercados de Uruguay $ 227, mientras que en la frontera con Brasil vale $ 90. Esta diferencia abismal de precios no es fruto de la devaluación brasileña, sino que se ha mantenido más o menos a lo largo del tiempo. El verano pasado la relación era de $ 214 a $ 95.

Esta diferencia de precios no es debida a los aranceles de importación porque con Brasil no hay aranceles. Tampoco es fruto de distintas cargas tributarias sobre el consumo, en tanto el Impuesto al Valor Agregado es de 22% y en Brasil su equivalente – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, es de 17%. Los costos de transporte son mínimos debido a la proximidad geográfica. Podemos también descartar la existencia de alguna barrera no arancelaria encubierta destinada a proteger a la industria nacional, porque no hay un sector que produzca café en Uruguay. ¿Cuál es entonces la explicación de esa diferencia exorbitante en los precios? La falta de competencia. El mercado uruguayo es muy pequeño y los operadores pocos, lo que hace sencillo el que de forma tácita o explícita se acuerde mantener precios altos a expensas de los consumidores. Nuestro régimen es mucho más favorable a los importadores y las grandes cadenas de distribución que a los fabricantes en cuanto a propiciar que adquieran un papel dominante en el mercado. Si bien disponemos de legislación en materia de defensa de la competencia es extremadamente difícil el identificar prácticas anticompetitivas si no es por denuncia de algún operador “arrepentido”.

¿Cuál es la solución? Facilitar el acceso directo de los consumidores a otros oferentes del exterior, especialmente en aquellos rubros en los que no hay producción nacional. A vía de ejemplo. Si alguien quiere traer café del Chuy lo que hay que hacer es establecer un mecanismo para que se pueda pagar en frontera la diferencia de tasas entre el IVA y el ICMS (5%) contra la presentación de la factura respectiva. Eso sería un tratamiento fiscal equitativo entre el importador y el consumidor. El importador adquiere cantidades importantes, lo que le permite disponer de los productos a precios mucho más bajos que los propios de operaciones minoristas y sus compras están exentas de ICMS, en tanto las exportaciones brasileñas se encuentran exentas de los impuestos indirectos que gravan las ventas internas.

Similar tratamiento debería darse a las compras que se reciben por la vía de encomiendas internacionales. Al día de hoy cualquier compra que exceda los doscientos dólares tiene que pagar un impuesto del 60% y debe emplear un despachante. El tratamiento fiscalmente equitativo es que consumidor pague el IVA y el arancel correspondiente. En muchos rubros el arancel es de 2% (bienes de capital, informática), lo que quiere decir que se pasaría a pagar 24% frente al 60% actual.

Otro factor fundamental para generar un clima de competencia es facilitar la incorporación de tecnología por parte de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Cuando las PyMEs desean incorporar nuevas tecnologías bajo la forma de equipamiento de última generación se encuentran con toda una estructura de gravámenes y tasas que hacen inviable las importaciones de bajo monto. Deberían facilitarse ese tipo de importaciones estableciendo que las importaciones de las PyMEs cuyo monto sea de hasta USD 10.000 sólo estarán gravadas por los aranceles correspondientes (sin fictos) y el Impuesto al Valor Agregado, siendo facultativo de cada empresa el recurrir a un despachante. Debería asimismo reinstalarse los módulos que en algún momento tuvo el Sistema Lucía (sistema de gestión de importaciones y exportaciones de la Dirección Nacional de Aduanas) que permitían a los usuarios el clasificar la mercadería a partir de su descripción, complementándolo con una mesa de ayuda en línea para completar las declaraciones, servicio que es común en muchos otros países.

Otra explicación importante de la falta de competencia en el mercado interno es la poca transparencia en materia de precios. En algunos rubros tales como pasajes aéreos u hotelería han surgido sitios Web que realizan comparaciones de precios entre todas las ofertas, lo que ha generado un notable aumento de la competencia y sustanciales beneficios para los consumidores. En lo que refiere a consumo doméstico no se han logrado avances similares[2]. Esto es debido en parte a que los productos involucrados a veces no son idénticos –lo que hace la comparación difícil. También obedece a que los productos afectados suelen tener un valor unitario es bajo y tener un peso menor en la estructura de gasto de los consumidores, lo que torna poco factible que el consumidor haga el esfuerzo de invertir mucho tiempo en obtener y comparar precios y luego, eventualmente, fraccionar su compra entre diversos locales. Pero la razón fundamental es que la mayoría de los oferentes no están interesados en facilitar comparaciones sistemáticas y sencillas de precios a los consumidores. Una forma sencilla de atenuar esta tendencia es que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Área de Defensa del Consumidor (ADC), cree un Certificado de Transparencia de Precios, que todo local puede exhibir en su local. Este sería un certificado que todo negocio solicita si así lo desea. Para obtenerlo el negocio se obliga a suministrar sus precios por internet en un formato estandarizado que la ADC dispondrá[3]. El formato estandarizado tiene por objeto la fácil captura y procesamiento de los datos contenidos por cualquier sistema informático de comparación de precios, público o privado. La firma se debe comprometer a vender a los precios allí establecidos, tanto a particulares como a empresas intermediarias que deseen brindar a los consumidores el servicio de generar canastas de compra óptimas.

 

 Transporte 

El transporte público de Montevideo es lento, incómodo e impredecible. En buena medida ello es debido a la ausencia de información que impida a los ciudadanos/usuarios tomar mejores decisiones, controlar y reclamar.

Dos simples medidas generarían las condiciones para cambios sustantivos, a saber: establecer la obligatoriedad de todos los autobuses de tener un localizador de GPS (la mayoría ya lo tiene y su costo es muy reducido) y hacer pública la información que permita georreferenciar por ese medio a cada uno de ellos.

Con este cambio en las condiciones creemos que será una cuestión de poco tiempo para que algunos de nuestros emprendedores tecnológicos locales desarrollen una aplicación para teléfonos inteligentes que permita visualizar la ubicación de cada ómnibus en circulación en la ciudad. Esto permitiría a los usuarios saber cuánto tardará un autobús en llegar a una parada concreta y generar estadísticas precisas con respecto a la desviación de los horarios de los autobuses con relación a los horarios previstos y el tiempo promedio que los diversos trayectos insumen. La aplicación seguramente incorporará opciones que permitan a los usuarios ingresar información adicional con la cual se podrá saber qué tan ocupado viene un ómnibus y evaluar la calidad del servicio que recibieron. También puede incorporarse una opción que permita a los pasajeros alertar a la policía de un punguista en el autobús y quizás anotar detalles que permitan identificarlo.

 

Seguridad

La problemática de la seguridad exige un enfoque integrado, sin perjuicio de lo cual existen algunas medidas a adoptar con gran efecto potencial, aun cuando las mismas hayan sido implementadas aisladamente.

La experiencia del uso de cámaras en la Ciudad Vieja ha demostrado su gran potencial para la lucha contra la delincuencia. Por un lado permiten incrementar enormemente la productividad del personal destinado a funciones de vigilancia preventiva. La videovigilancia permite que una sola persona monitoree una amplia zona, con el apoyo no sólo de las cámaras (las cuales incluyen visión nocturna), sino también de programas que detectan patrones en los videos que pueden indicar una acción delictiva. El otro enorme beneficio de los videos es que cuando el delincuente es claramente identificable constituyen prueba sólida en su contra, lo que es especialmente valioso en un momento en que los ciudadanos comienzan a sentirse fundadamente temerosos de las consecuencias personales de ser testigos. A este respecto el Ministerio del Interior debería permitir la incorporación a sus sistemas de monitoreo de nuevas cámaras, de las cuales los vecinos de una zona se hagan cargo de su adquisición e instalación. Esta posibilidad seguramente será más usada por los habitantes de las zonas más pudientes, permitiendo así que el Ministerio del Interior pueda concentrar el uso de los recursos públicos disponibles para este propósito en las zonas más carenciadas.

Otra medida que puede ser adoptada es que aquellos delincuentes que han sido beneficiados con la libertad anticipada deban usar brazaletes electrónicos hasta tanto no haya finalizado el plazo de la pena original. Sacarse y/o dañar el dispositivo debería implicar la suspensión automática del beneficio. A través de los brazaletes electrónicos se puede registrar la ubicación de quien lo usa durante todo el tiempo, lo que permitiría identificar cuáles de estas personas se encontraban en el lugar y el momento en que se cometía un delito. Dada la alta tasa de reincidencia que se da en nuestro país esta sería una línea de investigación que seguramente daría frutos en muchos casos.

 

Conclusión

Las medidas que aquí se proponen, sean o no compartidas, tienen la apariencia de ser de sencilla aplicación. Nada más lejos de la realidad. Cada una de ellas afecta los intereses de algún grupo con la capacidad y disposición de preservar sus privilegios. Llevarlas adelante exige la convicción que el interés de la comunidad está por encima de los intereses particulares y que el gobernar es en buena medida una lucha cotidiana por generar igualdad de oportunidades para todos.

 


 

[1]     En algunos casos los sorteos se utilizan directamente para ocupar los cargos y en otros se emplean como una preselección de los candidatos. En este último caso el análisis de los méritos y la realización de pruebas se limita a aquellos que tuvieron la fortuna de salir sorteados.

[2]     Una excepción son los productos que se comercializan a través de sitios Web como MercadoLibre, Ulalá y OLX. Lo valioso aquí no es sólo la información con relación a precios sino la información sobre reputación de los vendedores que se genera a partir de las evaluaciones de quienes han comprado en el pasado.

[3]     Hay un problema práctico real que es el referente a la codificación de los productos. El esfuerzo que le insumirá a la ADC resolverlo es sustancialmente menor que el que dedica actualmente a su sistema de comparación de precios. Si el lector se toma el trabajo de entrar a la página (http://www.precios.uy/mejor-precio-de-un-producto.html) y busca –por ejemplo- café, se encontrará que las marcas disponibles son Águila, Chaná y Saint, ninguna de las cuales es la marca de principal consumo. Si se elige, por ejemplo, café Águila, se dispone de precios de 10 empresas para todo Montevideo.

Leonardo Veiga

Autor: Leonardo Veiga

Contador Público, Universidad de la República; Licenciado en Administración, Universidad de la República; Master en Dirección y Administración de Empresas, IEEM; CPCL, Harvard Business School, EE.UU., PhD Universidad de Navarra. Es profesor de Gestión de la Innovación y de Economía Política (IEEM/UM) y de Prácticas Desleales de Comercio y Defensa Comercial (CEA/ADAU). Es miembro del directorio del Centro de Innovación Tecnológica SEPÉ. Fue consultor del Programa Nacional de Desburocratización (PRONADE), del Plan de Desregulación del Comercio Exterior y las Inversiones (PLADES), miembro del Board del Global Entrepreneurship Monitor, Director del MBA del IEEM/UM y Coordinador de la carrera de Contador Público en la FCCEE/UM.