Viernes, 13 de mayo de 2016

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Seguridad Pública: Los Colorados y el dialogo

La Convención del Partido Colorado, celebrada el pasado sábado 7 de mayo, permitió conocer la opinión de los dirigentes y sectores partidarios acerca de la convocatoria del Poder Ejecutivo a un diálogo sobre seguridad y convivencia ciudadana.

No fueron pocos los que expresaron su escepticismo sobre los resultados del mismo, teniendo en cuenta la negativa del presidente de la República a remover de su cargo al ministro del Interior, el señor Bonomi y el desinterés –cuando no la negativa- de la bancada del Frente Amplio a tratar –y a aprobar- los muchísimos proyectos de ley presentados por la oposición en el Parlamento referidos al tema seguridad. Sólo los legisladores colorados, en especial el senador Bordaberry, presentaron 24 iniciativas.

Otros opinaron que no puede descartarse que el gobierno, corroído por las diferencias  a la interna del FA, condicionado por una situación económica para la que no se preparó y presionado por una sociedad que exige soluciones a la inseguridad creciente, haya convocado al diálogo para ganar tiempo y, si puede, hacer corresponsable de su fracaso en la materia a la oposición toda.

Por otra parte, todos coincidieron en que la responsabilidad de conservar el orden público corresponde, constitucional y políticamente,  al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, primó la disposición a dialogar y a trabajar para alcanzar soluciones reales al problema de la inseguridad ciudadana, aportando al efecto las propuestas concretas que se han elaborado –y presentado- al respecto. Fueron muchos los que entendieron que sólo así el partido Colorado estaría haciendo honor a la ética de la responsabilidad que lo caracteriza y atendiendo el relamo popular de superar las diferencias políticas para alcanzar acuerdos que aseguren soluciones a los problemas de la gente.

En cualquier caso, fue unánime la opinión de que el diálogo político no debe ser un objetivo en sí, que las conversaciones no pueden extenderse indefinidamente y que hay que exigir resultados concretos a corto plazo. La situación de inseguridad que se vive así lo demanda.

En la última reunión mantenida en la Presidencia de la República, la cuarta desde el pasado 12 de abril, se acordó ratificar la entrada en vigencia del nuevo código del proceso penal durante 2017 (tal como lo prevé la ley N° 19.293), dar estado parlamentario al proyecto de ley orgánica de la Fiscalía y aprobar el proceso penal abreviado y la mediación extraprocesal en sede judicial.

Se avanzó en el proyecto para limitar los mecanismos de excarcelación para los delincuentes reincidentes y habituales, restando definir los delitos a los que se aplicará la medida.

Todas iniciativas importantes y necesarias, en la medida que actualizarán de una buena vez un proceso penal obsoleto y poco garantista. Pero convengamos que, salvo el proyecto de limitación de la excarcelación de los reincidentes, no son medidas que apunten a llevar tranquilidad al comerciante que rapiñan todas las semanas, al trabajador que matan por dos pesos o al honesto vecino que no puede dejar su casa sola porque la roban.

Por eso, terminada la consideración de los temas propuestos por el Poder Ejecutivo, se hace necesario ingresar en el análisis de los temas propuestos por la oposición, que entendemos, apuntan mejor a atacar el problema de la inseguridad.

En ese sentido, el partido Colorado ha propuesto la creación de un instituto carcelario descentralizado por fuera del Ministerio del Interior para retener y re socializar a los delincuentes, el pasaje de la custodia de frontera seca y sedes diplomáticas al Ministerio de Defensa para contar con más policías en las calles, modificar la ley de Procedimiento Policial para dar mayores herramientas a la policía para prevenir y combatir la delincuencia, actualizar el concepto de legítima defensa, establecer el deber de informar a la víctima de la salida o liberación del recluso, normas para complementar y mejorar la actual ley sobre la violencia doméstica, etc.

En definitiva, normas que ponen el énfasis en la protección de los ciudadanos honestos, el combate al delito, el amparo a las víctimas y la reeducación del delincuente. La situación exige que los poderes públicos den señales claras que delinquir no paga.

Durante la reunión de la Convención del sábado pasado hubo otra coincidencia unánime: más allá de los cambios legales, necesarios en muchos casos, lo que se requiere es un cambio en la gestión de las políticas y de los recursos asignados a la seguridad pública.

Por eso la insistencia en la renuncia del ministro Bonomi, que tras seis años al frente del Ministerio del Interior, y pese a contar con más dinero, más personal, mejor equipamiento y haber reestructurado el ministerio y la policía, no ha hecho más que obtener, año a año, peores resultados. Tal vez por eso, en mayo de 2016, todavía el Ministerio del Interior no ha dado a conocer los datos de los delitos cometidos en 2015 (solo los que se denuncian, claro).

Durante la primera reunión, el 12 de abril, el Presidente de la República dijo que el diálogo implicaba un “cambio de rumbo”, lo que generó expectativas en los presentes y en la gente.

Los colorados queremos creerle al presidente; por eso estamos poniendo lo mejor de nosotros para concretarlo.

José Garchitorena

Autor: José Garchitorena

Abogado y funcionario. Actualmente es Ministro de la Corte Electoral. Integró el directorio de UTE entre 2010 y 2012. Miembro electo de la Junta Electoral de Montevideo (2000-2005). Integrante de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República entre 1987 y 1989. Afiliado al Partido Colorado desde 1983, fue Prosecretario General del mismo. Es miembro de diversas instituciones culturales y sociales. Colaborador de diversas publicaciones periodísticas. Es autor de los libros Manual Práctico de Derecho Electoral Uruguayo y de Historia de un mito, las elecciones de 1971 y la denuncia del Partido Nacional.