Viernes, 10 de marzo de 2017

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Una lanza por el sistema electoral uruguayo

“En definitiva, vuestra Comisión aconseja a la Honorable Cámara, la aprobación de este proyecto de ley, convencida de que se realizará así una obra perdurable, que será honor del país y fundamento firme de la libertad política.”

Así se expresaba, en noviembre de 1923, la comisión especial conformada para consensuar un texto legal que consagrara la tan postergada y necesaria reforma electoral y que diera origen a la ley de Registro Cívico de 1924 y a la ley de Elecciones de 1925 que, con modificaciones, aún siguen en vigencia.

Con ellas la República culminó el largo proceso de conformación de su sistema electoral, cuyos orígenes bien pueden ubicarse a los tiempos de Artigas y su respeto a la “presencia soberana de los representantes de los pueblos”, que a lo largo del siglo XIX y en las dos primeras décadas del XX, estuvo en el origen de nuestros enfrentamientos civiles y motivó encendidos debates en las cámaras, en la prensa, en la tribuna y en la cátedra.

Un debate que fue evolucionando al ritmo de las tendencias de cada época y que estuvo pautado por los pactos y acuerdos motivados por el afán de nuestros doctores y caudillos de legitimar el ejercicio de su poder, dando forma a nuestra institucionalidad republicana y democrática, tempranamente consagrada en la Constitución de 1830.

Una historia que, por supuesto, se siguió construyendo después de 1925 y que durante el siglo XX ofreció al mundo entero el ejemplo de un sistema electoral garantista y confiable, capaz de cumplir cabalmente con el objetivo y la razón de ser de todo régimen electoral: transformar los votos de los ciudadanos en cargos de gobierno, asegurando la representación de la mayoría y de las minorías.

Un sistema electoral que trascendió los golpes de Estado de 1933 y 1942, que sorteó con éxito la denuncia de irregularidades formulada en 1971 por el Partido Nacional (que fuera rechazada por la Corte Electoral luego de un exhaustivo análisis del proceso eleccionario con votos blancos y colorados por 7 votos contra 2), que permitió que el NO ganara en el plebiscito constitucional convocado por la dictadura en 1980 y que aseguró, aún en reñidas contiendas electorales, la pacifica alternancia en el gobierno antes y después de 1985.

Seguramente su éxito radica en sus principales características: la inscripción obligatoria en el Registro Cívico Nacional (un registro específico e independiente del gobierno de turno), el sufragio universal, obligatorio, personal y secreto, las garantías, minuciosamente establecidas en las leyes electorales, para emitir el sufragio y el contralor partidario.

Naturalmente que muchas de sus características y particularidades pueden resultar hoy anticuadas y engorrosas y por supuesto que es posible adecuar muchos de los procedimientos a las nuevas tecnologías. De hecho así ha venido ocurriendo.

También es cierto que el sistema electoral uruguayo presupone un involucramiento político partidario del ciudadano distinto al de hoy. Ya no existen los comités seccionales y hasta los más noveles comités de base ya no son lo que fueron.

El ciudadano se relaciona y expresa políticamente de manera diferente a como lo hacía en 1925 o 1985. La militancia ha mermado en todos los partidos. Hoy sería impensable que las mesas electorales se integraran con ciudadanos propuestos por los partidos políticos, como ocurrió hasta las elecciones de 1971.

Todo esto ha llevado a un descaecimiento del control de los actos electorales por parte de los partidos políticos y a que el grueso de las tareas electorales recaiga en funcionarios públicos, aspecto que se ha visto reforzado, además, por las limitaciones impuestas por la ley a las potestades de los delegados partidarios en las mesas y en los escrutinios.

Por supuesto que también, elección tras elección, se notan carencias en la capacitación de los integrantes de las mesas electorales y aún de los delegados partidarios, que muchas veces originan errores en las actas del escrutinio primario, difíciles de enmendar durante el escrutinio definitivo. Aunque seguramente esto ocurrió siempre.

Es claro que hay muchos aspectos procedimentales que se pueden y se deben mejorar.

Pero no pueden alterarse las garantías electorales y por sobre todas las cosas, debe protegerse la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral que se ha dado para dirimir las contiendas electorales y dotarse de un gobierno democrático y representativo.

Porque en definitiva, todo sistema electoral basa su prestigio y acatamiento en la confianza que despierta en los ciudadanos. La gente no conoce al detalle la letra de la ley, solo sabe y siente que ella es adecuada al propósito para el que se la sancionó. Confía en el sistema.

Y cuando deja de hacerlo, de nada valen las explicaciones legales y las soluciones que se adopten para solucionar el problema, cualquiera sea, que originó esa pérdida de confianza. Porque lo que se pierde es mucho más grave y profundo, es la seguridad y la esperanza que ofrecía.

Por eso llamaron la atención las declaraciones del politólogo Oscar Bottinelli, que a pretexto de declinar el ofrecimiento que se le habría realizado para presidir la Corte Electoral, se extendió en consideraciones tales como que “…el régimen cruje y está en su etapa final. Se requieren urgentes y profundas modificaciones legislativas y un cambio de mentalidad y tecnología en la Justicia Electoral, que no pasa por el voto electrónico”, llegando a afirmar que lo “…más grave es que comienzan a fallar las garantías electorales. En las últimas elecciones departamentales desaparecieron casi 77 mil votos. La diferencia entre los votos a los partidos, los votos en blanco y los nulos, la suma de todo ello da casi 77 mil votos menos que el total de votantes2. Nadie puede asegurar a ciencia cierta y fuera de toda duda que el Frente Amplio ganó la Intendencia de Río Negro, cuando los votos faltantes son más que la diferencia con el Partido Nacional.”

Es cierto que días después, en otra nota, afirmó que “…lo que hubo en la elección fue una desprolijidad que si se mantiene hacia el futuro puede ser peligroso. Pero no hubo fraude. Jamás dije ni pienso que hubiera habido fraude.”

Oportuna aclaración que ojalá alcance para restañar cualquier duda que sobre la confiabilidad del sistema electoral uruguayo haya podido generase.

Porque toda vez que se alude a fraude o irregularidades en una elección, lo que se está haciendo, aun involuntariamente, es atacar la base y el fundamento del sistema electoral. No se está poniendo en duda un resultado electoral sino la credibilidad del sistema electoral todo.

Por eso no podemos dejarnos llevar por la pasión política, los egos personales o la frustración por un resultado cuando abordamos estos temas.

A partir de esa premisa, es claro que las autoridades electorales deberán tomar medidas para que las actas de escrutinio en las mesas de votación cierren (esto es, que coincida el número de votantes con los votos emitidos en el circuito); para contar con locales de votación adecuados; para evitar las colas para votar; para exhibir en igualdad de condiciones todas las hojas en los cuartos de votación; para agilizar el conteo preliminar de votos en cada elección, etc.

Como será necesario también, adecuar la legislación en materia de publicidad y financiación de las campañas políticas, para hacerlas más transparentes y equitativas.

Podrían incluso evaluarse alternativas de voto electrónico, teniendo presente que ello implicaría muy importantes inversiones y sobre todo un cambio en la cultura electoral uruguaya.

En definitiva, todo es perfectible, pero el objetivo debe ser, como hasta ahora, que nuestro sistema electoral, base de la democracia uruguaya, siga siendo el ámbito y el método en el que los uruguayos confiamos para dirimir nuestras diferencias y asegurar nuestra convivencia.

José Garchitorena

Autor: José Garchitorena

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UdelaR, 1991) Máster en Derecho de la Empresa (UM, 2000) Trabajó en ANCAP desde 1988, siendo designado Gerente de Abastecimientos en 2007. Integró el directorio de UTE entre 2010 y 2012. Miembro electo de la Junta Electoral de Montevideo (2000-2005). Integrante de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UdelaR) entre 1987 y 1989. Fue colaborador de diversas publicaciones periodísticas. Actualmente se desempeña como asesor del senador Dr. Pedro Bordaberry. Es autor del libro Manual Práctico de Derecho Electoral Uruguayo, editado por la Fundación de Cultura Universitaria en 2004 y reeditado en 2009 y de Historia de un mito, editado por Random House Mondadori en 2011. Ex Prosecretario general del Partido Colorado.