Jueves, 4 de agosto de 2016

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Mercosur y después…

Durante la primer Presidencia del Dr. Julio María Sanguinetti, nuestro país empezó a interesarse en participar en un proceso de integración regional que se había iniciado a través de contactos entre los presidentes de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil. Precisamente, el 29 de noviembre de 1988, invitado especialmente a esos efectos, el Dr. Sanguinetti intervino, por primera vez, en esas conversaciones con los presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín y de la República Federativa del Brasil José Sarney y firmó el Acta de Alvorada por la cual Uruguay se integró al protocolo sobre transporte terrestre. El proceso continuó al año siguiente a través de los presidentes Carlos Menen y Fernando Collor de Mello que suscribieron el Tratado de Integración y Cooperación Argentino-Brasileño, sin darle a nuestro país participación en el mismo.
Al asumir la Presidencia de la República el Dr. Luis Alberto Lacalle de Herrera, el 1o de marzo de 1990, el canciller de ese gobierno, el Dr. Héctor Gros Espiell, le manifestó que el Uruguay no podía quedar al margen de ese proceso de integración que, hasta ese momento, había tenido carácter bilateral. El Presidente Lacalle aceptó ese temperamento pero entendió necesario convocar a los partidos políticos para que, a través de representantes técnicos, considerasen lo proyectado por Argentina y Brasil como base para ese proceso de integración.
Tuve el honor de ser designado a esos efectos por un sector del Partido Colorado y el de participar de las distintas reuniones que tuvieron lugar en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y en el edificio Libertad, para el análisis de esa importante iniciativa.
En definitiva, existió un claro consenso de la conveniencia de formar parte de ese proyecto integracionista para la República Oriental del Uruguay y, en ese sentido, recuerdo, entre otras, la brillante exposición que, por el Frente Amplio, efectuó el Economista José Manuel Quijano. A partir de allí el Uruguay se incorporó a ese sistema de integración con un protagonismo muy destacable del ex Canciller Dr. Sergio Abreu.
El cuarto de siglo transcurrido, desde la firma del Tratado de Asunción, constitutivo del MERCOSUR, nos ofrece un panorama decepcionante de aquello que estuvo inspirado en un criterio de Patria Grande, en las ideas de Bolívar y de Artigas y en el propósito de utilizar la integración de nuestros países como un instrumento para el desarrollo de la región no sólo en el plano económico sino, sobre todo, en el plano social.
El Presidente Dr. Tabaré Vázquez dijo, en su primer período de gobierno y luego lo repitió muchas veces que pretendía ” más y mejor MERCOSUR”,
Ese objetivo se ha cumplido parcialmente: tenemos más MERCOSUR, con varios países asociados, con Bolivia en un proceso de adhesión y con el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido un presente griego en este proceso de integración y en un lastre difícil de llevar pero, en lugar de un mejor MERCOSUR, han sido magros los resultados obtenidos y se aprecia un anquilosamiento del Tratado de Asunción derivado, fundamentalmente, por el incumplimiento, por parte de algunos de sus miembros, de las normas que lo constituyen, por la defensa irrestricta de ciertos intereses y por la intención, de algunos de los gobiernos que integran el sistema, de hacer prevalecer lo político y lo ideológico sobre lo jurídico.
Nuestro país ha sufrido en carne propia esos incumplimientos. Durante el gobierno de los esposos Kirchner en la Argentina, en reiteradas oportunidades, se opusieron trabas al ingreso de los productos uruguayos, cuando el Uruguay no hacía lo propio con los procedentes de ese país cuyas autoridades hicieron la vista gorda, no sólo al bloqueo de los puentes sobre el Río Uruguay, por parte de los ambientalistas de Gualeguaychú, sino que además, no dio cumplimiento al laudo dictado por un Tribunal Arbitral del MERCOSUR, que entendió que ese bloqueo era incompatible con los principios del Tratado de Asunción y que debía ser dejado sin efecto. Por su parte, el Brasil también adoptó trabas no arancelarias que, en general, pudieron superarse contra los productos uruguayos.
Es indudable entonces que, para que el MERCOSUR pueda alcanzar las metas que oportunamente justificaron su creación, se requiere, necesariamente, que exista voluntad política para ello y sobre todo que se cumplan con las obligaciones asumidas en los distintos acuerdos que estructuran ese sistema de integración,
En cuanto a la interrogante que se plantea con la República Bolivariana de Venezuela y su asunción de la Presidencia del MERCOSUR, así como si debe o no ser sancionada, en el marco de lo establecido por el Protocolo de Ushuaia, en opinión del suscrito, las respuestas resultan de la normativa vigente en la materia.
En primer lugar, si ese país no es suspendido en sus derechos como integrante del sistema, no cabe otra salida que entregarle la Presidencia que ejercerá por seis meses. Que haya asumido esa responsabilidad es sin perjuicio de que pueda ser suspendido en sus derechos si se hace funcionar el Protocolo de Ushuaia que dispone que si alguno de los Estados partes del sistema entiende que el gobierno del Presidente Maduro ha provocado la ruptura del orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela debe proceder a efectuar las consultas pertinentes con los demás Estados miembros y con el Estado afectado (art.4o.). Realizadas esas consultas, si ellas resultaran infructuosas, los Estados que promovieron esa iniciativa deberán reunirse para considerar si efectivamente se produjo en el país escrutado la ruptura del orden democrático y en consecuencia, de arribar a un consenso en ese sentido, determinar las medidas a aplicar que pueden llegar a la suspensión del mismo.
Pretender, como se pretendió por algunos analistas, que se requería un consenso de los Estados miembros para entregar la Presidencia pro tempore del MERCOSUR, por parte del gobierno uruguayo a la República Bolivariana de Venezuela, es desconocer lo establecido en el Protocolo de Ouro Preto, que en su artículo 5 establece: “La Presidencia del Consejo del Mercado Común será ejercida por rotación de los Estados Partes, en orden alfabético, por un período de seis meses”. El gobierno uruguayo debía entregar la Presidencia como lo hizo, porque se lo imponía una norma internacional vigente, que tiene carácter dispositivo y mandatario y que no requiere ningún acuerdo previo. Reiteramos, todo ello sin perjuicio de que los miembros del sistema interesados en aplicar el Protocolo de Ushuaia promuevan el procedimiento que ese acuerdo establece.

Edison González Lapeyre

Autor: Edison González Lapeyre

• Catedrático de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Derecho Diplomático en la UDELAR • Profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. • Asesor Letrado, Director del Instituto Artigas del Servicio Exterior, Director de Asuntos Culturales, Director de la Consultoría Jurídico - Diplomática • Embajador ante los gobiernos de República Dominicana, Barbados, Haití y Granada y representante Permanente ante la OEA. • Negociador en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, el Estatuto del Río Uruguay, el Tratado para el desarrollo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cuareim y el Acuerdo de Extradición y Cooperación Judicial con EEUU. • Integró el equipo legal del Uruguay en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en una primera etapa. • Autor de más de 150 publicaciones de su especialidad.