Lunes, 16 de mayo de 2016

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Sensatez en el Palacio Santos

La separación del cargo por seis meses de la presidente Dilma Rousseff, resuelta esta semana por el Senado de Brasil, generó distintas reacciones en las naciones sudamericanas.
Por un lado quienes se sienten ideológicamente cercanos a la presidente suspendida no dudaron en calificar de golpe de Estado el proceso de impeachment.
Tal fue el caso de Cuba, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua.
Otras naciones reconocieron que se está aplicando la Constitución brasileña y afirmaron que era un tema interno sobre el que no se debía intervenir.
Dentro de las naciones que así lo hicieron se encuentra el Uruguay.
Nuestro canciller expresó que el proceso de impeachment se encuentra “dentro de los márgenes constitucionales“ y por ende no se debe activar la cláusula democrática.
Estas declaraciones contrastaron con las de la Mesa Política del Frente Amplio quien afirmó que se estaba ante un golpe de Estado “parlamentario“.
Las diferencias entre lo resuelto por las distintas naciones sudamericanas y las diferencias entre el gobierno y el Frente Amplio revelan un cambio profundo en lo que fueron las relaciones internacionales de los últimos tiempos.
Durante los últimos 7 u 8 años las relaciones internacionales se cimentaron en las afinidades políticas y no en el derecho internacional y los intereses nacionales.
Esa política no logró avance alguno en las integración y el desarrollo económico de la región sino el retroceso y la crisis que hoy invade a la misma.
Se privilegió el amiguísimo ideológico sobre el interés nacional y lo jurídico.
Así, por ejemplo, se suspendió al Paraguay del Mercosur bajo el justificativo de que “lo político estaba por encima de lo jurídico“.
No extraña que sean precisamente Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua los que condenen la aplicación de la Constitución por parte del Parlamento brasileño. Fueron, junto con la Argentina de los Kirchner y el Uruguay de Mujica, los promotores de esa alianza ideológica.
Por suerte, eso cambió.
Nuestro canciller actuó de forma sensata, reconociendo lo que es evidente: que el proceso iniciado se encuentra dentro de las previsiones del artículo 83 de la Constitución del país norteño y que el Senado es el competente para tomar la decisión.
Su declaración fue también oportuna. Tuvo lugar antes de que se pronunciara la Mesa Política del Frente Amplio que, de nuevo, parece ir por el camino de que lo político prima sobre lo jurídico.
Para la Mesa Política del Frente Amplio se está ante un golpe de Estado. De nuevo van por el camino de la defensa a rajatabla de los amigos ideológicos.
No se dan cuenta que al hacer esto en definitiva están horadando lo que ha sido los pilares de nuestra política exterior.
La sensatez y el respeto por el derecho son fundamentales para una nación pequeña como el Uruguay. Siempre fueron las bases de nuestra política exterior y es bueno que se hayan retomado en el Palacio Santos.

Admin Telescopio

Autor: Admin Telescopio