Sábado, 23 de abril de 2016

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Uber, y una vuelta de tuerca

Mucho se ha escrito y opinado sobre este tema. Tanto en las redes como en distintos medios de prensa o medios audiovisuales. Tampoco se han quedado callados los distintos partícipes de este entuerto. Es así que hemos leído o escuchado a la patronal del Taxi, al Sindicato, a diversos Ministerios, a los usuarios y a los choferes del nuevo sistema. Lobos o corderos unos y otros, dependiendo del lado en que nos encontremos o nos posicionemos.

La discusión, hasta ahora, y si bien se ha escuchado algunos pocos argumentos jurídicos, versó en su mayoría sobre conceptos extra jurídicos: que son unos piratas, que vienen a robar trabajo, que no están en el país, que atentan contra las fuentes del trabajo, o las tal vez más sensiblera como que quieren destruir a la familia del taxi, etc., etc., etc…

Hemos escuchado, tuiteado, mirado, leído diversas posiciones. Desde los más liberales (la “derecha facha”– ¡como si se pudiera concebir un fascismo liberal! – según algunos), que entienden que no hay actividad que se deba limitar, hasta el otro extremo en el que todo debe ser regulado y regido por la decisión y voluntad única del Estado.

Debo confesar que mis primeras posiciones fueron más cercanas a la libertad de contratación que a la regulación a ultranza, pero… siempre hay un pero, y siempre hay un justo medio.

He seguido dando vueltas al asunto y hay conclusiones que sigo manteniendo. A modo de ejemplo, y tal vez la más importante, es que UBER no se puede asimilar a un medio pago de transporte público. UBER no transporta, no es dueña ni explota ningún vehículo destinado a tal fin, no realiza el transporte ni es el destinatario final de la tarifa que el usuario paga. Su actuar es de intermediario entre un pasajero y un transportista, y es por esa intermediación que cobra un precio. De la misma manera que lo haría una inmobiliaria al intermediar en una compraventa o en un alquiler de una casa. Y al igual que en este caso, las tareas, responsabilidades y controles de cada parte o de la autoridad administrativa difieren en cada uno, o sobre cada uno.

Profundizando apenas un poco el tema, en este simple hecho de contratar un servicio de transporte a través de un app confluyen varios contratos distintos: a) un contrato de intermediación (por ahora gratuito) entre el pasajero y UBER, b) un contrato de intermediación (éste si oneroso) y tal vez un contrato de cobranza entre UBER y el transportista y c) un contrato de transporte entre el pasajero y UBER.

Los contratos de los literales b) y c) entiendo que pueden ser declarados absolutamente nulos[1], aunque para esto necesitamos una decisión judicial[2]. Y esto porque claramente, y a mí entender, tienen objetos ilícitos.

La actividad de transporte colectivo está regulada, ya sea a nivel departamental, ya sea a nivel nacional, y por tanto todo aquel que quiera ejercerla debe cumplir con la normativa. Incluso aunque nuestra Constitución establezca la libertad de comercio, es la propia Constitución quién permite limitar cualquier derecho (salvo la vida) en aras del interés público. Y en este caso así se ha actuado. Por tanto, y mientras los transportistas que trabajan con UBER no cumplan con la reglamentación existente, o se dicte una nueva reglamentación atendiendo esta nueva circunstancia están realizando una actividad ilícita. Siendo esta actividad ilícita, el contrato de intermediación que une a UBER con los choferes es nulo (en forma absoluta) por casusa de su objeto, y en la seguridad que ningún uruguayo (o casi) desconoce esto, el contrato de transporte entre el pasajero y el chofer también lo sería.

Y acá empieza lo divertido. Si un contrato es absolutamente nulo, y así se declarase, impedirían [3] que el chofer le reclame a UBER que le transfiera su dinero, o que UBER le reclame al pasajero el pago en caso de inconvenientes con las tarjetas, o que el pasajero reclame contra UBER o el chofer por algún accidente, e incluso la póliza de seguros que supuestamente contratan los choferes sería nula, y aquellos no podrían pedir que les devuelvan las primas pagadas, ni los seguros podrían repetir contra los terceros que fuesen culpables de un accidente, y así ad infinitum

En definitiva, un lindo lío.

Pero no nos asombremos de esto. Desde hace muchos años existen en nuestro país transportes públicos pagos que escapan a todo contralor administrativo… Y esto lo tienen claro los padres de hijos adolescente, o los que les gusta tomar algún trago en las fiestas… ¿O acaso Uds. o sus hijos nunca han escuchado o contratado un chofer “no oficial”  para que los lleven y traigan de esos disfrutables eventos? No nos rasguemos las vestiduras.

En definitiva, no cabe más remedio que regular los sistemas “tipo UBER” para evitar la serie de contratos nulos que terminan desprotegiendo a los usuarios, por más que ya adelanto que el proyecto que anda en danza no es atinado, que tiene alguna confusión conceptual en cuanto al rol que juega cada parte interviniente y – aunque ya es costumbre no debemos acostumbrarnos – algunas inconstitucionalidades que traerán problemas en caso de sancionarse el mismo.

Bien, por ahora esta es mi posición, aunque no descarten que pueda volver a cambiar. Sin cambio la vida no es vida.

Hasta la próxima cabriola intelectual, si es que hay, y seguramente la habrá…

 

                                       


 

[1] Código Civil – Artículo 1560. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en      consideración a su naturaleza y no a la calidad o estado de las personas que en ellos intervienen, son nulidades absolutas.

Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces.

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la anulación del acto o contrato.

[2] Código Civil – Artículo 1561. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el Juez de oficio, cuando aparece de manifiesto; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral y de la ley; y no puede subsanarse por la ratificación de las partes ni por un lapso que no pase de treinta años.

[3] Código Civil – Artículo 1565. La nulidad pronunciada por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada da a las partes derecho para ser repuestas al mismo estado en que se hallarían, si no hubiese existido el acto o contrato nulo, con tal que la nulidad no sea por lo ilícito del objeto o de la causa del contrato, en cuyo caso no puede repetirse lo que se ha dado o pagado a sabiendas.

La nulidad judicialmente declarada da también acción reivindicatoria contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales.

 

@dannyvile

Autor: @dannyvile

Nací y estoy viviendo... al menos por ahora... y mientras tanto jugando al abogado...(y ojo, que los fines de semana me transformo en hooligan manya)