Miércoles, 17 de mayo de 2017

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¿Qué ha hecho Pedro? – IV Preservación del medio ambiente

Este es la cuarta de una serie de artículos que procura realizar una revisión de todos los proyectos de ley que ha presentado el Senador Pedro Bordaberry en este período de gobierno. En el artículo inicial abordamos los proyectos referidos a temas referidos a la preservación del medio ambiente.

En esta área el Senador Bordaberry presentó seis proyectos, los cuales hemos agrupado en las categorías de marco institucional (dos proyectos), prohibiciones  (tres proyectos) y mitigación  (un proyecto).

 

Marco institucional 

Comisionado Parlamentario para la Protección del Medio Ambiente

Este proyecto propone la creación del “Comisionado Parlamentario para la Protección del Medio Ambiente” con el cometido de asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal o reglamentaria vigente, y de los convenios internacionales ratificados por la República, referidos a la preservación del medio ambiente.

Los cometidos que se asignan al Comisionado Parlamentario son: a) Promover el respeto de los derechos consagrados en el artículo 47º (protección del medio ambiente) de la Constitución de la República, b) solicitar información a las autoridades públicas y entidades privadas respecto de aquellos aspectos que afecten la vigencia de los derechos cuya protección se le confía, c) formular recomendaciones a las autoridades sobre la adopción, mantenimiento y modificación de las medidas y actos que refieran a los temas objeto de su competencia, d) recibir denuncias sobre violaciones de los derechos, en los aspectos referidos, de acuerdo con el procedimiento que se establece, e) realizar inspecciones de carácter general, debiendo anunciar su visita a la autoridad correspondiente con no menos de veinticuatro horas de anticipación, siempre y cuando se trate de verificar una denuncia, en cuyo caso podrá realizar inspecciones, a ese solo efecto, sin previo aviso, f) preparar y promover los estudios e informes que considere conveniente para el mejor desempeño de sus funciones, g) pedir informes a organismos públicos, oficinas, y entidades privadas, con fines de asesoramiento y promoción. Se excluye de esta atribución todo informe relativo a materia o competencia de carácter jurisdiccional, h) rendir anualmente un informe ante la Asamblea General, en el que se analizará la gestión cumplida con expresa mención de las recomendaciones y sugerencias formuladas a las autoridades administrativas, así como recomendaciones de carácter general. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, podrá brindar un informe extraordinario, i) proceder a la denuncia penal correspondiente cuando considere que existen delitos y j) cooperar con los organismos u organizaciones nacionales e internacionales que promuevan el respeto de los derechos objeto de su competencia.

El Comisionado no podrá anular los actos y resoluciones de la Administración, ni imponer sanciones ni otorgar indemnizaciones, pero podrá sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de actos y resoluciones. En el caso que la autoridad administrativa no siga las recomendaciones que le hayan sido formuladas por el Comisionado, deberá dentro de los treinta días de notificada de las mismas, dar respuesta por escrito, particularmente de las razones que le asistan para no seguirlas. Si el Comisionado Parlamentario no se conformare con ellas o no hubiere recibido información aceptable, remitirá los antecedentes al jerarca máximo del órgano en cuestión. Si dentro de los sesenta días no tuviere explicación adecuada, incluirá el asunto en su informe a la Asamblea General, con mención de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud, las recomendaciones formuladas y las razones de la Administración, si las hubiere.

El Comisionado Parlamentario será designado por la Asamblea General, en reunión conjunta de ambas Cámaras, requiriéndose el voto conforme de los tres quintos de sus componentes y ante la misma tomará posesión de su cargo, prestando juramento de desempeñarle debidamente. La duración del mandato del Comisionado Parlamentario será de cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

 

Creación del Observatorio Nacional de Fauna Silvestre  

La ley 17.283 del 28 de noviembre del año 2000 estableció que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución de la República, es de interés general la protección del ambiente, de la calidad del aire, del agua, del suelo y del paisaje (artículo 1o literal a). También declaró del mismo interés general la conservación de la diversidad biológica. Este proyecto de ley establece, entre otras cosas, que dentro de las actividades consideradas de interés general se encuentra la protección de la fauna.

Se incorporan asimismo, como nuevos cometidos del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección de la fauna y la instrumentación de la política nacional en la materia. A esos efectos se crea el Observatorio Nacional de Fauna Silvestre, el cual funcionará en la órbita de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. El Observatorio Nacional de Fauna Silvestre tendrá como objetivos la recolección, centralización y actualización de la información nacional sobre la fauna silvestre.

Se establecen asimismo los cometidos del Observatorio Nacional de Fauna Silvestre: a) la elaboración de un informa trianual sobre el estado de la fauna silvestre en el país, el que deberá enviar al Parlamento Nacional; b) registrar y actualizar la información relativa a la fauna nacional, incluyendo como mínimo lo siguiente: población de fauna silvestre del país, ubicación geográfica de las especies, especímenes e individuos, nómina especímenes, nómina de fauna en peligro o bajo amenaza, nómina de especímenes consideradas peligrosas, nómina de especímenes considerados plagas, y su hábitat, riesgos a la biodiversidad y a su hábitat, incluyendo la conducta de los distintos individuos, c) recabar la información de las entidades públicas y privadas relacionadas con la fauna silvestre, d) realizar estudios sobre la fauna silvestre en general, y en particular acerca de las amenazas sobre la misma, y e) promover convenios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, para el cumplimiento de los fines y cometidos que se le asignan al Observatorio Nacional de Fauna Silvestre.

 

 

Prohibiciones

Regulación del uso de bolsas plásticas

El proyecto dispone que a partir de un año contado desde su entrada en vigencia, se prohíbe la utilización de bolsas de plástico, de polietileno o de cualquier polímero plástico, con o sin inscripciones, con la finalidad de envolver diarios, revistas, medicamentos, ensobrar facturas, recubrir paquetes, ropa de tintorería o lavandería y todos los usos similares que la reglamentación establezca. A partir de los tres años de entrada en vigencia se prohíbe  fabricar, importar y comercializar en todo el territorio nacional bolsas de plástico, de polietileno o de cualquier polímero plástico, no biodegradable, con destino a su uso para la expedición o transporte de objetos por el consumidor final. La prohibición entra a regir a los tres años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley. Se exceptúan aquellas bolsas cuyo impacto medioambiental se sitúe dentro de los parámetros admitidos y cuando, por cuestiones de asepsia, las bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional deban ser utilizadas para contener alimentos o insumos húmedos y no resulte factible la utilización de un sustituto degradable y/o biodegradable en términos compatibles con la minimización de impacto ambiental.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, tendrá entre sus cometidos la fiscalización de la presente ley y la concientización pública y prevención del impacto para el medio ambiente de la utilización de bolsas plásticas y los beneficios de su sustitución por bolsas reutilizables o del uso de elementos biodegradables. La violación de las prohibiciones consagradas se declaran actos de contaminación grave del medio ambiente pasibles de las sanciones previstas por la Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre de 2000.

Se establece que todo comercio que entregue bolsas a sus clientes para el traslado de los artículos que haya adquirido, tendrá que tener a la vista bolsas reutilizables para su venta. Se dispone asimismo que en la reglamentación de la presente ley, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, definirá el cronograma según el cual las diversas actividades comerciales deberán sustituir gradualmente la entrega de bolsas biodegradables por bolsas reutilizables, de papel reciclable o compostables. Dicho cronograma abarcará un período máximo de cinco años.

El proyecto declárase de interés nacional los proyectos de inversión que tengan por objeto la reconversión de las industrias fabricantes de bolsas de plástico, de polietileno o de cualquier polímero plástico, las que quedarán comprendidas en las disposiciones de la ley Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998 (Ley de Declaratoria de Interés Nacional, Promoción y Protección de Inversiones) y los beneficios que esta otorga.

 

Prohibición de importación, fabricación y armado de vehículos propulsados por motores de combustión interna para su comercialización en el mercado interno a partir de 2030 y su circulación a partir de 2035

Se prohíbe la importación, fabricación y armado de vehículos que sean impulsados por motores de combustión interna cuyo destino final sea el mercado doméstico a partir del 1º de enero de 2030. Los vehículos comprendidos en la prohibición antes dispuesta son los siguientes: a) automóviles y vehículos comerciales, b) ómnibus, c) camiones, d) camiones tractores para semirremolques y e) motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos equipados con motor auxiliar. Se establecen un conjunto de excepciones, siempre y cuando el Poder Ejecutivo las autorice mediante el previo otorgamiento de un certificado de necesidad por parte de los Ministerios de Industria, Energía y Minería, Vivienda y Medio Ambiente y de Transporte y Obras Públicas. Los bienes que podrán ser exceptuados deberán estar dentro de alguna de estas categorías: a) vehículos con motores de combustión interna considerados deportivos o clásicos, con más de veinte años de antigüedad, cuyo destino exclusivo sea exhibición o participación en competencias y de acuerdo a la reglamentación que dicte el Ministerio de Industria, Energía y Minería a estos efectos, b) vehículos con motores de combustión interna destinados a actividades productivas donde su función sea relevante en el proceso productivo o de prestación del servicio, y cuyas prestaciones específicas no puedan ser desempeñadas por vehículos con una motorización distinta, c) vehículos con motores de combustión interna destinados a actividades productivas donde su función sea relevante en el proceso productivo o de prestación del servicio, y cuyo costo total de funcionamiento empleando combustibles no fósiles sea por lo menos un 30% inferior al costo de vehículos con una motorización distinta y prestaciones equivalentes. La propiedad y/o tenencia de los bienes exceptuados por esta vía de la prohibición dispuesta no podrá trasmitirse en modo alguno por el consumidor o usuario final para quien se importó o fabricó por el término de cuarenta y ocho meses.

A partir del 31 de diciembre de 2035 se prohíbe la circulación en territorio nacional de vehículos impulsados por motores de combustión interna en base a combustibles fósiles puros o en mezclas. Se faculta al Ministerio del Interior a proceder al secuestro de todo vehículo automotor que circule en contravención de lo establecido y disponer su depósito a cargo del propietario, poseedor o guardador de hecho del mismo, hasta tanto se pague la multa correspondiente (10 unidades reajustables). Las Intendencias Municipales cuando comprueben la circulación de vehículos en violación de lo dispuesto deberán denunciarlo ante el Ministerio del Interior a los efectos de la adopción de las medidas de fiscalización indicadas.

 

Proyecto de ley Moratoria sobre Proyectos de Fractura Hidráulica

El proyecto dispone la prohibición de explotación para la obtención de gas o petróleo por el procedimiento de fractura hidráulica de esquistos u otras formaciones geológicas que los pudieran contener, exceptuando las perforaciones que se realicen con propósitos científicos o de estudio y relevamiento de los suelos. Se crea una Comisión de Evaluación técnica que, cada cinco años, comenzando de la entrada en vigencia de la prohibición, evaluará si la prohibición mantiene, o en caso de levantarse, si se habilita bajo condiciones particulares bien definidas. A los efectos de su evaluación la Comisión tomará en consideración el estado de la técnica y las mejores prácticas disponibles en países con legislación de protección ambiental bien desarrollada.

Se crea la Comisión Nacional de Evaluación Técnica, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería y actuará con autonomía técnica, para el estudio del impacto ambiental derivado de la metodología a emplearse para la obtención de gas y petróleo de fuentes no convencionales, en especial la perforación horizontal y la fractura hidráulica. Se le asignan a la misma los siguientes cometidos: (a) Estudiar en profundidad los antecedentes mundiales en el tema de la perforación horizontal y la fractura hidráulica, (b) Recopilar, traducir y estudiar los informes que vayan produciendo los distintos organismos internacionales científicos y técnicos sobre estos temas, (c) Elaborar informes técnicos, estándares y un conjunto de Mejores Prácticas Disponibles (MPD) nacionales para la extracción de gas y petróleo en depósitos no convencionales en caso de que se levante la moratoria, (d) Asesorar, a su requerimiento, a los Poderes de Gobierno y a los Gobiernos Departamentales sobre el impacto derivado del empleo de los diferentes procesos de extracción de gas y petróleo de depósitos no convencionales. Se dispone que la Comisión está integrada por: (a) Un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que la presidirá, y cuyo voto tendrá valor doble en caso de empate, (b) Un representante del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, (c) Un representante del Área Científico-Tecnológica de la Universidad de la República, (d) Un representante propuesto por el conjunto de las demás instituciones universitarias públicas y privadas que actúen en la República, (e) Un representante del Congreso de Intendentes, (f) Un representante de la Academia Nacional de Ingeniería de Uruguay, (g) Un representante de la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay. Se establece asimismo que la Comisión tendrá las siguientes potestades:

(a) Dirigirse directamente a los diversos organismos estatales, paraestatales o privados para solicitar la información que entiende necesario para el cumplimiento de sus fines, (b) Requerir la realización de estudios de campo y de laboratorio, informes y análisis, así como recabar la opinión de especialistas radicados en el territorio nacional o en el exterior, (c) Disponer observación “in situ” de las acciones tendientes a la solución de los problemas derivados del impacto ambiental por el empleo de las técnicas de extracción bajo estudio, (d) Elaborar un plan detallado de estudio de los aspectos que afectan a las técnicas involucradas, para desarrollar durante el período en que actúe esta Comisión, e informes periódicos de avance con las sugerencias para la adopción de cursos de acción en la materia involucrada.

 

Mitigación

 Proyecto de ley de promoción de la mitigación de la contaminación de las aguas

 

Se declara de interés nacional la promoción de proyectos de mitigación de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, por parte de los propietarios o de los titulares de la explotación  de predios emplazados en las riberas de ríos, arroyos,  lagos y lagunas.Los bosques, bienes y terrenos afectados a los proyectos declarados promovidos estarán exentos de todo tributo nacional sobre la propiedad inmueble rural y de la contribución inmobiliaria rural por un plazo de 12 años. Los proyectos de mitigación de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas incluidos aquellos que supongan la plantación de bosques protectores con igual finalidad que sean promovidos de acuerdo a las previsiones de esta ley, recibirán, por un plazo de tres años, un subsidio por parte del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, equivalente al 30 % del costo ficto de plantación o mantenimiento, según el caso. El subsidio se hará efectivo mediante la entrega de certificados que se denominarán Bonos Verdes los que podrán ser utilizados para pagar obligaciones tributarias ante la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social, propias o de terceros.

El Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a propuesta de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, establecerá anualmente los costos fictos de mantenimiento y forestación.

Entre las condiciones que se establece debe reunir la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo se destaca que los criterios a considerar en la evaluación de los proyectos deberán vincularse exclusivamente  a la adopción de medidas eficaces de mitigación de la contaminación de las cauces de aguas superficiales y subterráneas.

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Autor: Admin Telescopio