Miércoles, 22 de noviembre de 2017

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Proyecto de financiamiento de partidos

El proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos recibió media sanción en el Senado, por lo que ahora será tratado en la Cámara de Diputados. Este proyecto puede ser leído como un correctivo a la ley 18.485 de “partidos políticos” promulgada en 2009, por la cual se procuró, por primera vez, regular el financiamiento de los partidos. Es un proyecto que va tono con la tendencia al control del financiamiento en Latinoamérica.

La consigna general de este proyecto es controlar y regular el financiamiento privado de las campañas; uno de los desafíos que se había encarado, sin éxito, con la mencionada ley que le antecede.

El proyecto de ley establece, entre sus aspectos más importantes, un espacio gratuito para publicidad electoral en TV abierta entre las 18 y 23 horas. Los criterios de distribución de minutos ha levantado la polémica entre los senadores en virtud de que se dispone que el 45% del tiempo se distribuya en forma igualitaria entre los partidos con representación parlamentaria, en tanto, un 50% se distribuye de forma proporcional a los votos obtenidos en los últimos comicios, y el 5% restante queda reservado para los nuevos partidos.

Por otra parte, es llamativa la forma de establecer el control financiero de los partidos. El mismo queda a cargo de la Corte Electoral y no del Tribunal de Cuentas como podría presumirse en virtud de la expertise técnica de ese organismo (art.18 del proyecto). Además la Corte Electoral oficiará como el encargado de la compra de los minutos para publicitar la campaña electoral de los candidatos.

Otro de los cambios importantes refiere a las donaciones. Se prohíbe los aportes de las empresas. Se bajan los montos considerablemente tanto para aportes de los propios candidatos como de las personas que deseen aportar. (art. 7 y 8). Hasta 400 mil Unidades Indexadas por candidato y 100 mil por persona. Algo así como un tope de  un millón y medio de pesos por candidato y 365 mil pesos por persona. Además pasan a ser nominativas. Este es un cambio trascendente a la luz de lo que fue la anterior campaña electoral donde las donaciones anónimas campeaban como fuente de financiamiento de algunos candidatos, según un estudio de la Universidad Católica del Uruguay.

Esto ha motivado que algún candidato se diera por aludido, entendiendo que este proyecto de ley busca “censurar” candidaturas.

Al respecto es oportuno darle un poco más de contexto al tratamiento de proyectos orientados a regular el financiamiento de partidos en la región. Eso permite ver que en realidad es un proyecto, que como muchos otros, se enmarca en una tendencia regional.

De acuerdo a un exhaustivo trabajo patrocinado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Institute for Democracy  and Electoral Assistance (IDEA) entre 2004 y 2010, los 18 países que conforman el estudio han consolidado sus esquemas regulatorios, otorgándole cada vez mayor importancia y centralidad a los componentes públicos.  Países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela y Uruguay  legislaron sobre sus esquemas regulatorios de financiamiento de campañas electorales. De estos países hay trece que prevén el financiamiento público permanente o cotidiano de los partidos, siendo Uruguay el último país en acceder a este grupo en 2009[1] .

La transparencia en el financiamiento político ayuda a aumentar la confianza en el sistema. Esto es algo que los países de la región han consensuado, es decir, la necesidad de establecer y mantener “regímenes equilibrados y transparentes de financiación de las actividades de los partidos políticos”. (Art. X Carta Democrática  Interamericana)

El argumento general que sustenta esta orientación legislativa sostiene que los mecanismos de financiamiento público directo cumplen una función de equiparación en la oportunidad de la oferta política. En el fondo subyace el supuesto de que el financiamiento privado introduce una mayor desigualdad entre los competidores. Seguramente el criterio de distribución de la mitad de los minutos de televisión conforme al resultado electoral precedente hace ruido a este supuesto de igualdad (Gutiérrez y Zovatto, 2011).

De todos modos, cabe señalar que, según el estudio ya citado,  en 2010, 16 de los 18 países estudiados establecen algún tipo de criterio de distribución, ya sea de modo proporcional a la fuerza electoral (siete países), ya sea mediante combinaciones entre un principio de equidad y otro de caudal electoral (ocho países), o conjugando el caudal electoral con la representación parlamentaria.

 


 

[1] Pablo Gutiérrez y Daniel Zovatto (2011). Financiamiento de los partidos políticos en América Latina.

Alejandro Guedes

Autor: Alejandro Guedes

Politólogo. Egresado de la Faculta de Ciencias Sociales.Se encuentra cursando la maestría en Ciencia Política (UdelaR). Integrante del Programa de Estudios Parlamentarios del Instituto de Ciencia Política.

  • Walter Martinez Larrosa

    Sostengo que la solucion legislativa ademas de promover campañas pobremente igualitarias se queda a medio camino de una verdadera Democratizacion de las Elecciones, lo cual seria distribuir el mismo dinero a todos y con fondos exclusivamente publicos. De esta manera no seria necesario contar con ingentes cantidades de dinero para ser candidato y poder competir en pie de igualdad. Si a ello lo completamos con una Universidad de la politica que capacite a aquellos que deseen postularse podremos abrir los cotos cerrados e introducir ofertas variadas en cantidad y calidad a la ciudadania. Vease mi pagina en fb Democratizar Elecciones para ampliar contenidos e intercambiar opiniones.