Jueves, 9 de marzo de 2017

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Realidad vs. relato oficial

La ciudadanía se ve cada vez más conmocionada con una creciente ola de episodios violentos que despiertan una alarma más que justificada. No es que la inseguridad sea un hecho nuevo, pero se agudiza y cobra vidas cotidianamente.

El 2017 comenzó con 49 muertes violentas como resultado de eventos delictivos en los dos primeros meses del año. Y tales datos lamentablemente no son una buena señal.

Este panorama se da a su vez en un contexto que merece reseñarse. Para ello, basta observar 4 factores:

1- Por un lado, el pronunciado aumento presupuestal que ha recibido el Ministerio del Interior, el cual sin embargo no hay permitido una drástica reducción de los delitos como correspondería.

En efecto y como se observa en el cuadro siguiente, la sociedad ha realizado un importante esfuerzo volcando muchísimo dinero para mejorar la seguridad pública. Del año 2000 al 2016 prácticamente se ha multiplicado casi por 5 el presupuesto del ministerio del interior. Sin embargo los resultados son nulos o imperceptibles. Indudablemente ha fallado la gestión.

Evolución Presupuestal del Ministerio del Interior
Año 2000 U$S 181 millones
Año 2005 U$S 241 millones
Año 2010 U$S 590 millones
Año 2016 U$S 882 millones

 

2- En segundo término, se puede mencionar que el pasado año 2016, la ciudad de Montevideo reflejó una elevadísima tasa de homicidios de 11,2 cada 100 mil habitantes, en comparación por ejemplo con la ciudad autónoma de Buenos Aires, que registró una tasa de homicidios de 3,3; o la ciudad de Madrid que tuvo apenas 0,6; o la de Nueva York que marcó una tasa de homicidio de 3,8 cada 100 mil habitantes; mientras que Los Ángeles tuvo 7,5. A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que se enfrenta una “epidemia de homicidios” cuando se supera una tasa de 10 por cada 100 mil habitantes. Y como se observa, la ciudad de Montevideo supera esa tasa.

3- En tercer lugar, aparece el alarmante promedio delictivo que sufre nuestra sociedad, jaqueada por la delincuencia. Sin lugar a dudar, se trata de una situación muy preocupante.

promedios delictivos

4- Y en cuarto lugar, figuran los costos de la delincuencia. Conocer el costo económico de la delincuencia, significa comprender el alto costo humano que representa para la población y el grave impacto que la delincuencia tiene sobre el desarrollo de un país.

Los costos de la delincuencia -sin incluir el valor de los bienes robados- se suelen clasificar en 3 categorías:

– Costos sociales. Son los costos de la victimización, en términos de pérdida de calidad de vida, afectación física, síquica y emocional (por homicidios y otros delitos violentos) e ingresos perdidos (no generados) de la población penitenciaria. Se estima que este costo lo compone un 21% del monto global.
– Costos incurridos por el sector privado. Que incluyen el gasto de los particulares, de los hogares y las empresas, en la prevención del delito (gasto en medidas de protección, rejas, alarmas, seguros, servicios de seguridad, etc.). Este ítem representaría un 37%.

– Costos incurridos por el sector público (el Estado). Son el gasto público en la prestación de servicios policiales, en la administración de las cárceles y en el sistema judicial. Suele representar un 42%. Es un rubro que si bien lo hace el Estado su fuerte de recursos presupuestales se financia por impuestos que recaen a su vez sobre toda la población.

Los costos –tanto directos como indirectos- de la delincuencia implican distraer infinidad de recursos que se podría invertir en programas sociales, en salud, en educación, en infraestructura, en mejorar el bienestar de la población y en el PBI per cápita.

Para nuestro país, y según el estudio “Los costos del crimen y de la violencia: nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe”, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el costo del delito en Uruguay alcanzaba a US$ 1.592 millones (en términos nominales) al año. Esto representa que el delito en Uruguay le cuesta a cada persona que vive en nuestro país US$ 460 por año. Asimismo se señala que el costo del crimen fue de 2,23% del producto interno bruto (PIB), en 2014 (último dato disponible en el estudio). En consecuencia el análisis de comprender el fenómeno y todo lo que abarca desde la perspectiva económica implica entender lo importante de implementar, de forma eficaz y efectiva acciones de reducción y prevención de delitos.

En SUMA: Todos estos elementos dan clara evidencia de la magnitud del problema de la inseguridad reinante. A su vez, estos datos de la cruda inseguridad están reñidos y alejados, del panorama que se pretenden comunicar oficialmente. Por cuanto no se ve una mejora real en la seguridad.

Por ende, las autoridades dejan de manifiesto su incapacidad de reconocer lo que realmente sucede. Donde confunden deseos con realidad. Los malos y magros resultados de la gestión del Ministerio del Interior se pueden interpretar como un fracaso, en virtud de que en los últimos años se han batido record históricos en materia de homicidios, rapiñas y hurtos. Dando como resultado una “consolidación” de los delitos violentos”. Tampoco han logrado comprender que los homicidios y las rapiñas no son números, son muerte y dolor. Donde el delito aflige y afecta a la víctima, pero también a su núcleo familiar.

Como corolario, dos hechos increíbles evidencian la gravísima situación y el descontrol imperante: por un lado, que un preso asesine vilmente a su esposa durante el horario de la visita en un centro de reclusión y por otro, que los reclusos roben una cantina dentro de una cárcel.

Una política efectiva en materia en seguridad es la que logra efectivamente frenar y hasta disminuir la inseguridad, a la vez que apunta y logra, que quienes modifiquen su conducta y hábitos sean los delincuentes y no la gente común, los ciudadanos honestos, que día a día la luchan trabajando.

Guillermo Maciel

Autor: Guillermo Maciel

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Doctor en Diplomacia. Docente de la Universidad de la República; de la Universidad de la Empresa y de otros centros de estudios superiores. Director General del Ministerio del Interior de la República Oriental del Uruguay de 1999 a 2005. También se desempeñó como asesor del Ministro del Interior durante 1998. Asesor del Comité Nacional de Calidad de la Presidencia de la República de 1996 a 1999. Director del Observatorio en Seguridad de la Fundación Propuestas. Consultor especializado en seguridad ciudadana; y autor de varios trabajos publicados sobre la materia.