Martes, 24 de julio de 2018

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¿Quienes redactan las leyes?

Ahora que terminó el mundial y el Uruguay ha vuelto a la realidad, es  tiempo de formular algunas preguntas ineludibles, como la del título.

En la legislatura anterior, (2.010/15) se aprobó una norma que ampliaba la opción que tiene el  Instituto Nacional de Colonización de comprar un establecimiento rural por el precio pactado entre dos particulares, agregando  la facultad de “elegir” comprar (por la porcentual del precio) una porción del campo, (por ejemplo, el casco, los corrales y los dos mejores potreros); desmantelando la unidad productiva y generando gravísimos perjuicios al vendedor.

Cuando los que habían votado “haciendo confianza” (sin haber leído el texto), cobraron conciencia del disparate, la norma fue objeto de una “cirugía de urgencia”; estas “operaciones” no han sido infrecuentes, con lamentables casos de senadores que se asesoraron con quién no debían y en lugar de informar, desinformaron a sus pares.

Ahora hubo una gran discusión a nivel parlamentario sobre si menores y adolescentes, pueden resolver cambiar su sexo por medio de procedimientos médicos radicales, terapias hormonales y castración incluida; que no surgió del MSP, sino de una “Unidad de Promoción Socio Cultural” del MIDES, liderada por un despachante de aduanas entusiasta de la agenda de derechos y la diversidad sexual LGTB.

Por  incluir la palabra “derogar” en lugar de “substituir” en una “Ley Integral Contra el Lavado de Activos”, los “lavadores de dinero” podrían ser liberados; dando una muestra más de que la técnica legislativa, el dominio del lenguaje jurídico, y la corrección exhaustiva de los textos, están irresponsablemente ausentes del proceso de “hacer las leyes” en nuestro parlamento.

Tiene media sanción en el Senado un proyecto de ley para la derogación del delito de “abuso innominado de funciones”, con el claro propósito “salvemos a Lorenzo, Caloia y Sendic”, (siguen nombres…); que quedó “cajoneado” en Diputados ante la promesa del Senador  Pedro Bordaberry  que si se aprobaba,  juntaría firmas para derogarlo.

Pero no hay que alegrarse, también  están “cajoneados” los proyectos para crear el delito de “ENRIQUECIMIENTO ILICITO”, (que insistentemente reclama la JUTEP), y la “IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN”, que sin duda tiene el total respaldo de la ciudadanía, votantes de la Coalición de las Izquierdas mayoritariamente incluidos.

En la semana previa a la sanción del vapuleado Código General del Proceso, se modificaron más de un centenar de artículos, ¿alguien puede extrañarse que funcione mal?

El concepto de “código” como texto ordenado y concordante de normas referidas a un tema específico, puede asimilarse perfectamente a un mecanismo de relojería, cuyo funcionamiento armonioso depende de un diseño racional; cuando el relojero, (el codificador), lo ha terminado y se lo va a poner en funcionamiento, ¿a quién se le ocurriría ponerse a cambiarle engranajes?

Es entonces necesario preguntarse ¿Quién hace las leyes en el Uruguay?; y la pregunta tiene varias respuestas: algunas tienen “padre” como es el caso del economista Daniel Olesker, con la Ley Nº 18.131, creadora del FONASA, y el subsiguiente “agujero negro presupuestal”.

En otras, existe una fuerte sospecha de paternidad compartida, como la “Bancarización”, que parece redactada a medias por la DGI y la Asociación de Bancos, (estos se quedan con el negocio, y la DGI tienen un “periscopio” digital en el bolsillo de los ciudadanos), a la que se sumó en “concurrencia oportunista”  el no aclarado, (pero bien sabido), negocio de los “POS” que registran debitan y cobran por cada pasada de tarjeta, ¡cuyos proveedores no están registrados en el Banco Central!!!.

Ahora, a instancia del Ministro del Interior, (redactada por sus técnicos), y con el apoyo del MPP, se estará aprobando una modificación que apunta a corregir las más criticadas inconsistencias del CPP, y finalmente, el “Plenario” de la Coalición de las Izquierdas, dio “permiso” a sus senadores para que votaran el tratado de libre comercio con Chile, un tratado que hace dos años firmaron los presidentes Vázquez y Bachelet, (que ya no ejerce la presidencia).

En fin, parece que la pregunta del título tiene respuestas inquietantes; porque no solo no las escriben los legisladores, tampoco las leen, y además hay 50 diputados y 16 senadores que ni siquiera pueden votarlas si su partidocracia no lo autoriza…

Juan Modesto Llantada

Autor: Juan Modesto Llantada