Martes, 15 de diciembre de 2015

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Un nuevo enfoque de la rehabilitación

Hace un tiempo escribí para El Telescopio un artículo[1] que se refería a medidas muy sencillas y sin costos sustanciales que podrían implicar mejoras importantes para el país. Podría seguir con las medidas gratis, pero lamentablemente las medidas que pueden tener mayor impacto requieren esfuerzos importantes para su implementación. Una de ellas es el problema de las penas de privación de libertad y su vinculación con la reincidencia. Para despejar cualquier objeción de los especialistas aclaramos que en el artículo hablaremos de prisión o cárcel indistintamente, no haciendo referencia con ello al tipo de pena sino al lugar donde el delincuente purga su condena.

Los objetivos de las penas de privación de libertad

Todas las sociedades civilizadas contemporáneas contemplan situaciones en las cuales hay personas que son privadas de su libertad como consecuencia de los delitos que han cometido. ¿Cuáles son las razones que motivan a ello? Existen cuatro razones –teóricas- que pueden justificar las penas de prisión o reclusión.

Proteger. El presupuesto aquí es que la hipótesis de que el delincuente procesado o convicto reitere el delito por el que fue juzgado u otro es de ocurrencia altamente probable. Se aísla al individuo de la sociedad porque es un peligro para ella.

Disuadir. Partiendo de la base de un comportamiento racional del sujeto bajo análisis, la severidad de las penas combinada con la probabilidad de ser apresado debería llevar al potencial delincuente a desistir de cometer delitos.

Castigar. Existe una motivación innegable de las penas, que es el castigo a quien ha cometido un delito. Cuanto más inhumano sea el crimen, mayor es la percepción de legitimidad del castigo por parte de la sociedad y en especial por aquellos que se han visto más directamente afectados por el delito cometido. Por otra parte la concreción del castigo es esencial para que el efecto disuasivo pueda darse, en caso contrario se transforma en una amenaza vana.

Rehabilitar. La prisión es aquí un medio para la rehabilitación del delincuente, de forma que pueda reinsertarse en algún momento en la sociedad como un ciudadano más.

En esta materia hay posiciones muy diversas en cuanto al balance que debe haber entre estos cuatro propósitos. Hay quienes sostienen que el delincuente no es racional, lo que implica que las penas de privación de libertad no son un factor disuasivo eficaz. A esto agregan que las cárceles no sólo no rehabilitan sino que profesionalizan al delincuente y fortalecen sus redes de contacto criminales, por lo que al salir su capacidad de agredir a la sociedad se verá potenciada.

Por otro lado están aquellos que sostienen que sí existe una racionalidad en el comportamiento criminal y que el factor que debilitan el efecto disuasivo de las penas de privación de libertad es la baja probabilidad de ser apresado, penas duras pero de ocurrencia remota. También sostienen que los delincuentes que se apresan suelen tener una nutrida foja de antecedentes que se explica por fallos judiciales o penas benévolas, o la concesión generosa de la libertad anticipada, delitos todos que podrían haber sido evitados por penas más largas. Por otra parte sostienen que la rehabilitación –especialmente con relación a delitos graves- es un proceso extremadamente complejo, cuyas chances de éxito bajan dramáticamente si no se cuenta con tiempo suficiente.

Las diferencias entre ambos enfoques son irreconciliables en el corto o mediano plazo debido a que existen componentes en algunas de estas posiciones que van más allá de la evidencia. Existe sin embargo un punto de contacto entre ambas: la importancia de la rehabilitación. La relevancia que nuestro sistema penal concede a la rehabilitación se encuentra reflejada a nivel constitucional. El artículo 26 de nuestra Carta Magna establece que “A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito” (el subrayado es nuestro).

Los problemas de la rehabilitación

En la ceremonia de asunción del nuevo Presidente y Director General del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados[2], el Ministro Bonomi reconocía que el 70% de los presos cuando salen en libertad, reinciden. La peor parte es que admitió que los reincidentes suelen cometer delitos más graves. La solución al problema de acuerdo al Ministro Bonomi pasaba por construir nuevas cárceles que permitan la clasificación de los presos. Luego de clasificados se le aplicarían políticas de rehabilitación a medida. Agregó que la rehabilitación tiene que incluir estudio, trabajo y deporte como componentes.

El Ministro Bonomi suele ser aludido como el “Ministro de las Explicaciones”, porque normalmente parece estar más concentrado en la contemplación que en la acción. En este caso su explicación de la incapacidad de lograr bajar la reincidencia pasa por el hacinamiento. Obviamente el hacinamiento es un factor importante, pero es condición necesaria más no suficiente. Examinemos cuáles son los restantes factores relevantes.

Ocio. El ocio es el gran destructor de personalidades, y en las prisiones uruguayas hay mucho. El ocio es la regla y las opciones del estudio o trabajo o no están disponibles o tienen incentivos muy débiles. Favorecido por el ocio florece el consumo de drogas, las violaciones entre convictos, los pagos por protección y otros muchos vicios.

Costo. Al día de hoy hay 10.000 personas privadas de libertad en Uruguay. El costo estimado es de 25 dólares por preso y por día, lo que da más de 90 millones de dólares al año. Tomemos los costos del sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), como una aproximación a los costos que requiere un proceso de rehabilitación integral[3]. El SIRPA tiene un presupuesto anual de más de 20 millones de dólares, para 500 menores internados, lo que da unos 110 dólares por día y por menor. Llevar el presupuesto de los presos mayores a ese nivel conllevaría un incremento de los costos por preso de más de 400%, esto es, implicaría incrementar el presupuesto en más de 300 millones de dólares.

Motivación. En 1971 un equipo de investigadores liderado por Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford realizaron un estudio psicológico orientado a estudiar el efecto que los roles de prisionero y guardia tenían en la salud psicológica de ambos. Para el estudio se emplearon voluntarios a los que se asignó aleatoriamente los roles de guardias o prisioneros en una prisión ficticia. El experimento rápidamente mostró resultados alarmantes y fue cancelado en la primera semana. Los que cumplían roles de prisioneros sufrieron —y aceptaron— un tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias, y al final muchos mostraban graves trastornos emocionales. Los guardias evidenciaron un comportamiento crecientemente sádico, particularmente cuando no se creían vigilados. Estas tendencias que el estudio constató también están presentes en las prisiones reales y conspiran gravemente contra los procesos de rehabilitación.

Vínculos. Rápidamente en las cárceles se generan jerarquías sociales con presos que mandan y otros que obedecen, con delincuentes que enseñan y otros que aprenden, con sometedores y sometidos. El prestigio suele estar asociado a la gravedad de los delitos cometidos. En ese sentido se están tomando medidas procurando aislar a los distintos tipos de delincuentes, lo que es un paso positivo. Un ejemplo de ello es el esfuerzo que se hizo para que los secuestradores de la Dra. Milvana Salomone fueran aislados de los restantes presos, de forma que el know how de ese tipo de delito no fuera socializado[4]. A esto se agrega que han comenzado a aparecen en Uruguay organizaciones delictivas, muchas de ellas con relaciones con organizaciones equivalentes en otros países de la región. Integrantes de esas  “multinacionales del delito” han terminado en las cárceles uruguayas y desde allí ofrecen nuevas oportunidades a los delincuentes de “hacer carrera”, convirtiendo a las prisiones en oficinas de reclutamiento. En aquellos casos de personas que antes de la privación de libertad tenían entre sus vínculos, algunos que eran “sanos”, estos suelen perderse, lo que lleva a la inexistencia de un ambiente de contención social y a dificultades de inserción laboral luego de su liberación. Todos estos fenómenos conspiran en contra de la rehabilitación y por el contrario, profesionalizan a los delincuentes.

Hacia un nuevo enfoque de la rehabilitación

Para resolver un problema hay que atacar sus causas. Es necesario pues abordar los cuatro factores que hemos desarrollado que están conspirando en contra de la rehabilitación: ocio, costos, motivación y vínculos.

En primer lugar, hay un grupo de delincuentes que lo son por casualidad. Son aquellos que cometieron una equivocación en la vida, pero no tienen una vida de equivocaciones. Esas personas no son en general un peligro para la sociedad y lo mejor que se puede hacer para protegerlos (y en definitiva protegernos a nosotros mismos de que los “conviertan” en delincuentes de verdad) es evitar que ingresen a prisión. Para esas personas las penas deberían ser poder purgarse en sus hogares[5]. Como sostiene @dannyleVile en un artículo de su blog[6], “gran cantidad de delitos son culposos, por lo que el delincuente no es un inadaptado, sino un mero imperito, negligente o simplemente un imprevisor”.

Para el resto de los delincuentes la solución que entendemos ataca todos estos factores exige adoptar como eje central una redefinición del papel que el trabajo tiene para las personas con privación de libertad. A esos efectos el primer paso es generar en esas personas un fuerte incentivo a trabajar. El principal interés en esa situación es recuperar la libertad, razón por la cual el trabajo y el estudio tienen que transformarse en los únicos factores que se toman en cuenta para la reducción de las penas. Si existen presidiarios que no desean trabajar o estudiar, deberán cumplir sus penas completas. Los “descuentos” de penas no deben basarse en apreciaciones subjetivas sino en resultados. Si un recluso opta por el estudio lo que se considerará son sus avances en los mismos. Si opta por el trabajo, se basará en la evaluación de su desempeño laboral, realizada por una persona con formación profesional en el área en cuestión.

El siguiente componente es simplificar. Es imposible instalar talleres para 10.000 reclusos y tampoco parece razonable que el Estado forme masivamente en determinados oficios, perjudicando así a quienes los ejercen honestamente. Para aquellos reclusos que son primarios o han cometido delitos que no son graves el trabajo debe ser algo simple, que no requiere grandes inversiones de capital y físicamente demandante. Tareas tales como la limpieza de campos o la refacción de caminos vecinales son actividades especialmente adecuadas. Las medidas de seguridad deben ser razonables, pero no obsesivas (una tobillera electrónica quizás sea necesaria). Si un recluso se fuga automáticamente perderá el derecho a poder generar una reducción de su pena.

El cuarto componente pasa por la inserción laboral y social. Un preso tiene que salir de la cárcel con trabajo. No el mejor, ni el mejor pago, pero trabajo al fin. Si logra por su cuenta uno mejor, mejor. Si no le gusta, vuelve a la cárcel hasta cumplir su condena. Para asegurar esa inserción laboral hay que recurrir a empresas especializadas que desde que el preso ingresa a la cárcel van estudiando sus habilidades y preferencias y diseñan un plan de formación y entrenamiento adecuado. Cuando falten un par de años para completar su condena comienza el proceso de inserción laboral. A las empresas se les paga una pequeña suma inicial, pero el ingreso sustancial será el ahorro en costos para el Estado que la reducción de la reinicidencia de las personas a su cargo genere, cifra de sencillo cálculo.

El quinto componente es algo al que ya hemos hecho referencia en un artículo previo en El Telescopio[7]: aquellos que gocen del régimen de Salidas Transitorias o de libertad anticipada deben usar tobilleras por lo que resta del período original de sus penas. En aquel artículo decíamos: “[a] través de los brazaletes electrónicos se puede registrar la ubicación de quien lo usa durante todo el tiempo, lo que permitiría identificar cuáles de estas personas se encontraban en el lugar y el momento en que se cometía un delito. Dada la alta tasa de reincidencia que se da en nuestro país esta sería una línea de investigación que seguramente daría frutos en muchos casos.”

El sexto, nunca abandonar el sentido común. Si un delincuente reincide luego del cumplimiento de la primera pena, es obvio que la rehabilitación no funcionó. Si durante la primera pena se realizó el trabajo que humanamente se puede hacer con él la única cosa que hay para variar en la segunda ocasión es aumentar la pena. Esto llevará, por un lado, a potencial el efecto disuasorio, y por otro, suministrará un período mayor para intentar su rehabilitación. El Dr. Guillermo Maciel hace referencia a esto en un artículo aquí publicado[8], donde sostiene que en numerosos países se ha instaurado como uno de los componentes para combatir la reincidencia la regla de excluir a los reincidentes, de por ejemplo, los beneficios de las Salidas Transitorias y el régimen de libertad anticipada. Hay un proyecto en ese sentido presentado por el Senador Bordaberry en marzo del 2014[9].

Hay una frase que se atribuye erróneamente a Einstein: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. La frase no es de él, pero es digna de su inteligencia. Es posible que en el agravamiento sistemático del problema de la reincidencia de los delincuentes haya un componente no despreciable de incompetencia de los gestores de turno en la administración de los instrumentos convencionales, pero no parece realista suponer que el abordaje correcto, si se pretende un cambio cualitativo de la situación, consista en hacer más y mejor de lo mismo. Como dice el Lic. Robert Parrado, “ser creativo e innovar no es delito”[10]. Es necesario intentar nuevas estrategias, que sean audaces en su concepción pero prudentes en la identificación y limitación de riesgos; ambiciosas en sus objetivos esperados, pero realistas en cuanto a la disposición de recursos para este propósito; severas con quienes agreden a la sociedad, pero siempre basadas en la esperanza de que todos pueden terminar reinsertándose como buenos ciudadanos en el seno de nuestra comunidad.

 

Referencias

[1]     “Medidas gratis (o casi…) que harían a Uruguay más próspero”, Leonardo Veiga, El Telescopio, 8 de octubre de 2015, http://eltelescopio.com.uy/medidas-gratis-o-casi-que-harian-a-uruguay-mas-prospero/, consultado el 12/12/2015

[2]     “Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados – Asumen autoridades”, 10 de agosto del 2010, https://www.minterior.gub.uy/index.php/78-noticias/ultimas-noticias/646-patronato-nacional-de-encarcelados-y-liberados-asumen-autoridades, consultado el 12/12/2015.

[3]     Estamos haciendo el supuesto que el sistema logra sus objetivos. No hay estadísticas conocidas del grado de eficacia que ha tenido el SIRPA en la rehabilitación de menores infractores. El Gobierno no suele esconder buenas noticias lo que nos lleva a suponer que los resultados son malos.

[4]     “Una temporada en el infierno”, Montevideo Portal, 17 de junio de 2015,  http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?274735, consultado el 12/12/2015.

[5]     Agradezco el invalorable aporte de mi amigo @dannyviLe en este párrafo. Lo que encuentren válido  y bien redactado en él es su mérito, del resto soy el autor intelectual y material.

[6]     “Sobre el delito y su pena. Los puntos sobres las íes…”, @dannyvyLe, 12 de octubre de 2013,  http://dannyvile.blogspot.com.uy/2013/10/sobre-el-delito-ysu-pena.html, consultado el 12/12/2015

[7]     Idem nota al pie 1.

[8]     “Un problema acuciante: La reincidencia delictiva.”, Dr. Guillermo Maciel, 30 se setiembre de 2015, http://eltelescopio.com.uy/un-problema-acuciante-la-reincidencia-delictiva/, consultado el 12/12/2015.

[9]     “Proyecto de ley Regla Penal de Reincidencia Múltiple o ley de Tercer Delito”, presentado por el Senador Pedro Bordaberry para ser sometido a consideración de la Cámara de Senadores el 15 de febrero de 2015, http://vamosuruguay.com.uy/proyecto-de-ley-regla-penal-de-reincidencia-multiple-o-ley-de-tercer-delito/, consultado el 12/12/2015.

[10]    “Crear micro cárceles, ser creativo e innovar no es delito”, 20 de agosto de 2015, Robert Parrado, http://eltelescopio.com.uy/crear-micro-carceles-ser-creativo-e-innovar-no-es-delito/, consultado el 12/12/2015.

Leonardo Veiga

Autor: Leonardo Veiga

Contador Público, Universidad de la República; Licenciado en Administración, Universidad de la República; Master en Dirección y Administración de Empresas, IEEM; CPCL, Harvard Business School, EE.UU., PhD Universidad de Navarra. Es profesor de Gestión de la Innovación y de Economía Política (IEEM/UM) y de Prácticas Desleales de Comercio y Defensa Comercial (CEA/ADAU). Es miembro del directorio del Centro de Innovación Tecnológica SEPÉ. Fue consultor del Programa Nacional de Desburocratización (PRONADE), del Plan de Desregulación del Comercio Exterior y las Inversiones (PLADES), miembro del Board del Global Entrepreneurship Monitor, Director del MBA del IEEM/UM y Coordinador de la carrera de Contador Público en la FCCEE/UM.