Viernes, 30 de octubre de 2015

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No largan el hueso

Grupos económicos transfieren y se apropian de permisos mineros más allá de la ley de megaminería.

En un mes se agotará el plazo que la modificación de la Ley 19126 le otorgó a Minera Aratirí SA para firmar con el Poder Ejecutivo uruguayo un contrato de minería de gran porte.

Ese plazo, que era en la versión original de la ley aprobada en octubre de 2013, de 360 días, con la posibilidad de una prorroga de 90 días más; fue cambiado, manteniendo los primeros 360 días pero extendiendo la posibilidad de prórroga de 90 a 360 días.

Ese cambio en nuestra legislación se aprobó en Febrero de 2015, pocos días antes de que se venciera para Minera Aratirí SA el plazo legal.

Las disposiciones de la ley 19126, que desde su promulgación solo fue aplicada a Minera Aratirí SA, establecen que de no firmarse el contrato de minería de gran porte, los permisos de la empresa, en este caso Minera Aratirí SA, pasarían al registro de vacancias.

Eso quiere decir que no firmando el contrato, la empresa pierde esos permisos, los que pueden ser solicitados por otros interesados, o utilizados por el propio estado mediante la creación por ley de un ente público o persona jurídica de propiedad estatal para continuar realizando la actividad minera.

En esa circunstancia la ley le otorga a la empresa preemisaria prioridad por 90 días para presentar otro interesado y en caso de hacerlo, le otorga al nuevo interesado 120 días más para firmar el contrato.

Todo esto extendería el plazo, en este caso, hasta la segunda quincena de junio de 2016.

Mientras se agotan los plazos, los uruguayos nos enteramos que después de casi 4 años (46 meses) de seguro de paro, finalmente Minera Aratirí pagará los despidos de sus 96 empleados y simultáneamente vemos que de alguna forma se presenta una nueva empresa como “dueña” del proyecto.

Aparece así ahora el grupo Aurum Ventures con base en Mumbai (India) que según lo que reseña su propio sitio web (aurumventures.in) no tiene más experiencia minera que estudios geológicos en yacimientos de oro y carbón en Tanzania y Mozambique.

Ese grupo lista ahora como propios, además del proyecto de Aratirí en Uruguay, el de Zamapa (Estado de Amapá en Brasil); que Zamin Ferrous había adquirido en 2014 y actualmente paralizado.

Cabe destacar que en la operación de Zamapa de menos de 2 años, Zamin Ferrous fue multada en varias ocasiones por el gobierno brasileño y el estadual de Amapa, principalmente por causas ambientales y laborales.

Resulta interesante ver como la transferencia de los “títulos” del proyecto se habría realizado entre los privados sin intervención estatal. Una transacción comercial entre privados que afecta cientos de miles de hectáreas de nuestro territorio no tuvo ninguna difusión previa.

Cualquier lector que haya intervenido en la compraventa de un establecimiento comercial, incluso un simple kiosco, sabe del papeleo, la tramitación, especialmente ante la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS) y otros organismos, incluso municipales; que implica culminar la transferencia.

Cabe preguntarse también si la “venta” o transferencia de los permisos no sería un hecho generador para el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otros.

Mas allá de los cambios en los nombres de las empresas, podemos preguntarnos como se podría llega a hacer algo parecido a una extracción de mineral de hierro, cuando el costo de la operación en Uruguay es mucho mayor que el precio internacional del producto.

Eso debido a que se trata de yacimientos “pobres” o marginales que solo pueden ser rentables en coyunturas económicas favorables como la que excepcionalmente se dio entre 2009 y 2012.

Sin embargo, más allá de que mantener, cual espada de Damocles, los pedimentos mineros afecta la capacidad productiva de miles de hectáreas; la conveniencia económica del proyecto es  problema de Aratirí y sus dueños.

La otra pregunta, la más importante, la que el país debiera plantearse, pensando justamente como país, a largo plazo y teniendo en cuenta las futuras generaciones es:

 

¿Para qué autorizar la extracción de hierro en las praderas uruguayas?

Ya sabemos que esa explotación no nos va a dejar beneficios económicos, lo dijimos, lo escribimos y se le ha demostrado al FMI y al gobierno utilizando los propios números de los Ministerios de Economía y de Industria.

Tanto ha sido así que los personeros del proyecto ya ni hablan de este tema.

El lector podrá seguramente recordar cuando voceros del gobierno como el ex ministro de Industria, Energía y Minería, el Ingeniero Roberto Kreimerman proclamaban en los medios que la extracción de hierro dejaría  cientos e incluso miles de millones de dólares anuales al Uruguay.

Sabemos también del daño ambiental que supone la extracción de hierro a cielo abierto, ya que más allá de los dichos del ex presidente  de Mujica en el sentido de que “se tapa el pozo y eso está garantizado antes de empezar a agujerear, no se negocia” (1)  los planes de la empresa presentados al gobierno y disponibles en la web (2) dejan en claro que agotado el yacimiento, en menos de 16 años la empresa se va y los pozos quedan para ser llenados gradualmente con agua cuya calidad no se garantiza, destruyendo la capacidad productiva de la zona.

El proceso extractivo previsto, tampoco genera forma alguna de “desarrollo”, ya que se limita a extraer, a la mayor tasa posible, todo el mineral disponible para venderlo en el mercado internacional como materia prima, sin valor agregado nacional.

En lo social, el proyecto solo incrementa marginalmente los puestos de trabajo disponibles en la zona, ya que la misma, a diferencia de los desiertos y montañas en que normalmente se desarrollan las actividades mineras a cielo abierto en el mundo, está ocupada y tiene actividades productivas establecidas.

Tampoco ofrece el proyecto empleo de calidad, ya que los puestos de trabajo serían solo por el período de extracción que no superará los 15 años y los trabajadores estarían expuestos casi todo el tiempo a un ambiente en que la calidad del aire sería “mala” como lo reconoce el propio estudio de impacto ambiental de la empresa.

Eso genera una carga o pasivo sanitario y social que debería ser atendido a futuro por nuestra sociedad.

Ante eso y ante el silencio casi total sobre el tema de quienes han sido elegidos por la ciudadanía para gobernar y legislar en representación de todos, dejo abierta la pregunta:

 

¿PARA QUE?

(1) http://www.elpais.com.uy/informacion/mujica-dice-que-subiran-sueldos.html

(2) www.uruguaylibre.org

Raúl Viñas

Autor: Raúl Viñas

Magister en Ciencias Meteorológicas, docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa y la Escuela de Meteorología del Uruguay. Vocero de grupo ambientalista Uruguay Libre de Megaminería.