Jueves, 27 de abril de 2017

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¿Peor que el lavajato?

Ha causado una muy fuerte conmoción en la opinión pública nacional, lo expuesto por María Urruzola Peralta, en su reciente libro titulado “Eleuterio Fernández Huidobro. Sin remordimientos…”.Y lo ha sido, no tanto por el relato de acontecimientos que se verificaron ya hace más de medio siglo y que tuvieron que ver con el movimiento subversivo que agredió, con extrema crueldad, a la democracia que imperaba en la República Oriental del Uruguay sino, particularmente, por la información que brinda en cuanto a que una “tupabanda”, constituida por integrantes del M.P.P., habría perpetrado delitos de distinta naturaleza para recaudar fondos que, en parte, fueron destinados a financiar campañas electorales del Frente Amplio a partir de 1985 hasta 1998, según Urruzola y hasta 2002, según Amodio Pérez.

Lo denunciado reviste seriedad en cuanto a quien formula la declaración y es muy grave, diríamos sumamente grave, puesto que, de haberse verificado, se trataría de hechos que no tienen precedentes en la historia política del Uruguay. Reviste seriedad porque María Urruzola no es una desequilibrada, ni está viendo fantasmas o imaginando situaciones. Por el contrario, es una periodista y escritora de gran prestigio a la que no se puede achacar de que actúa por resentimiento o por vengarse de acciones de los tupas que la hubieran afectado. Nada de eso.

Urruzola es la autora del libro “El huevo de la serpiente” que inspiró el libreto de la mejor película uruguaya, de todos los tiempos, “En la puta vida”, dirigida por Beatriz Flores Silva y desde el punto de vista político su trayectoria estuvo totalmente proyectada a participar de la gestión que le ha correspondido al Frente Amplio en los diferentes períodos en que este partido político ha ejercido el gobierno. Por su firme combate a la dictadura y su posición ideológica debió exiliarse y permaneció en el exterior desde 1976 a 1985, habiéndose desempeñado, como Directora de Información y Comunicación del Ministerio de Desarrollo Social, Jefa de Campaña de la candidata a la Intendencia de Montevideo, profesora Ana ,Olivera y Directora de Información y Comunicación del gobierno municipal a partir de julio de 2010, hasta el año 2013. La seriedad que la ha caracterizado en la investigación periodística se puso en evidencia con las denuncias que resultaron de su libro “El huevo de la serpiente”, sobre trata de blancas, que generó la intervención de la justicia y el procesamiento de varios de los involucrados.

Pero además, la denuncia, que resulta del relato de su libro sobre Fernández Huidobro, está avalada por lo manifestado por Jorge Zabalza, en su libro “Cero a la izquierda”, por Amodio Pérez en sendas declaraciones donde es categórico en afirmar la veracidad de esas afirmaciones y por un tercer testigo de los hechos que Urruzola identificó con el seudónimo de “Beto”.

Urruzola da una versión recogida de declaraciones testimoniales y de otros elementos de juicio en el sentido de que existió una tupa-banda, dirigida a perpetrar asaltos, secuestros y otros delitos, incluso algunos cometidos en la Argentina, con los que habría recolectado , en el lapso indicado, U$S 20 millones de dólares, de los cuales U$S 3 millones se reservaron para comprar viviendas “a compañeros” y ayudar a gente del barrio y Amodio Pérez, más concretamente, expresa: “No es disparatado hablar de U$S 20 millones de dólares, si solo de secuestros por la Argentina vinieron más U$S 70 millones”.

En una excelente columna, en el diario El País del 23 del corriente, Antonio Mercader expresa “Así se confirma que una vez liberados y amnistiados a partir de 1985, los tupamaros no abandonaron las armas sino que las emplearon para “hacer finanzas a la antigua”, robando y rapiñando a beneficio del MLN, el grupo fundador del Movimiento Popular (MPP). Este doble juego muestra que su renuncia a lucha armada era una fachada pues algunos de ellos – no todos- volvieron a las andadas”.

Como no podría ser de otro modo, ante estas graves imputaciones, la Justicia ha tomado cartas en el asunto. Obviamente, los denunciados y demás miembros del MPP podrán refutar esas denuncias y tendrán su día en el tribunal competente, pero es indudable que lo expuesto por María Urruzola Peralta, en su reciente libro, debe ser investigado a fondo, para castigar a los responsables si se probaran los hechos denunciados o para liberarlos de todo tipo de imputaciones.

Ahora bien, si no se pudieran probar las graves denuncias que resultan del libro de Urruzola, se disiparían los rumores ampliamente difundidos por los medios y a través de Internet, que, afectan no sólo la honorabilidad de los imputados, sino, lo que es más grave, la forma en que el Frente Amplio y su sector más poderoso financió las campañas electorales desde el año 1985 al año 2000. Si, por el contrario, lo denunciado es corroborado por las probanzas que se deberán recabar y los responsables fueran condenados por los distintos delitos en que podrían haber incurrido, estaríamos ante un “lava jato” mucho más grave, mucho más repudiable y execrable que el que se verificó en la República Federativa del Brasil.

Y decimos lo que antecede, porque en Brasil, el financiamiento del proceso electoral, por ejemplo del PT, se llevó a cabo, principalmente, mediante comisiones (en vulgar: “coimas”) que se utilizaron con ese propósito y también para el enriquecimiento de los políticos corruptos que cometieron ese tipo de delitos. Pero aquí estaríamos ante rapiñas, asaltos a bancos, secuestros extorsivos, etc. que constituyen delitos de tipo mafioso que sólo una muy bien organizada polibanda podía haber llevado a cabo.

Siempre hemos confiado en nuestra Justicia, sin perjuicio de haber disentido con algunas de sus decisiones, en particular, referidas a determinados procesamientos de militares y civiles vinculados con la dictadura que, en nuestro criterio, no estaban avalados suficientemente desde el punto de vista probatorio y, por ende, no constituían la semiplena prueba requerida. Y volvemos a confiar ahora en cuanto a que se investiguen estas acusaciones, con celo y responsabilidad, a fin de aventar las mismas, si no fueran probadas o para condenar a los responsables con la mayor severidad que nuestro Derecho Penal permita en el caso de que los hechos imputados sean avalados por las probanzas necesarias.

Edison González Lapeyre

Autor: Edison González Lapeyre

• Catedrático de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Derecho Diplomático en la UDELAR • Profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. • Asesor Letrado, Director del Instituto Artigas del Servicio Exterior, Director de Asuntos Culturales, Director de la Consultoría Jurídico - Diplomática • Embajador ante los gobiernos de República Dominicana, Barbados, Haití y Granada y representante Permanente ante la OEA. • Negociador en el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, el Estatuto del Río Uruguay, el Tratado para el desarrollo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cuareim y el Acuerdo de Extradición y Cooperación Judicial con EEUU. • Integró el equipo legal del Uruguay en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en una primera etapa. • Autor de más de 150 publicaciones de su especialidad.