Jueves, 17 de noviembre de 2016

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Trump, los medios y la libertad

Durante la interpelación del senador Pedro Bordaberry al ministro del Interior, el pasado 27 de octubre, el senador frenteamplista Leonardo de León ensayó una defensa de las políticas de seguridad del gobierno apelando al papel que según su criterio les cabe a los medios de comunicación.

En resumen, el senador de León criticó “la constante difusión de notas sobre crímenes, asaltos, secuestros y homicidios”, que “…crea un clima particularmente inquietante para los ciudadanos…” y por tal razón “…los individuos creemos que la realidad cercana es semejante a esa situación de crímenes atroces.”

“No es posible dejar de considerar la influencia que los medios pueden generar en las percepciones…” dijo, afirmando que “Cada vez más vemos la importancia que tiene la ley de medios en nuestro país para que tengan el rol que deben jugar en cuanto al apoyo de las políticas de convivencia…”

Desde que comenzó a hablarse del tema en el país, a instancias de lo que venía ocurriendo en otros países “progresistas” como la Argentina kirchnerista, la Bolivia de Evo o la Venezuela chavista, pocas veces quedó tan clara la motivación última de la ley 19.307, llamada de “Regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual”: obligar a las radios, los canales de TV y otras plataformas audiovisuales a apoyar las políticas del gobierno de turno. Porque nótese que el senador no se refirió a que los medios de comunicación deben jugar un rol de apoyo a la convivencia social, sino a las “políticas” de convivencia, que en tanto tales son determinadas por las autoridades de gobierno.

Esto confirma los temores de quienes entienden que la minuciosa regulación de los contenidos y la amplia discrecionalidad que la ley otorga a las autoridades para evaluarlos, puede dar lugar a que se los controle y dirija según los criterios y conveniencia del gobierno. Que se pongan los medios de comunicación audiovisual a su servicio.

Pero además, la intervención del senador de León, dejó en evidencia una premisa que también está en el origen de la ley de medios: que los medios de comunicación son determinantes en la conformación de la opinión pública y por ende en la toma de decisiones de la gente.

Sin embargo, la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, ha dejado en evidencia, una vez más, que tal premisa es, por lo menos, relativa.

Desde que lanzó su candidatura, Trump contó con la activa y -al final de la campaña electoral- desembozada oposición de más del 90% de la prensa estadounidense (cadenas de TV, diarios y radios).

La amplia mayoría de los periodistas, de los editoriales y en general de los denominados “formadores de opinión”, criticaron al candidato republicando llamando a votar por la candidata demócrata. Y sin embargo, Trump ganó la elección presidencial.

En 1980, el pueblo uruguayo dijo NO al proyecto de reforma constitucional promovido por la dictadura pese a la profusa propaganda oficial y a las restricciones que tuvo la oposición para expresar su posición.

Y podríamos seguir proponiendo ejemplos que demuestran que, más allá del importante papel que juega la prensa en el sistema democrático, transmitiendo información y opiniones, los ciudadanos no son títeres de los medios audiovisuales.

Desde siempre, los medios de comunicación han contribuido a formar opinión, a galvanizar tendencias de opinión preexistentes en la sociedad, pero nunca a crear o a imponer una opinión a la sociedad.

Máxime en los tiempos actuales, en que como nunca antes se ha roto la lógica unilateral de la comunicación.

Las redes sociales terminaron con la lógica del medio de prensa como único emisor de información y opinión, como único gestor de contenidos y el lector, televidente u oyente como simple receptor pasivo.

Hoy todos podemos ser emisores y todos hemos pasado a ser receptores activos, ya que podemos reaccionar a los contenidos que recibimos, creando nuevos contenidos.

Actualmente la lógica que prevalece en materia de comunicaciones es multilateral. Por eso, la ley de medios, no sólo es potencialmente una herramienta para la censura o la autocensura, sino que resulta antigua, obsoleta.

Si desde siempre la gente forma su opinión a partir de su experiencia y situación de vida cotidianas e interactuando con sus círculos de relación, hoy lo hace además a partir de otras y muy diversas fuentes y plataformas que amplían esas experiencias e interacciones.

En definitiva, que aumentan su libertad para formar opinión.

El Poder Ejecutivo sigue sin reglamentar la ley a la espera del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia sobre los múltiples recursos de inconstitucionalidad que se le han formulado.

Todavía se está a tiempo entonces de despojar a la ley de sus aspectos más controvertidos, por inconducentes e innecesarios, pero por sobre todo por ser contrarios a la libertad.

José Garchitorena

Autor: José Garchitorena

Abogado. Trabajó en ANCAP desde 1988, siendo designado Gerente de Abastecimientos en 2007. Actualmente se desempeña como asesor en el parlamento nacional. Integró el directorio de UTE entre 2010 y 2012. Miembro electo de la Junta Electoral de Montevideo (2000-2005). Integrante de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República entre 1987 y 1989. Afiliado al Partido Colorado desde 1983, fue Prosecretario General del mismo. Es miembro de diversas instituciones culturales y sociales. Colaborador de diversas publicaciones periodísticas. Es autor de los libros Manual Práctico de Derecho Electoral Uruguayo y de Historia de un mito, las elecciones de 1971 y la denuncia del Partido Nacional.

  • Cdmazal

    Jose, solo para información, en Venezuela hubo 280.000 homicidios entre 1999 y hoy, según el Observatorio que se creo con ese fin. No me quiero equivocar al comparar, pero son mas que el resto de toda America Latina junta y mas que en Siria.