Martes, 25 de abril de 2017

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¿Qué ha hecho Pedro? Parte II – Transparencia y lucha contra la corrupción

Este es el segundo de una serie de artículos que procura realizar una revisión de todos los proyectos de ley que ha presentado el Senador Pedro Bordaberry en este período de gobierno. En el artículo inicial abordamos los proyectos referidos a temas de seguridad, en este abordaremos un tema afín, que es el referido a la transparencia y lucha contra la corrupción.

En esta área el Senador Bordaberry presentó siete proyectos, los cuales hemos agrupado en las categorías de transparencia (tres proyectos), tipificación de nuevos delitos (dos proyectos), prohibiciones e incompatibilidades (tres proyectos), mecanismos de control (un proyecto) y marco institucional (un proyecto).

 

Transparencia 

Obligatoriedad de rendir cuentas de los ingresos y egresos a los precandidatos que comparezcan en las elecciones internas de los partidos políticos

Este proyecto dispone que todos los pre-candidatos presidenciales que comparezcan a las elecciones internas de los partidos políticos deberán designar dentro del plazo de 15 (quince) días contados a partir de su proclamación, un comité de campaña integrado por tres responsables del mismo como mínimo, que serán responsables, conjunta y solidariamente, de llevar adelante los procedimientos previstos en materia de transparencia cuyo propósito es la presentación de una rendición de cuentas ante la Corte Electoral. Las mismas obligaciones deberán ser cumplidas por los responsables de campaña de las listas de candidatos al Órgano Deliberativo Nacional, al Senado, a la Cámara de Representantes y a las Juntas Departamentales.

El comité de campaña estará obligado a presentar a la Corte Electoral, 30 (treinta) días antes de celebrarse la elección, un presupuesto inicial de campaña en donde se detallarán los gastos e ingresos previstos en términos generales así como los detalles de las donaciones recibidas hasta la fecha.

El proyecto también establece que todos los presupuestos iniciales de campaña y las rendiciones de cuentas presentadas ante la Corte Electoral tendrán carácter público y podrán ser consultados por cualquier persona, sin limitación alguna. Asimismo se publicarán en la página electrónica oficial de la Corte Electoral y un resumen de cada una de ellas, en el Diario Oficial. 

 

Publicación de los estados contables de los organismos estatales

El artículo 191 de la Constitución de la República dispone que los Entes Autónomos los Servicios Descentralizados y, en general, todas las administraciones autónomas con patrimonio, cualquiera sea su naturaleza jurídica, publicarán periódicamente estados u reflejen claramente su vida financiera. El artículo 205 extiende esta obligación también a los distintos servicios de enseñanza. Este proyecto establece que todos los organismos antes mencionados y, en general todos los organismos públicos a los que corresponda publicar los estados que reflejen su actividad financiera, deberán publicar de dichos estados en el sitio web que, a tales efectos, establecerá la Auditoría Interna de la Nación.

El proyecto establece asimismo qué se considerará comprendido dentro de las “administraciones autónomas con patrimonio, cualquiera sea su naturaleza jurídica” a las personas de derecho público no estatal y personas jurídicas de derecho privado cuyo capital social esté constituido en su totalidad o parcialmente por participaciones, cuotas sociales o acciones nominativas propiedad del Estado o de personas públicas no estatales. 

 

Obligación de publicar todas las remuneraciones de todos los organismos del estado nacional y departamental

Se establece que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto deberá dar publicidad, por lo menos una vez al año y en el sitio web que se determine por la reglamentación, la siguiente información mínima respecto a los cargos y contratos de las unidades ejecutoras de Presidencia y de todos los Ministerios: unidad ejecutora, escalafón y monto total nominal devengado en el mes correspondiente. Se establece asimismo que debe publicarse en el mismo medio electrónico, la siguiente información mínima: nombre completo del funcionario, grado y escalafón que ocupa o situación contractual equivalente, unidad ejecutora a la que pertenece, fecha de ingreso a la administración pública y variaciones del ingreso en el período precedente. La información a publicitarse comprenderá todos los ingresos de los funcionarios, presupuestados o contratados y los titulares de contratos de arrendamiento, cualquiera sea la denominación o naturaleza de los mismos.

Se establece también que igual obligación tendrán todos los demás organismos públicos, poderes de gobierno, organismos autónomos o descentralizados, gobiernos departamentales, u organismos de control, las personas de derecho público no estatal y personas jurídicas de derecho privado cuyo capital social esté constituido en su totalidad por participaciones, cuotas sociales o acciones nominativas propiedad del Estado o de personas públicas no estatales.

 

Tipificación de nuevos delitos

Enriquecimiento ilícito

El proyecto penaliza el enriquecimiento patrimonial no justificado acontecido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público. Se establece que se ha configurado enriquecimiento ilícito cuando, a requerimiento de la autoridad judicial, el involucrado no puede justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial, suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta 5 (cinco) años después de haber cesado su desempeño. Se entiende que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiere incrementado con dinero, bienes muebles o inmuebles u otros valores, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.  Cuando el involucrado que ocupe un cargo electivo o de particular confianza, o hubiere sido designado previa venia parlamentaria se considera que existe un agravante especial y la pena pasa a ser de 2 (dos) a 10 (diez) años de penitenciaría, con multa de 300 UR (trescientas unidades reajustables) a 30.000 UR (treinta mil unidades reajustables), e inhabilitación especial de 5 (cinco) a 10 (diez) años.

Se establece que, siempre que el hecho no constituya otro delito más grave, será castigado con 18 (dieciocho) meses de prisión a 6 (seis) años de penitenciaría, con multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 20.000 UR (veinte mil unidades reajustables), e inhabilitación especial de 2 (dos) a 5 (cinco) años.

También se dispone que con la misma pena será castigada la persona interpuesta para disimular el enriquecimiento ilícito.

 

Imprescriptibilidad de delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública

El concepto de la prescripción de la acción penal alude a la imposibilidad de perseguir y castigar a alguien luego de transcurrido un cierto tiempo desde la comisión del hecho delictivo. Se establece la imprescriptibilidad de delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Se dispone que la acción penal será imprescriptible, para todos los que hubiesen participado en los delitos de:  peculado; peculado por aprovechamiento del error de otro; concusión; cohecho simple; cohecho calificado; soborno; fraude; conjunción del interés personal y del público; abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley; revelación de secretos previstos en el Código Penal; así como en todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción ratificada por la Ley Nº 17.008 de 15 de setiembre de 1998 y/o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ratificada en Uruguay por la Ley Nº 18.056, de 20 de noviembre de 2006.

 

Prohibiciones e incompatibilidades

Prohibiciones e incompatibilidades en el ejercicio de la actividad privada para titulares de determinados cargos públicos

El proyecto dispone que el Presidente y Vicepresidente de la República, los Ministros y los Subsecretarios de Estado, los Directores Generales de Secretarías, el Director y el Sub Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como el Secretario y el Prosecretario de la Presidencia de la República no podrán ser titulares, dependientes, asesores, patrocinantes, auditores, representantes, consultores, socios, directores, síndicos o similares, de persona física o jurídica alguna, nacional o extranjera, mientras se desempeñan en el cargo público asignado. La prohibición comprende  los períodos de licencia, bajo cualquier régimen y aquellas actividades honorarias, exceptuándose, solamente, las funciones no remuneradas de docentes universitarios. Esta inhibición persistirá luego de abandonado el cargo, por cualquier causa, mientras se perciba algún tipo de compensación o subsidio inherente al cargo en cuestión.

Eventuales excepciones a las prohibiciones dispuestas exigirán un Mensaje del Poder Ejecutivo y el voto conforme de los dos tercios de componentes de cada Cámara reunidas en Asamblea General.

El apartamiento de lo dispuesto dará lugar al procedimiento previsto en el artículo 93 de la Constitución de la República, para el Presidente y el Vicepresidente de la República; y los Ministros de Estado. El citado artículo de la constitución dispone que eompete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa.

Para el caso de los demás jerarcas mencionados darán lugar a la pérdida inmediata del cargo y la inhabilitación para ejercer cualquier otro cargo público, por el término de cinco años.

 

Se prohíbe la realización de publicidad por parte de las Empresas Públicas

Se dispone que las empresas públicas que realicen actividades en régimen de monopolio, no podrán realizar gastos en publicidad, promoción o comunicación pública, salvo los vinculados a bienes o servicios que presten en régimen de competencia, con la única excepción de los gastos necesarios para comunicar hechos puntuales que requieran difusión pública, para la salvaguarda del interés público o que se requieran para el correcto desenvolvimiento de los servicios que presten. A los efectos de lo dispuesto se entienden como empresas públicas los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Personas Públicas No Estatales, Empresas de Integración Mixta  y Sociedades Comerciales con predominancia de participación estatal, que realicen actividades industriales o comerciales.

 

Incompatibilidades para ocupar cargos en el área de salud

El proyecto establece que es incompatible el ejercicio de la dirección y el gerenciamiento de las entidades integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud que demanden servicios a terceros con la provisión de los mismos, salvo cuando se formalicen alianzas estratégicas entre prestadores, en cuyo caso requerirá autorización de la Junta Nacional de Salud. La incompatibilidad incluye a las personas que ejerzan la función, sus socios, cónyuges o concubinos, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Los contratos que se formalicen violando esta disposición serán absolutamente nulos.

Se establece asimismo que los socios de las Instituciones de Asistencia Médica Privada de Profesionales no podrán ocupar cargos ni ejercer funciones en cargos políticos o de particular confianza en el Ministerio de Salud Pública, en la Junta Nacional de Salud, en la Administración de Servicios de Salud del Estado, ni en el Fondo Nacional de Recursos, así como tampoco desempeñar cargos y funciones de dirección y administración en instituciones prestadoras públicas de salud.

El incumplimiento de las incompatibilidades establecidas será considerado falta administrativa grave y constituirá causal de destitución.

 

Mecanismos de control 

Obligatoriedad de declarar ante las Comisiones Investigadoras Parlamentarias

De acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente (ley 16.698 de fecha 25 de abril de 1999) los citados a declarar por las Comisiones Investigadoras Parlamentarias, ya sea funcionarios públicos o no, no están obligados a concurrir. Si este se niega, no existe conminación que la imponga. El proyecto establece que cuando se cite a testigos a declarar, su comparecencia será obligatoria.  A esos efectos el proyecto equipara la situación de los convocados a declarar en calidad de testigos, peritos e intérpretes ante las Comisiones Investigadoras con la de quienes en similares condiciones declaran ante los tribunales en cuanto a su falso testimonio. Esta equiparación comprende la obligatoriedad de declarar, la posibilidad de conducción forzada de los testigos renuentes y la responsabilidad por falso testimonio o exposición.

 

Marco institucional 

Se transfiere a la Junta de Transparencia y Ética Pública al Tribunal de Cuentas de la República

Actualmente la Junta de Transparencia y Etica Pública depende del Poder Ejecutivo, lo que lleva a la paradoja que el contratante depende del contratado. El proyecto plantea que la Junta pase a depender del  Tribunal de Cuentas, en tanto dicho organismo ha sido concebido ante todo, para ejercer el control externo de la regularidad de los gastos y cuentas del Estado, es un organismo de control de fuente constitucional y situado en el máximo nivel de la organización institucional. Esta transferencia evitará que quien ejerce el control depende del controlado y contribuirá a consolidar un medio de control más eficiente y transparente.

El proyecto dispone asimismo que los integrantes de la Junta de Transparencia y Ética Pública sean designados por la Asamblea General, sobre la base de propuestas formuladas por el Tribunal de Cuentas.

Leonardo Veiga

Autor: Leonardo Veiga

Contador Público, Universidad de la República; Licenciado en Administración, Universidad de la República; Master en Dirección y Administración de Empresas, IEEM; CPCL, Harvard Business School, EE.UU., PhD Universidad de Navarra. Es profesor de Gestión de la Innovación y de Economía Política (IEEM/UM) y de Prácticas Desleales de Comercio y Defensa Comercial (CEA/ADAU). Es miembro del directorio del Centro de Innovación Tecnológica SEPÉ. Fue consultor del Programa Nacional de Desburocratización (PRONADE), del Plan de Desregulación del Comercio Exterior y las Inversiones (PLADES), miembro del Board del Global Entrepreneurship Monitor, Director del MBA del IEEM/UM y Coordinador de la carrera de Contador Público en la FCCEE/UM.