Domingo, 13 de agosto de 2017

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Peligroso camino el de Muñiz

No me gusta el trabajo de Gabriel Pereyra.

No me gusta esa forma agresiva de criticar, de escribir, hasta de preguntar en las entrevistas.

No me gusta que cuando el entrevistado aún no terminó de contestar lo interrumpa con otra pregunta y arriba de la misma le haga otra, y otra, sin permitir completar las frases.

Si Pereyra fuera un boxeador sería más Tyson que Mohamed Alí.

Su estilo es más del demoledor que golpea una y otra vez que el del fino esgrimista que salta por el ring.

Me ha criticado varias veces y, humano como soy, me ha dolido aunque no lo he dicho.

Digo esto a los solos efectos de que nadie me acuse de asumir su defensa.

Sé que él no necesita que se lo defienda.

Lo que pretendo defender hoy es algo que viene desde lo más profundo de nuestra historia: la libertad de expresión y de opinión.

Pereyra ha sido denunciado penalmente por la Presidente de ASSE Susana Muñiz por una columna que escribió en El Observador.

Eso es peligroso y grave.

La libertad de expresión es parte de nuestra Constitución desde 1830. En todas las reformas el texto, fruto de la pluma de Ellauri, permaneció inalterado.

Dice el artículo 29 de la Constitución: “es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso el impresor o emisor, con arreglo a la Ley por los abusos que cometieren”.

Esa libertad de comunicación de pensamiento por palabras, escritos privados o publicados por la prensa es pues, desde el nacimiento de nuestro patria, uno de los derechos fundamentales.

Es más, era parte esencial del pensamiento artiguista.

El numeral tercero de las Instrucciones del año 1813 habla de promover la libertad civil en su más amplia extensión.

Hay una anécdota del cura Larrañaga cuando acompaña a Otorgués en 1815 enviado por el Jefe de los Orientales a Montevideo.

El Cabildo de la ciudad se apresta a publicar un diario, “El Periódico Oriental“, y le ofrece a Larrañaga actuar como censor del mismo, revisando todo el material de lectura que se publique.

La respuesta de Larrañaga es ejemplar.

Primero invoca sus “sentimientos liberales sobre la libertad de imprenta y del don de la palabra“, que como “uno de sus primordiales derechos reclaman estos pueblos“.

Acto seguido dice que “los pueblos de las Provincias Unidas se encuentran en el nuevo pie de no tener revisores, sino que cada ciudadano tiene libertad de imprimir sus sentimientos bajo la responsabilidad correspondiente al abuso que hiciese de este derecho”.

Eso fue recogido por Ellauri e incorporado a la primera Constitución en 1830 dónde permanece hace 187 años inalterado.

Nuestro primer Presidente, Fructuoso Rivera, mamó de Artigas este principio y llevó su defensa más allá del propio texto constitucional.

En 1832 Juan Manuel de Rosas, desde Argentina le pidió por carta que no permitiera que se le criticara en la prensa oriental.

La respuesta de don Frutos fue que nada podía hacer. “Si me critican a mi que soy el Presidente ¿cómo no pueden hacerlo a Usted?“ dicen que respondió.

Al asumir su segunda presidencia en 1838 Rivera dicta un decreto por el que no sólo reitera esa libertad de expresar y publicar opiniones sino que él y sus secretarios (ministros) renuncian de antemano a ejercer cualquier acción por abuso que se hiciera de ello.

La libertad que reconocía era tan absoluta que aún cuando lo que se dijera fuera falso o abusivo y lo dañara ¡garantizaba al posible ofensor su derecho de decirlo!

Ejerciendo ese derecho algunos siguen ofendiéndolo hoy.

Esto a su vez es parte de la legislación vigente.

La ley actual no sólo exige que lo que se expresó sea falso sino que haya sido dicho con la intención de dañar. Esta es una innovación aprobada durante los gobiernos del propio Frente Amplio.

Diversos instrumentos internacionales siguen el camino de no restringir la libertad de expresión.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 13 reconoce la Libertad de Pensamiento y Expresión.

El artículo 19 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” va en el mismo sentido cuando expresa que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”.

Los legisladores tenemos una norma en la Constitución, el artículo 112, que nos protege al establecer que los Senadores y Representantes no seremos jamás responsables por las opiniones que vertamos en el ejercicio de nuestras funciones.

Ni siquiera existe la posibilidad de hacernos responsables con posterioridad a la emisión de las mismas.

La denuncia de la jerarca a un periodista es, pues, un hecho grave.

Grave no sólo por ir en el camino de la limitación de la expresión del pensamiento.

Grave por ir contra principios que los orientales reconocemos desde hace mas de doscientos años.

Grave por pretender limitar la libertad de expresión de un periodista. La que debemos respetar todavía más cuando no nos gusta lo que dice de nosotros.

Pedro Bordaberry

Autor: Pedro Bordaberry

Abogado, Senador, 57 años.