Viernes, 22 de diciembre de 2017

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Patentes e innovación: rehenes de sectores conservadores

Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propio motivo para existir”.

                                                                                   Albert Einstein

 

Han pasado ya casi tres gobiernos frenteamplistas y Uruguay no ha adherido al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (mejor conocido como PCT, por sus siglas en Ingles). No sabemos si es desinformación, ignorancia, fantasías imperialistas, miedo, indolencia, la presión de algún sector económico que, con amplios márgenes de ganancia, se opone por encima de la inmensa mayoría de los sectores innovadores. También se escucha que ex altos jerarcas de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) molestos por haber sido desplazados por la nueva administración, asesoran a parlamentarios del PS y PCU y Casa Grande. Esto es de público conocimiento.

En todo caso, fue la propia Presidencia de la Republica y los ministerios de Relaciones Exteriores Economía y Finanzas e Industria, Energía y Minería quienes lo presentaron ante el Parlamento, pero quedo, junto al TLC con Chile, encajonada en algún sector conservador y hasta reaccionario que no permite, como lo hizo con el TiSA, que Uruguay se inserte, con más facilidades, en la economía del conocimiento.

Así las cosas, estamos fuera del PCT y en la agradable compañía de Burundi, Myanmar, las Islas Cook, Caimán, Marshall, Feroés y Maldivas y Venezuela, entre otros. Mientras tanto, 152 países que van desde Estados Unidos a Cuba, pasando por Brasil, Chile y China se adhirieron hace tiempo. ¿Qué mensaje le enviamos le enviamos a la comunidad internacional? ¿A los inversores? ¿A la propia comunidad científica e innovadora de Uruguay? ¿O vivimos una vergüenza más al vernos como rehenes de grupos que no quieren cambios, pero se autodenominan “progresistas”? Ud. Juzgue.

 

¿Qué es el PCT?

 

  • Es un instrumento jurídico internacional básico para facilitar y abaratar la presentación de solicitudes de patentes. El PCT responde perfectamente a esta necesidad, al facilitar -mediante una única solicitud-  la presentación simultánea de solicitudes de protección de las invenciones en un gran número de países.  El procedimiento PCT no sustituye a los procedimientos nacionales en esos países, pero sí racionaliza y simplifica las formalidades exigibles.
  • Además, proporciona al solicitante la seguridad jurídica, el tiempo y los elementos de juicio suficientes para afrontar, con el mínimo riesgo posible y las mejores garantías de éxito, las inversiones necesarias para proteger su tecnología.
  • Es también El PCT es frecuentemente considerado como el avance más importante en el ámbito de la cooperación internacional en materia de patentes desde la adopción del Convenio de París
  • El PCT no establece la existencia de “patentes internacionales”; la tarea y la responsabilidad de otorgar patentes recae de forma exclusiva en las oficinas de patentes nacionales de acuerdo con la legislación respectiva
  • El PCT también puede ser útil a la economía nacional. La solidez de las patentes concedidas sobre la base de solicitudes internacionales es un fundamento especialmente adecuado para estimular las inversiones y la transferencia de tecnologías, algo que Uruguay busca y necesita.  El aumento de la tecnología transferida mediante licencias generalmente propicia el incremento de la inversión exterior, lo que a su vez podrá incidir positivamente en la generación de empleo calificado y en el perfeccionamiento técnico de los recursos humanos algo que no puede ni debe pasar desapercibido por el sector privado ni los trabajadores ni sindicatos.

Y la cereza en la torta, los innovadores uruguayos ya salen del país para presentar solicitudes al PCT vía otras oficinas extranjeras. Se van del país para poder patentar en el marco del PCT.

 

  • Lógicamente, los solicitantes e inventores uruguayos no pueden utilizar directamente el PCT en estos momentos. Sin embargo, si se hace una búsqueda rápida en la base de datos PATENTSCOPE de la OMPI, se podrá constatar lo siguiente:
  • Al menos 40 solicitudes internacionales han sido presentadas reivindicando la prioridad de una solicitud de patente presentada en Uruguay.
  • Hay más de 200 solicitudes internacionales publicadas en la que al menos un inventor es de nacionalidad uruguaya.
  • De la misma manera, hay alrededor de 200 solicitudes internacionales publicadas en las que el solicitante es una entidad o una persona natural uruguaya.
  • Entre las instituciones que han utilizado el PCT en Uruguay se pueden citar la Universidad de la República de Uruguay, Biognésis Bagó Uruguay S.A., Centro de Construcciones de Cardioestimuladores de Uruguay, S.A., Belemak, S.A., etc. (lista no exhaustiva).
  • Evidentemente, hay solicitantes en Uruguay que aprecian las bondades del sistema del PCT, y lo han utilizado a través de distintas oficinas extranjeras.

 

La tecnología de innovación y la innovación no tecnológica (procesos, comercialización, entre muchos) son una garantía de inserción en la economía del conocimiento. Y los bienes intangibles son hoy, guste o no, más importantes que el capital, la tierra y los bienes físicos. La propiedad intelectual, tan resistida en nuestro país, es la herramienta indispensable que lleva la innovación al mercado. Me uno a quienes suscriben que es innovación solo si llega a los mercados y genera riqueza. Muchos se sienten incómodos -o incluso directamente molestos- cuando se hace mención de la riqueza porque suponen que se trata de un “complot capitalista”. En la vida real, parecería que aquellos que tienen una patente están satisfechos y los que no, las odian. Es la naturaleza humana. El secreto es tener patentes propias.

O pregúntenle a Cuba. La riqueza no tiene ideología. Cuba genera casi $1.8 mil millones en su industria de investigación y patentamiento de biotecnología. Lo opuesto sucede en Venezuela, mientras que el régimen chavista ha derrochado casi $1 trillón en ingresos petroleros desde el comienzo de su “Revolución del siglo XXI” no ha otorgado ninguna patente en 18 años, está prácticamente en default y con menos de $9 billones en reservas y en búsqueda de un “patrocinador” que lo salve del inevitable colapso. En Uruguay no hemos calculado la cantidad de ingresos en los casi 13 años de viento de cola y dónde se invirtió. Nuestro PIB se multiplicó por 10. Sin embargo, generamos 21 patentes de residentes.

Las patentes no son la panacea, pero existe una relación entre las patentes y el conocimiento que es irrefutable. Y considerando que estamos en la economía del conocimiento, esto determina el nivel de desarrollo de un país. El 60% del conocimiento se genera hoy en Japón, Corea y China. Este último todavía no tiene patentes robustas o de calidad, lo cual es fundamental, pero pronto lo hará.

No hay que confundirse. La riqueza generada por la innovación produce bienestar, más empleos y mejor remunerados, inversiones, reinversiones, más PyMES, menos empleos vinculados al estado y una base tributaria más amplia, entre otros beneficios. La innovación es adictiva. Es “serial” y disruptiva. Es lo que nuestro país necesita para salir de su siesta, de su idiosincrasia que nos hace refugiar en el pasado y no reflexionar sobre el futuro.

Pero, sobre todo, la innovación mejora la calidad de vida para todos. Y nadie parece apreciar que vivamos más tiempo y con una mejor calidad de vida que nuestros padres y que nuestros hijos y nietos vivirán en un mundo donde la mayoría de los cánceres serán curables y no solo tratables y, cuando sean adultos mayores, habrá también curas para enfermedades neurodegenerativas, entre otros. Eso solo en el campo de la salud y los nuevos medicamentos. Imagínese en áreas como la nanotecnología y la robótica, el transporte, la producción de alimentos, incluso plantas más grandes que las ya disponibles para desalinizar y purificar el agua de mar. La imaginación no tiene fin para los innovadores.

Todo es posible. Muchos, sin embargo, se preguntarán si tendrán acceso a esa mejora en la calidad de vida. Es una pregunta válida pero la respuesta yace en los hechos. Algunos países pueden y otros no. ¿Por qué? Ni la innovación ni la Propiedad Intelectual son mecanismos políticos que construyen la democracia o la buena gobernanza, ni evita o reprime la corrupción o la falta de una visión o programa-país a mediano y largo plazo. La PI es una herramienta “posibilitadora” y la innovación es la transformación de lo que ya existe en bienes o productos novedosos que pueden llegar al mercado con la protección de la PI. Cada Estado debe tomar las medidas a medio y largo plazo que le permitan alcanzar la posibilidad de beneficiarse de la riqueza de la innovación en la economía del conocimiento y la sociedad. Depende de ellos. En nosotros. No hay antídoto contra la falta de sentido común. La inacción tiene un precio. Mientras algunos avanzan, otros continúan bebiendo tequila, tomando el sol y haciendo malos negocios, alejando la inversión, los sindicatos paralizan el país “preventivamente”. La innovación tecnológica no puede reemplazar las decisiones equivocadas.

Pienso-y esto si es progresista- que el reformismo, el pragmatismo y un Estado pequeño, pero fuerte, con profesionales idóneos y capacidad de intervenir donde los mercados no se autorregulan, es el camino.

Al mismo tiempo soy de la opinión muy personal que todo lo que hace uno en su trabajo e incluso en su vida personal, para que tenga sentido, debe de tener presente y apuntar, de la manera que se pueda, a mejorar la calidad de vida de todos y a hacer el bien. Pero nada es gratis, o no valdría la pena.

Carlos Mazal

Autor: Carlos Mazal

Politólogo de la University of the Pacific con una Maestría en Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la New York University. Es Consultor Internacional en temas de Propiedad Intelectual, Innovación y Desarrollo y ex Director para América Latina y el Caribe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Miembro Fundador del Centro de Estudios de Propiedad Intelectual (CEPI) de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Republica. Miembro de Número de la Academia Nacional de Economía. Miembro Consejero del Consejo Uruguayo de Relaciones Internacionales (CURI)