Miércoles, 11 de octubre de 2017

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Nos cuentan la mitad de la película…

Las autoridades económicas del país se han propuesto ingresar a la OCDE en una decisión atinada y con ese propósito pusieron en marcha acciones que le permitieron integrar alguna de las comisiones de dicho organismo.

En un escenario universal dinámico y altamente conectado esta determinación es adecuada aun cuando debiera formar parte de una política pública de mayor legitimación interna y de más amplia definición en cuanto a los objetivos que se procuran alcanzar.

Las relaciones internacionales de las cuales se puede sacar provecho incluyen políticas comerciales activas que permitan establecer nexos que amplíen la inserción de nuestro país en la actual trama de variados intereses económicos, políticos y culturales que se desarrollan en la actual realidad mundial.

Sin embargo, ni el equipo económico ni la cancillería pueden influir en la política de la coalición de gobierno que se expresa habitualmente a través de las anquilosadas utopías sesentistas de la mayoría que predomina en la alianza oficial y que impiden cualquier avance que se acompase a los requerimientos de nuestro tiempo.

Habida cuenta de esta fuerte restricción cabe reconocer el aprobable impulso estratégico que anima a los orientadores de nuestra economía que procuran introducir en el país prácticas que ya forman parte del acervo de la mayoría de los países desarrollados y que pueden servir de factor de emulación en nuestra realidad.

Para conocer los desafíos que se enfrentan al integrar dicho organismo es preciso hacer una recopilación de sus cometidos, el avance de sus prácticas y el efecto que las mismas pueden tener en nuestras realidades.

 

OCDE, trayectoria y cometidos

OCDE es una comunidad formada por 34 países considerados los más ricos y desarrollados del planeta, que trabajan entre sí para coordinar sus políticas económicas y sociales.

Se crea después de la II Guerra Mundial como la Organización para la Cooperación Económica Europea, con el propósito de coordinar el Plan Marshall.En 1961 se convierte en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con vocación transatlántica y después mundial

Los integrantes de la OCDE comparten sus experiencias y se coordinan para implementar variadas políticas en distintas áreas que requieren de esfuerzos mancomunados, los que en conjunto producen alrededor del 80% del PIB mundial.

Los objetivos de la OCDE son – entre otros – promover políticas destinadas a:

Alcanzar un crecimiento sostenible de la economía y del empleo, así como una progresión del nivel de vida en los países miembros, manteniendo paralelamente la estabilidad financiera con el fin de contribuir al desarrollo de la economía mundial.

Asistir en el trabajo de expansión de una economía sana, tanto en los países miembros como en los países en proceso de desarrollo económico.

Contribuir al crecimiento del comercio mundial sobre una base multilateral y no-discriminatoria.

 

OCDE, trabajo con los gobiernos

En el marco de sus actividades, procura apoyar a los países miembros con diversos emprendimientos como ser el compartir información en todas las variadas áreas de actividad de la Organización, desarrollar programas de cooperación a nivel nacional y regional, asistir a los gobiernos y ciudadanos de todos los países en el aprovechamiento de los beneficios del comercio internacional y de la inversión transfronteriza.

 

OCDE, economía y comercio

Se procura incidir en estos ámbitos, a través del fomento de la adopción de medidas que aseguren el crecimiento y la estabilidad económica, favorecer la cooperación entre gobiernos para trabajar en el fortalecimiento del comercio multilateral, fomentar la expansión de los servicios financieros y la inversión internacional y promocionar las buenas prácticas a escala internacional.

 

OCDE, el buen gobierno

En esta área en particular se promueven conductas y buenas prácticas que permitan alcanzar el denominado “buen gobierno” y que se expresan en ciertas normas orientadoras. Como miembro de la OCDE, un país debe garantizar indicadores de democracia, gobernabilidad y estabilidad económica, e información pública ampliamente difundida.

Según sostiene este organismo la relación entre el buen gobierno y los mejores resultados económicos sociales es ampliamente reconocida. La transparencia concebida como la veracidad de las propuestas de las políticas, así como su correspondencia en la formulación e implementación es un factor clave del buen gobierno.

Se afirma que el presupuesto es el documento más importante donde se expresan las políticas de los gobiernos y donde se hacen realidad la concreción de los objetivos a través de su puesta en práctica. En ese sentido la organización ha definido un conjunto de las que considera mejores prácticas de transparencia fiscal en el año 2002 que luego fueron actualizadas en el 2015.

Esas prácticas cubren los procesos, las leyes, las instituciones y estructuras requeridas para formular y ejecutar el presupuesto, supervisando su puesta en marcha y asegurando su alineamiento con las necesidades ciudadanas.

De lo expuesto como fines de la OCDE nuestro país ha optado por atender una sola de las instancias creadas por la OCDE que fue adoptada en ocasión de una de sus reuniones a la cual se le denominó Foro Global por los temas tratados en la misma.

El Foro Global es la continuación de un foro que se creó a principios de los años 2000 en el contexto de la labor de la OCDE para abordar los riesgos para el cumplimiento fiscal que planteaban las jurisdicciones no cooperadoras.

Originalmente los miembros del Foro Mundial habían acordado implementar la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales.

El Foro Global fue reestructurado en septiembre de 2009 en respuesta a la llamada del G20 para fortalecer la implementación de estas normas.

El Foro Mundial tiene ahora 146 miembros en pie de igualdad y es el organismo internacional de primer orden para asegurar la aplicación de las normas internacionalmente acordadas de transparencia e intercambio de información en el área tributaria.

Sin embargo y marcando una gran diferencia, se observa que en lo atinente al resto de las obligaciones emanadas de las practicas del buen gobierno no se ha tenido la diligencia debida para hacerlas cumplir y lo padecemos con frecuencia en nuestra vida cotidiana.

Valgan estos seleccionados ejemplos que apenas brindan un pálido reflejo de lo que sucede en nuestra realidad cotidiana:

  1. Los organismos de contralor han sido menoscabados en sus funciones a lo largo de esta administración lo que muestra una política expresa de evitar los controles legales poniendo en tela de juicio la integridad y veracidad de las acciones gubernamentales.
  2. El Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo vieron mermados en términos reales sus créditos presupuestales mientras que el Presupuesto General se ha incrementado por encima del crecimiento del producto.
  3. Las compras hechas por la Administración Central carecen de la transparencia debida a pesar de que en el año 2012 se modificó el TOCAF y no alcanzaron las letras del alfabeto para establecer las excepciones al régimen general de las compras en el que predominaba el sistema licitatorio. A pesar de eso el Tribunal de Cuentas ha informado que prácticamente el 90 % de las compras se realizan en forma directa.

Así tenemos el espectáculo mayúsculo de ASSE – de ribetes grotescos – donde se asignan las compras a empresas que no cumplen con los requerimientos debidos y casualmente son asignadas a gente allegada al oficialismo.

Estas menciones de ejemplos podían aumentarse hasta confeccionar un gran listado, pero bastan estos contados caso claves para llegar a la conclusión de que en materia de transparencia fiscal esta administración sólo nos contó la mitad de la película o sea la que le sirvió para avanzar en la consecución de información fiscal exorbitando los requerimientos de los organismos a los cuales quiere adherir y avanzando contra la privacidad ciudadana.

Basta ser un lector atento de la prensa para comprobar diariamente cuantas normas de contralor son violadas para tener un panorama más certero.

No olvidemos tampoco que la promoción comercial de la cual podríamos beneficiarnos tampoco es posible de alcanzar dado que la mayoría del oficialismo se solaza en su visión sesentista y no va a permitir utilizar las aportaciones que podrían obtenerse de la adhesión a la OCDE

En definitiva, ante esta triste realidad albergamos la esperanza de que algún día el país volverá a su tradición republicana y podrá aprovechar con cabalidad, las relaciones internacionales tan necesarias en un mundo hiperconectado retomando lo que ha sido su más rica tradición a través de la historia.

Isaac Umansky

Autor: Isaac Umansky

Contador Público y Economista (UdelaR). Desempeñó el cargo de Contador General de la Nación y Director de la Comisión Nacional de Informática en el período 1985-1990. Profesor Economía, Finanzas Públicas y Administración en la F.C.C.E.E. (Udelar). (1969-1984). Consultor nacional e internacional en proyectos de Administración Financiera Pública y Gestión Pública (BM, BID, CEPAL, Agencia de Cooperación Sueca y la Unión Europea en Chile, Costa Rica, México, Bolivia y Cuba (Desde 1990 hasta la actualidad). Ex Presidente de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto (ASUCYP) durante varios períodos. EX Vicepresidente de la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP) 2 períodos. Miembro del Consejo Internacional que emite las Normas y Estándares del Sector Público (IPSASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Período 2010-2012.