Miércoles, 21 de febrero de 2018

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¿Por qué no aplicamos el sentido común?

Hay reglas que nos damos como sociedad que no resisten al sentido común y a pesar de ello se aplican en forma más o menos pacífica. ¿Por qué sucede esto? En muchos casos es porque se tiende a pensar que quien definió la regla es alguien competente, que ha examinado el problema con cuidado y evaluado adecuadamente las consecuencias de las medidas que adopta. En otros casos simplemente el problema es que el ciudadano no tiene tiempo de examinar con rigor cada cambio que se propone en la normativa y sólo es consciente de sus consecuencias cuando tiene que padecerlas. Especialmente para estos últimos casos es de utilidad para el ciudadano el disponer de una breve lista de principios que toda norma tiene que cumplir para que puede aceptar con tranquilidad la innovación normativa que se anuncie. En este artículo propondré algunos principios que –por su obviedad- deberían ser compartidos por todos, para luego exponer ejemplos de decisiones públicas que violan cada uno de ellos, así como las cuestiones en juego que las explican.

 

Principio 1 del sentido común – Nadie paga por aquello que no va a recibir

Corralito mutual. De acuerdo a las reglas originales del FONASA, si un afiliado quería cambiarse de un Prestador de Salud a otro, debía tener, al 31 de enero de cada año, 3 años o más de afiliación con ese Prestador de Salud del que se deseaba desvincular. Esta regla hacía de cada afiliado captado un cliente cautivo por un período prolongado. Un cliente cautivo –en el mediano plazo- es alguien que paga y cuyas quejas con relación a la calidad del servicio que se le presta no importan mucho. Esto genera condiciones en que resulta muy tentador captar afiliados agresivamente, invirtiendo en ello recursos importantes en tanto no hay nada más valioso que un cliente fiel –o fidelizado a la fuerza-.

El MSP y la Junta Nacional de Salud han descubierto con horror que las reglas que definieron han tenido los efectos que eran obviamente predecibles, entre ellos, casos en que se pagaba a los afiliados para que se cambiaran de Prestador de Salud. ¿Qué solución encontraron? Prohibir que los afiliados se puedan cambiar de Prestador de Salud.

¿Qué deberían haber hecho? Partir de la base que si los Prestadores de Salud dejaran de percibir beneficios en “comprar” afiliados, desistirían de hacerlo. Algunos Prestadores de Salud están dispuestos a pagar mucho por un afiliado porque este pasa a ser un cliente cautivo. Si por el contrario los afiliados pudieran cambiarse en cualquier momento entonces ya no tiene sentido pagar un dinero que no tendrá retorno. Los Prestadores de Salud ya no encontrarían retorno en dedicar recursos al lobby ante el regulador y no tendrían otra opción que concentrarse en brindar un buen servicio para captar y retener a sus afiliados.

 

Principio 2 del sentido común – Si los riesgos de un comportamiento bajan y la ganancia aumenta, habrá más personas dispuestas a hacerlo

Delincuencia. En 1968 Gary Becker planteó que la delincuencia juvenil podía ser pensada como una respuesta racional de los adolescentes ante cambios en los incentivos que afectan la decisión de incurrir en actividades delictivas, en detrimento de las actividades legales. Ignacio Munyo aplicó ese modelo a la realidad nacional[1], habiendo encontrado que su capacidad explicativa de lo que estaba sucediendo en el país era alta.

¿Cuáles eran los factores que pesan en esa respuesta racional? La respuesta es el tamaño del botín que se puede obtener con la actividad delictiva y la condena asociada.

El tamaño del botín no se mide sólo por lo que se puede obtener, sino también y especialmente por la distancia entre lo que se puede ganar delinquiendo frente a la opción del salario de un trabajo honesto. En la medida que la riqueza en manos de los ciudadanos honestos aumenta, el tamaño del botín aumenta. Pero lo que más ha cambiado es que fruto de las fallas del sistema educativo las capacidades de muchos jóvenes son cada vez más insuficientes para obtener un trabajo en un contexto que todos los procesos productivos están siendo objeto de importantes transformaciones tecnológicas que exigen habilidades cada vez más sofisticadas por parte de los trabajadores.

Por otra parte tenemos el tema de la condena. Con relación a la condena debemos considerar: riesgo de aprehensión, condena social, período de privación de libertad y condiciones en que se sirve la condena.

En materia de riesgo de aprehensión, en una entrevista concedida por el entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Jorge Chediak[2], decía que se aclaran el 6% de las rapiñas y en hurtos el porcentaje es aún menor, con una estimación de un 40% de los delitos que no se denuncian. En síntesis, hay que ser verdaderamente incapaz como delincuente para que te atrapen.

Luego tenemos el tema de la condena social. Hace 30 años para una familia el tener un integrante que fuera delincuente era un motivo de profunda vergüenza en tanto la reputación de ser gente trabajadora y honesta era algo sumamente apreciado. Muchas cosas han cambiado al respecto. Por un lado ganó mucho espacio un discurso de la izquierda cuyo mensaje era “la culpa es de la sociedad”. En palabras del sociólogo y asesor del Ministerio del Interior, Gustavo Leal[3], ”el pecado original de la  izquierda” fue pensar que con crecimiento y la distribución se bajaba el delito. “Que baje la pobreza no quiere decir que la delincuencia baje automáticamente”. Como bien expresó el tuitero Cristián Correa (@criscor1996)[4]: “La colectivización de la responsabilidad individual es combustible para la impunidad de los delincuentes que gozan de fuero ideológico”, así como una justificación pseudo científica. El carácter ideológico de este enfoque lo podemos constatar en la contradicción de la fuerza política que lo sostiene, la misma fuerza que emplea agresivamente el sistema de multas a nivel del tránsito capitalino. ¿Por qué lo hace? Porque reconocen que las sanciones son efectivas y no hay inhibiciones a aplicarlas, dado que quienes tienen vehículos propios son mayoritariamente de clase media y alta.

Por otra parte el delito se ha legitimado en determinados sectores de nuestra sociedad, al punto que dejó de ser motivo de vergüenza para serlo de orgullo. En una comparecencia de autoridades del Ministerio del interior ante la comisión de Constitución y Códigos del Senado en 2011 se reveló que de acuerdo a una encuesta formulada por dicho Ministerio en la cual se preguntaba a los jóvenes qué querían ser cuándo fueran adultos, la respuesta más mencionada fue: narcotraficante. El entonces director de Policía Nacional, Julio Guarteche[5], manifestaba que “eso es muy preocupante, ya que es al narcotraficante a quien ven como modelo”.

El siguiente tema es el vinculado al período de condena. Las penas del sistema uruguayo son ya de por sí benignas, a lo que se agrega una multiplicidad de mecanismos que hacen que las penas efectivas se vuelvan muy cortas. En una disertación en el Parlamento del fiscal Gustavo Zubía[6] éste manifestó al respecto que “El 35% de lo poquito que agarramos (…) no cumple un sólo día de prisión [son procesados sin prisión]”. “Otro 40% cumple con sólo una tercera parte de la pena, porque si bien lo procesan con prisión y después les aplican penas de 20 o 22 meses de prisión, a los cinco o seis meses -antes de dictarse la condena- salen en libertad provisional. “La pena de 20 o 22 es en el papel”. “El otro 25% corresponde a los pesados, es decir, los responsables de delitos de rapiña, homicidio, secuestro y violación. Estos tienen otros beneficios”, dijo Zubía. “Uno de ellos, es un aspecto de la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, que establece la redención de la pena por trabajo o estudio”. Zubía dijo que este beneficio “en principio está bien, el problema es cuando vamos a la matemática de lo que se puede redimir que a mi juicio es escandalosa, se puede redimir una tercera parte de la condena”, expresó Zubía. Por último tenemos el tema de las condiciones en que se sirve la condena. Al día de hoy las cárceles son verdaderas universidades del delito donde los delincuentes se “profesionalizan”. Dentro de las cárceles, traficantes de drogas y asaltantes transmiten conocimientos a sus pares sobre los métodos utilizados por la Policía así como consejos de cómo neutralizar las técnicas de investigación que emplean.

En síntesis, cada vez es más redituable y menos riesgoso el delinquir. ¿Qué debería hacerse? Actuar sobre cada una de las variables que hacen esta ecuación atractiva, comenzando por la duración efectiva de las penas y prolongando las penas en los casos de reinicidencia. Dadas las altas tasas de reincidencia (entre 50% y 70% según la fuente) estas medidas llevarán a una reducción sustancial de la actividad delictiva. Otra medida podría ser que aquellos que logran obtener el beneficio de la libertad anticipada deban usar tobillera por los siguientes dos años a su liberación. La universidad del delito se combate con la universidad del trabajo arduo, tal como propuse en un artículo previo[7].

Educación. Otro ejemplo claro de un comportamiento donde los riesgos bajan y la ganancia aumenta lo podemos ver en la decisión de los jóvenes de no seguir estudiando. Asumamos que los jóvenes siguen un comportamiento racional. También supongamos que su objetivo es lograr un trabajo que le reporte buenos ingresos, poco esfuerzo y bajo riesgo de quedar desempleados. Si ese fuera su objetivo, el terminar siendo empleados públicos sería una meta clara. De acuerdo a la empresa CIFRA la gran mayoría de los empleados públicos (salvo en los cargos que exigen mayor nivel de calificación) gana más que los privados, tienen más seguridad laboral y social, tienen más beneficios sociales y trabajan menos horas (porque tienen más feriados) y trabajarían menos dentro de su horario.[8] El atractivo del cargo público se ve corroborado por el hecho que miles de personas se presenta a cada llamado que se realiza. Ahora bien, ¿cómo se los selecciona? Como son miles, normalmente se sortea. ¿Cuál es el peso de las calificaciones obtenidas en la enseñanza media? Poca a ninguna. ¿Tiene lógica? En tanto las calificaciones emitidas por las diversas instituciones educativas no siguen estándares comunes, tienen un argumento de peso ahí. Dadas estas condiciones, es lógico que los jóvenes –vayan o no a seguir estudios terciarios- no se tomen la enseñanza media muy en serio, salvo para aprobar el año, especialmente aquellos que van a continuar sus estudios. En este caso lo que ha bajado es el riesgo de un comportamiento riesgoso (hacer “la plancha” en el liceo).

¿Qué habría que hacer? Lograr que los jóvenes visualicen que su desempeño en secundaria tiene alguna consecuencia, cosa que hoy casi no hacen. Para ello lo que debería hacerse es pruebas estandarizadas en dos disciplinas fundamentales: matemáticas y español, al egresar de la enseñanza media superior, ya sea de instituciones públicas o privadas. Por otro lado debería establecerse que donde antes se seleccionaba por sorteo –mecanismo que se elimina- ahora se hará en base a las calificaciones obtenidas en esas pruebas. Donde haya concurso –no importa el tipo de cargo de que se trate- también las calificaciones de secundaria tendrán un peso significativo. Es decir, aun cuando se concurse para un cargo de abogado o ingeniero, las calificaciones en las pruebas estandarizadas de egreso de la enseñanza media superior seguirán pesando.

 

Principio 3 del sentido común – El transformar problemas individuales en colectivos conlleva pérdidas de libertad y genera desequilibrios que se pueden volver insostenibles

Cuando se transforma un problema individual en un problema colectivo se produce un gran cambio. Los problemas en el ámbito individual admiten una multiplicidad de soluciones distintas, de acuerdo a las necesidades de cada persona. Cuando el problema es colectivo esa heterogeneidad de soluciones ya no es admisible, léase, se pierde libertad. La otra consecuencia es que cuando un problema es individual los beneficios y los costos de las decisiones recaen sobre el decisor. Cuando un problema es colectivo, en cambio, la distribución de beneficios y costos lleva a algunos deban pagar los beneficios adicionales de los demás.

Educación pública. Si cada familia tiene libertad para elegir cuál es la educación que quiere darle a sus hijos, se trata de un problema individual. Eso no cambia porque el gobierno decida, por ejemplo, conceder a las familias de bajos recursos un subsidio destinado específicamente a gastos en educación. Si en cambio el gobierno decide que la única opción que tendrán las familias de bajos recursos será la educación pública, el problema se vuelve colectivo. Los padres ya no pueden elegir la institución a la que asistirán sus hijos, lo que será definido en función del lugar de residencia de la familia y la disponibilidad de las distintas instituciones públicas. En la medida que los padres pierden la libertad es coherente la medida de establecer que la información referida al desempeño educativo de cada institución sea confidencial. ¿Qué sentido tiene brindarles información que quizás los llevarían a querer poder tomar decisiones que le están vedadas? ¿Qué opción tienen los padres que quieren recuperar esa libertad? Pagar dos veces, es decir, pagar la educación pública –que no usarán- a través de sus impuestos y uno privada.

FONASA. Aquí se da la misma situación. Antes uno elegía la mutualista en la que atendía y el nivel de atención que deseaba recibir, pagando el precio acorde. Ahora, si alguien quiere atenderse en una institución distinta a la que tiene asignado o con una calidad de prestaciones distinta de la definido por el Gobierno tiene que pagar dos veces, como en la educación.

Como se puede observar, el transformar los problemas individuales en colectivos tiene el precio de la libertad. Es importante reiterar que la colectivización de los problemas y el apoyo a los más desfavorecidos son dos problemas distintos, siendo la colectivización sólo una de las formas disponibles a través de la cuales se puede materializar ese apoyo.

Transferencias cada vez más agresivas. En la última década ha habido una política muy agresiva de transferencia de recursos de la clase media trabajadora al resto de la sociedad. El primero de los cambios de este tipo fue la reforma constitucional de 1989, por la cual las jubilaciones pasaron a estar indexadas al índice medio de salarios. A esto se agrega la Ley de Flexibilización de 2008 impulsada por el entonces presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro, por la cual se bajó a 30 los años de servicio mínimo, se flexibilizaron otras formas de acceso como la jubilación por edad avanzada, por incapacidad o por subsidios al desempleo. El propio ministro Astori se ha manifestado alarmado por los efectos de esta ley, que ha llevado a que entre 2008 y 2016 la cantidad de jubilaciones servidas por el BPS creciera 23 %, superando las proyecciones del propio organismo y que una de cada cinco jubilaciones sea por invalidez, cuando hace diez años esa proporción era de 1 cada 10. A esto se agrega la reciente aprobación de la Ley de Cincuentones. A esto debemos agregar el crecimiento de otras transferencias como el déficit de FONASA y los planes sociales. También las tarifas públicas son un instrumento de transferencia. A vía de ejemplo, hay 70.000 familias “colgadas” a la red eléctrica, con un consumo que es tres veces superior al promedio. Las transferencias han subido de 20% en 2004 a 30% del gasto total en 2017 y del 4,2% del PIB en 2004 a 9% del PIB en 2017. El gasto público social pasó de ser el 19,5% del PBI en 2005 a 26,5% en 2016.

La mejora en la distribución del ingreso no ha sido solo gracias a aquellas familias cuyos ingresos aumentan, sino también por el abatimiento del ingreso de otras. En ese aspecto ha tenido un peso protagónico el IRPF. En el 2017 la recaudación del IRPF a las rentas del trabajo aumentó un 27,7%. El peso del IRPF en la recaudación es creciente y cada vez se aumenta más las tasas de los ingresos más altos.

La mejora de la distribución del ingreso ha estado basada fuertemente en la intervención del Estado, quitando y dando. No estamos ante una intervención transitoria destinada a apuntalar una mayor movilidad social. Por el contrario, la movilidad social se logra si todas estas medidas favorecen igualdad de oportunidades educativas y el crecimiento del empleo, lo que permite que las familias pasen de la condición de “precarias” (ingresos de clase media pero sin las capacidades de la misma) en clase media auténtica. Tal como afirma el Doctor en Ciencias Sociales Emilio Blanco[9] “Uruguay es uno de los países que traducen con mayor eficacia las desigualdades sociales en diferencias de aprendizaje”. A esto agreguemos que el empleo no crece. De acuerdo a la Doctora en Ciencias de la Educación Adriana Aristimuño, la educación uruguaya “es una máquina de producir desigualdades”[10]. Mientras que el 71% de los jóvenes provenientes del quintil más rico de la población finalizan la educación media superior, ese porcentaje es de sólo 17% para los jóvenes del quintil más pobre. Es una relación de 1 a 5, una amplificación de las desigualdades sociales récord dentro de América Latina. También somos líderes en repetición en secundaria, con un 25,3%, seguidos a la distancia por Costa Rica y Argentina, con 12,2% y 11,3%, respectivamente, y muy lejos de Chile, con 4,4%.

La consecuencia es que hay una parte de la sociedad que percibe que será la que tendrá que pagar una fiesta que cada vez tiene más invitados: los jóvenes bien preparados. El problema es que demasiados de ellos no quieren hacerlo. De acuerdo a un estudio del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas un tercio de los jóvenes uruguayos de entre 18 y 29 años piensa emigrar, con un peso preponderante de los jóvenes con mayor preparación. En resumen, cuando venga el mozo con la cuenta se corre el riesgo que no haya nadie solvente para recibirla.

En Uruguay hemos aceptado pacíficamente en la última década que la colectivización es la estrategia por excelencia para ser solidarios, y que el resultado vale la pena la pérdida de libertad que ello implica. Eso no es obvio. No es inevitable perder la libertad para ayudar a quienes más lo necesitan.

Los problemas de sentido común parecería que son problemas de fácil solución, sin embargo no lo son. La razón de ello es que normalmente el decisor tiene objetivos adicionales al de resolver el problema planteado. No es sólo una cuestión de incapacidad sino también de agenda. En el caso de la colectivización de los problemas, por ejemplo, a los intereses de los ciudadanos se agregan los intereses potencialmente contradictorios de los grupos políticos y gremiales en busca de acumular y retener poder. En otros casos el hacer un diagnóstico adecuado exige reconocer explícitamente que la visión a partir del cual se llegó al poder era falsa. En todos los casos la conclusión es la misma. Cada vez más una sociedad sana exige un compromiso de todos los ciudadanos con la agenda pública y una actitud proactiva en la defensa de sus derechos.

 


 

[1]       http://www.bvrie.gub.uy/local/File/JAE/2012/iees03j3671112.pdf
[2]       http://www.montevideo.com.uy/Noticias/Jorge-Chediak-canto-Las-40–se-aclara-el-6-de-las-rapinas-y-en-hurtos-el-porcentaje-es-aun-menor–uc341604
[3]       http://www.carve850.com.uy/2017/04/10/que-disminuya-la-pobreza-no-quiere-decir-que-la-delincuencia-baje-automaticamente-dijo-leal/
[4]       https://twitter.com/criscor1996/status/965274230643478528
[5]       https://www.elobservador.com.uy/mayoria-los-jovenes-quiere-ser-narcotraficante-cuando-sea-adulto-n206248
[6]       http://www.carasycaretas.com.uy/fiscal-gustavo-zubia-las-penas-dan-pena/
[7]       http://eltelescopio.com.uy/un-nuevo-enfoque-de-la-rehabilitacion/
[8]       http://www.cifra.com.uy/index.php/2015/08/31/funcionarios-publicos/
[9]       http://www.uypress.net/auc.aspx?73096,29
[10]     http://www.vtv.com.uy/aristimuno-la-educacion-uruguay-una-maquina-producir-desigualdad/

Leonardo Veiga

Autor: Leonardo Veiga

Contador Público, Universidad de la República; Licenciado en Administración, Universidad de la República; Master en Dirección y Administración de Empresas, IEEM; CPCL, Harvard Business School, EE.UU., PhD Universidad de Navarra. Es profesor de Gestión de la Innovación y de Economía Política (IEEM/UM) y de Prácticas Desleales de Comercio y Defensa Comercial (CEA/ADAU). Es miembro del directorio del Centro de Innovación Tecnológica SEPÉ. Fue consultor del Programa Nacional de Desburocratización (PRONADE), del Plan de Desregulación del Comercio Exterior y las Inversiones (PLADES), miembro del Board del Global Entrepreneurship Monitor, Director del MBA del IEEM/UM y Coordinador de la carrera de Contador Público en la FCCEE/UM.