Martes, 2 de agosto de 2016

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Mentiras Verdaderas: El aumento de las penas

La terrible frase, “Una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad”, en algunos casos parecería que realmente puede ser así.

Una de esas tantas falacias, repetida una y mil veces, y que hoy está muy en boga, principalmente en nuestro país, refiere a afirmar que “el aumento de las penas no disminuye los delitos”.

En efecto, se asevera desde hace tiempo e incluso en forma enfática y reiterada que el aumento de la sanción penal no sirve para nada.

Sin embargo, no existe fundamento técnico alguno, ni estudio metodológico que la respalde. En consecuencia, esa afirmación no tiene ninguna validez, ni justificación, ya que no existe método de comprobación empírica que permita sostenerla. Por consiguiente, la referida opinión no es más que eso, una opinión y resulta arbitraria, subjetiva e inconsistente como se acreditará.

El centro de la cuestión en este tema, es que en estos casos, lo que se evita NO puede ser medido.

Consecuentemente, no está demostrado que el aumento de las penas no sirva para bajar los delitos o mejorar la seguridad pública.

Por el contrario, hay un argumento de lógica y sentido común, que avala que el aumento de las sanciones disminuye la criminalidad. Ello, en razón de que si el sujeto está recluido, está por ende incapacitado para volver a delinquir –en especial con las altas tasas de reincidencia, que existen en nuestro país- y en consecuencia repercute directamente en disminuir la eventual comisión de más delitos.

El efecto incapacitación, representa la caída de los delitos como resultado de una reducción en la masa delincuentes operativos que se encuentran en libertad.

Asimismo, con el aumento de las penas, no se hace más que priorizar a las potenciales víctimas, por sobre los potenciales victimarios.

Cabe consignar que la baja severidad de las penas, es uno, de los tres pilares, que actúan como incentivos para delinquir (los otros dos son, la poca posibilidad de ser atrapados; y que la ganancia sea importante).

Quienes sostienen que “el aumento de las penas no disminuye los delitos”, como “seudo” evidencia de ello, suelen señalar, que en determinado momento se aumentaron las penas para algunos delitos y si se compara con hoy en día, igualmente esos delitos continuaron aumentando. Es decir, la criminalidad creció pese al aumento en las penas.

 

Tal razonamiento es tan frecuente, como engañoso.

Un muy prestigioso estudio del economista Steven Levitt, de la Universidad de Chicago, lo menciona como parte del debate sobre el efecto del incremento en las tasas de encarcelamiento en Estados Unidos (“The Effect of Prison Population Size on Crime Rates: Evidence from Prison Overcrowding Litigation”, The Quarterly Journal of Economics,1996).

  1. Levitt argumenta que tal conclusión es incorrecta, por cuanto ignora si el incremento en la delincuencia fue mayor en comparación con un escenario en que tales criminales no hubieran sido encarcelados.

En sus palabras, traducidas al español: “El mayor encarcelamiento puede enmascarar lo que hubiera sido un mayor incremento en la actividad criminal”.

Es decir que, el aumento en los delitos pudo haber sido aún peor, si las penas de prisión no se hubieran hecho más severas.

A su vez, la evidencia empírica del referido estudio académico, en el contexto estadounidense y sus modelos econométricos, demuestran una drástica caída en la propensión a cometer delitos entre los delincuentes cuando pasan a ser adultos y reciben penas más altas que si son procesados como jóvenes, cuando son más bajas.

Se acredita que ese cambio en la conducta responde a la severidad en las penas contra los adultos. Y se estima que las tasas de criminalidad violenta pueden bajar un 25% entre quienes cumplen su primer año de mayoridad y son procesados como adultos en comparación con quienes son sometidos a las cortes juveniles (“Juvenile Crime and Punishment”, The Journal of Political Economy,1998).

Junto al efecto disuasivo de las penas, que sugieren las investigaciones de Levitt, también hay en los estudios, muestras sólidas de que el encarcelamiento de quienes delinquen contribuye a bajar la delincuencia: un prisionero adicional reduce aproximadamente 15 delitos por año.

En consonancia, también se manifiesta el premio Nobel de Economía, Gary Becker (Crime and Punishment: An Economic Approachin The Journal of Political Economy), quien introdujo en al estudio de la criminalidad, la teoría del rational choice, la elección racional (relación costo/beneficio) que señala, que a mayor probabilidad de ser atrapado y castigado, menor el atractivo para delinquir, por ende la severidad era un factor a considerar, en el costo a afligir a quien infrinja la ley. En suma, afectar la ecuación, para que el delinquir no sea un “negocio” o “trabajo” próspero. 

Para finalizar, cabe referirse al doble discurso y a las contradicciones, en que incurren el gobierno y el Frente Amplio, que por un lado no paran de repetir que “el aumento de las penas no disminuye los delitos”, pero que por otro lado y en los hechos, proponen e incluso aprueban leyes que crean y aumentan penas. 

 

Veamos algunos ejemplos, 

  1.  propusieron y votaron en 2012, la ley Nº 19.007, que aumenta las penas frente a delitos contra la administración pública y para casos de delitos del narcotráfico;
  2.  propusieron y aprobaron en 2013, la ley Nº 19.055 que aumentó la pena para los menores que cometen delitos graves. Y que según el defensor de oficio de Adolescentes, Daniel Sayagués, eso evitó que se produjeran reincidencias por parte de esos adolescentes durante el mismo año y significó un descenso del 15% registrado entre 2012 y 2013. http://www.elobservador.com.uy/rapinas-cometidas-menores-bajaron-41-los-ultimos-dos-anos-n283278
  3. propusieron y aprobaron en 2014, la ley Nº 19.247, que crea y aumenta penas por porte, tenencia y tráfico de armas;
  4. también aprobaron en 2014, la ley Nº 19.196, que crea la pena por eventual responsabilidad penal de los empresarios en casos de accidentes laborales;
  5. propusieron en julio de 2013, un proyecto de ley de “Código de responsabilidad infraccional de adolescentes”, que eleva de 5 hasta 10 años, la pena de privación de libertad, para los menores infractores de delitos graves;
  6. propusieron en marzo 2014, un proyecto de ley enviado por el gobierno al Parlamento, con penas de 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría, para quienes contravengan normas y reglamentos al “explotar” o “facilitar” juegos de azar en lugares públicos o de acceso al público;
  7. y propusieron en 2015, un proyecto de ley sobre delito de Abigeato, que modifica el artículo 258 del Código Rural con el incremento de las penas, la eliminación de la facultad del Juez respecto a la aplicación de penas sustitutivas a la prisión; y que también se propone aumentar las penas para las agravantes establecidas en el artículo 259 del Código antes mencionado.

Corolario: La política implica solucionarle los problemas a la gente. Es responder a las demandas reales de la sociedad. Por ende, hay que analizar y discutir los problemas de la seguridad ciudadana, con coherencia, pragmatismo, fundamentos y realismo. Sin preconceptos ideológicos, ni ideas sustentadas en mitos o falacias. Y sería una irresponsabilidad no hacer nada por la seguridad pública que se encuentra en el estado en que está hoy.

Guillermo Maciel

Autor: Guillermo Maciel

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Doctor en Diplomacia. Docente de la Universidad de la República; de la Universidad de la Empresa y de otros centros de estudios superiores. Director General del Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay de 1999 a 2005. También se desempeñó como asesor del Ministro del Interior durante 1998. Asesor del Comité Nacional de Calidad de la Presidencia de la República de 1996 a 1999. Director del Observatorio en Seguridad de la Fundación Propuestas. Consultor especializado en seguridad ciudadana; y autor de varios trabajos publicados sobre la materia.