Miércoles, 30 de mayo de 2018

MENU

Una luz de alerta ante el riesgo de la mercantilización de la RSE

Este artículo académico aborda el tema de la RSE, desde una perspectiva meramente técnica e imparcial,  pretende ser un insumo para los tomadores de decisiones en el Estado y la Sociedad.

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), entendemos debe ser un compromiso ético y moral, que asumen las organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro, ya sean estas públicas, paraestatales, de capital mixto, privadas o civiles, incluso nos animamos a decir que la RSE debe llegar a tener un carácter deontológico, que debe regir la actividad de un CEO o líder empresarial, entendiendo a este como un profesional en su actividad, ya que estos principios que implica la RSE deben ser como su Código de Conducta, que además es común que exista en muchas corporaciones globales.

No basta con que las empresas  utilicen la RSE como una simple grifa o etiquetado social, con un costo económico X, lo cual la convertiría meramente en una marca, un slogan, por lo cual nos preguntamos si estamos camino a la mercantilización de la RSE, impulsada por organismos internacionales que deben fomentarla en su más pura expresión, donde no hay lugar para el lucro.

Los que conocen algo sobre el tema, al escuchar Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social Corporativa (RSC), muchas veces pueden confundir esta, con acciones de mera publicidad, marketing social, filantropía o voluntariado, sin negar que muchas veces un poco de todo esto puede ser parte de la misma.

Además después de casi dos décadas de existencia, es común asociar el término en principio con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre RSE que es la iniciativa más difundida en el mundo sobre el tema, cuyo logotipo nos hemos acostumbrado a ver como sello internacional de respaldo de aquellos que apoyan la Responsabilidad Social, tengamos presente que este en la actualidad agrupa a unos 10000 miembros aproximadamente, en unos 160 países.

Pero qué es el Pacto Mundial de las Naciones Unidas?  Conocido también como United Nations Global Compact (UNGC):

La idea de un Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de responsabilidad social de las empresas, fue lanzada en su momento por el Secretario General de la ONU de la época, Kofi Annan ante el World Economic Forum en Davos, el 31 de Enero de 1999. Su fase operativa comenzó el 26 de julio de 2000, cuando el mismo Secretario General hizo una llamada a los líderes y responsables de las compañías para que se unieran a un gran pacto que llevara a la práctica el compromiso ampliamente compartido de sincronizar la actividad y las necesidades de las empresas, con los principios y objetivos de la acción política e institucional de las Naciones Unidas, de las organizaciones laborales y de la propia sociedad civil.

El Pacto Mundial o Global de las Naciones Unidas implica adherir a un decálogo de diez principios de conducta y acción en materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.

Además las entidades con fines de lucro deberán elaborar y presentar cada dos años una Comunicación de Progreso (COP’s) y las entidades sin fines de lucro deberán elaborar y presentar cada dos años una Comunicación de Involucramiento (COE’s), a la Oficina Ejecutiva del Pacto Global con sede en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

Esta Oficina Ejecutiva, que depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tiene su sede dentro de este organismo multilateral, es la responsable de difundir la iniciativa del UNGC, principalmente su cometido es recibir las solicitudes de adhesión de nuevos miembros, aceptar o no estas incorporaciones de nuevos adherentes, llevar dicho registro al día y recibir las COP’s y COE’s, entre otras tareas como reuniones y seminarios, etc.

Dicha Oficina Ejecutiva, que quizá en un futuro podría constituirse en una Fundación, con patrimonio propio, por ejemplo buscando cierto grado mayor de autonomía que en la actualidad, ya que al día de hoy, no es un Programa, ni un Fondo, ni una Comisión, ni una Conferencia, ni una Organización, esquemas de funcionamiento tipo que suelen adoptan las diversas agencias especializadas parte del Sistema de las Naciones Unidas, pero esta Oficina es de momento una especie de híbrido jurídico a cargo de un Director Ejecutivo.

La Oficina Ejecutiva,  después de muchos años de debate con sus miembros en cada país resolvió ahora crear dos categorías de adherentes denominados: participantes y signatarios, que difieren en algunos derechos y obligaciones.

Estos debates se han llevado adelante por los Puntos Focales (una persona física por país, que pertenece a una organización miembro y es el nexo con todos los miembros adherentes del país en cuestión) o a través de las Redes Locales (una por país, no siempre existen y pueden estar consolidadas o en formación) que son el ámbito que agrupa a los miembros adheridos en un país.

Pero el mayor de los cambios de la Oficina Ejecutiva en su política, es que el UNGC a partir de este año 2018, impone la obligación a sus miembros de pagar una cuota según su nivel de facturación, para mantenerse como parte activa de dicha incitativa, que sin embargo surgió como la mayoría de las iniciativas sobre RSE, con carácter voluntario y unilateral, pero jamás pretendiendo ser un simple certificado con un costo económico, como si existen otros en el mercado global expedidos por empresas o instituciones privadas.

Además este sistema de contribuciones, es muy complejo ya que una parte de este pago que recaudaría la Oficina Ejecutiva en Nueva York, se derivaría a la financiación de las Redes Locales de cada país en cuestión, exista o no la misma, funcione o no la misma. Lo cual, se vuelve un poco vidrioso, ya que el problema real de esta fórmula, es que los miembros son empresas que por ende cuidan su dinero y no están de acuerdo en financiar redes locales cuando no funcionan o solo sirven para potenciar alguna empresa de turno que la administra, entonces como no se logró en casi dos décadas en muchos países el aporte directo de las empresas a las Redes Locales, se pretende que se aporte a la Oficina Ejecutiva para que se financie esta, sus centros regionales y las redes locales, pero sin una contraprestación definida más que aumentar burocracia central, regional y local.

La pregunta es la RSE implica un compromiso ético y moral o solo un aporte económico para la Oficina Ejecutiva? Para nosotros como ya dijimos es mucho más, incluso es un tema deontológico y vamos a explicar porque:

La deontología es la ciencia de los deberes de aquellos que ejercen una profesión, en este caso la de empresario o CEO de una corporación.

El Pacto Global funciona como un decálogo de diez principios, es decir como un  código de deontología, es una interpretación de los principios generales de la profesión y de las actitudes en las actividades profesionales, en este caso empresariales en principio, ya que esto fue pensado para las grandes transnacionales o multinacionales, corporaciones globales, por eso surgió en el Foro Económico Mundial de Suiza justamente, que reúne a este tipo de líderes económicos y financieros internacionales.

Algunas aclaraciones teóricas, en resumen podemos decir que la ética y la moral y la deontología, se ocupan del mismo objeto: la valoración de lo bueno y lo malo en la conducta humana. Sus enfoques del problema, empero, no son totalmente iguales. La ética utiliza un análisis filosófico, ilumina el problema desde el ángulo de la axiología, y a través de la especulación pura trata de establecer un deber ser de valor universal. La moral estudia las acciones humanas desde el punto de vista empírico, histórico, en la realidad de las diferentes culturas y teniendo en cuenta la diversidad de su idiosincrasia, trata de establecer juicios de valor adecuados a tales circunstancias. La deontología, fluctuando entre la ética y la moral y basándose en las conclusiones de ambas, se propone a establecer las normas concretas que deben regir la conducta en situaciones determinadas, como puede ser el ejercicio de una profesión.

A la Deontología se le conoce como el ‘teoría del deber’. Por lo que podemos decir que cuando se habla de un código deontológico, estamos haciendo mención a unas normas y a unos valores que se llevan a cabo en una actividad profesional, parece que nada más se ajustaría a la RSE.

Quizá es el momento de discutir un nuevo Pacto Mundial sobre RSE, a nivel global en el ámbito del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU, con participación de la Oficina Ejecutiva, de los gobiernos, de las organizaciones más representativas de los stackeholders (grupos de interés), como pueden ser la Organización Empresarial Internacional (OEI) y la Federación Sindical Mundial (FSM), con el posible asesoramiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyas Directrices sobre RSE son un modelo de referencia a nivel mundial para todo académico.

Ya que debemos tener en cuenta que la Oficina Ejecutiva, no realiza ninguna evaluación, ni auditoria, ni devolución de las COP’s y COE’s que se le presentan, no existen programas de visitas a corporaciones transnacionales que deslocalizan su producción, en países emergentes con bajos estándares sociales,  los cuales muchas veces tampoco se cumplen, ya que los controles son muy flexibles o nulos y se reducen en extremo los costos laborales, generando así el denominado dumping social, que es una forma de competencia desleal censurada por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Ya que en algunos casos estas transnacionales arman un esquema sumamente complejo, donde no son responsables por su cadena de proveedores, que ellos mismos constituyen con diversas empresas de papel, creando muchas unidades productivas independientes que elaboran partes o etapas, para un producto final de la corporación multinacional, que luego solo pone su grifa de valor  y que sí cumple con todos los estandartes socio-laborales, pero en su país de origen, donde este su casa matriz, ya que las corporaciones maximizan sus ganancias y para ellos tienen múltiples medios.

Además está claro, que en este nuevo esquema de Pacto Global a rediseñar, el Punto Focal que en la actualidad es asignado en cada país a un empleado de uno de los miembros adheridos, este agente debería claramente ser externo a todos los miembros del país en cuestión y trabajar en coordinación con la Oficina del Sistema de Naciones Unidas en el país de que se trate.

Una buena idea sería por ejemplo designar un Experto Independiente en RSE, que pueda cumplir esta función de Punto Focal del UNGC en el marco del Programa de Voluntarios de la Naciones Unidas (VNU), de esta forma esa función de enlace, daría mayores garantías a todas las partes involucradas, en lo que respecta a la información manejada, ya que hablamos de empresas que quizá pueden competir entre ellas o tener intereses entre cruzados, más transparencia sobre las invitaciones para viajar a eventos en el exterior que financia la Oficina Ejecutiva y así sería de utilidad real para los miembros del país, a la hora de solicitar asistencia técnica por ejemplo para elaborar una COP o una COE, lo cual hoy no acontece y esta persona puede que no sepa absolutamente nada de RSE o del UNGC.

Esto con independencia de si funciona en un país determinado Red Local del Pacto Global o no, a la cual la aportación económica debería ser voluntaria como hasta ahora y decidir los miembros país si quieren que esta exista y si quieren aportar a la misma, pues si no cumple ninguna actividad, no tiene personería jurídica y no es representativa, para que financiarla. Si además tenemos en cuenta, que cada miembro se supone invierte un presupuesto propio en llevar adelante su propio Plan anual de RSE, el cual debe implicar acciones concretas, con indicadores que sean posibles de monitorear y evaluar, como asimismo de auditar por técnicos externos, para realizar las memorias descriptivas anuales, que las empresas suelen presentar a sus directorios y juntas de accionistas, además de a los gobiernos en algunos casos donde además del balance fiscal, existe legislado la obligación de presentar el llamado balance social como en países de la región, lo cual permite tener mayores garantías de verificar por un organismo externo y parte del estado como suelen ser los Ministerios de Trabajo, si se cumple en realidad con lo que se indica en la rendición de cuentas que se invierte en RSE.

Es indudable que el nuevo Pacto Global no solo debe ser un decálogo de principios a respetar en materia de Derechos Humanos Fundamentales, sino que debe incorporar más herramientas que permitan mejorar su propia gestión interna central, regional y local, ya que la base de la RSE, se fundamenta en pilares como la transparencia en la información, la comunicación institucional, la rendición de cuentas, el voluntariado corporativo  y todo esto orientado a la Sustentabilidad.

Este es otro de los elementos que deberían discutirse en una revisión del actual Pacto Global, ya que se pretende por parte de la Oficina Ejecutiva, que además del decálogo de los diez principios, los miembros también trabajen sobre: 1) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sucesores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ambos impulsados por la ONU, cuando este tipo de actividad es fomentada por los propios gobiernos con proyectos articulados con el sector empresarial, sindical y social; 2) Los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEP’s) impulsados por UNWOMEN, que tienen como objetivo contribuir al empoderamiento de las mujeres en su lugar de trabajo, en el mercado laboral y en la comunidad. Si bien todas estas acciones son muy loables, es claro que se están mezclando distintas agendas de trabajo, que generan confusión sobre las líneas de acción y además puede llegarse a interpretar como que estuviera agotado el trabajo sobre el decálogo de principios del propio UNGC y por eso ahora hubiera que enfocarse en los ODS y en los WEP’s.

Por último vamos a tratar de resumir un poco la compleja situación de Uruguay sobre este tema, donde hay un total aproximado de 31 miembros adheridos al UNGC, entre Entes Estatales, Empresas Privadas y ONG’s, que integran una Red Local que no ha logrado funcionar jamás, más allá de muchos intentos fallidos hasta el año 2013 donde quizá comienza su mayor deterioro, entre marchas o contramarchas. Ya que sus miembros no logran una participación sostenida, ni consensos internos duraderos, cambiando sus estatutos verbales en forma reiterada, con votaciones de bajo quorum, sin lograr ajustarse a un formato tipo que brinde garantías a todas los miembros, como ser por ejemplo una Asociación Civil con sus autoridades legítimamente electas con titulares y suplentes, donde exista una Comisión Directiva, una Comisión Fiscal y una Comisión Electoral.

En síntesis el proyecto de Red al no poder cumplir con formalidades estatutarias básicas, no tiene personería jurídica (ni registrada, ni en trámite),  no tiene una cuenta bancaria propia para sus fondos los cuales son administrados en la actualidad por uno de sus miembros, no tiene recursos humanos, no tiene sede, no tiene un plan de trabajo, no realiza actividades, no genera alianzas estratégicas como tener un Memorándum de Entendimiento (MOU) con NN.UU. y además las pocas acciones que podría realizar, ya están monopolizadas por instituciones de plaza que se dedican al tema de la RSE.

Además carece de participación activa y amplia de sus miembros y por ende sus decisiones siempre son adoptadas por muy pocos integrantes, lo cual genera dificultades en que logre internamente y externamente tener legitimidad, credibilidad y estabilidad, todo lo cual hace casi imposible su consolidación real y existencia por ende. Esta situación se explica quizá en la naturaleza de sus miembros, en el sector empresarial según el sector al que se pertenece, lo que a unos les sirve a otros les perjudica, pensemos en la suba o baja de la cotización del dólar y el impacto que tiene este tipo oscilaciones en sectores exportadores o en sectores importadores, lo que para unos es positivo, para otros es negativo.

Los Entes Estatales Industriales y Comerciales son un tercio de la masa adherida y se conforman justamente por las Empresas Públicas, que además en el caso de  Uruguay muchas son de las empresas más grandes del país y por ende su nivel de aportación por la escala de facturación propuesto por la Oficina Ejecutiva del Pacto Global sería muy importante, lo cual genera un problema muy significativo y es que en caso de resolver cada una aportar su cuota, la contribución que estaría realizando el Estado uruguayo en su conjunto podría superar los USD 100000 anuales, lo cual parece absolutamente desmedido y sin sentido por nada a cambio más que usar un logotipo y los servicios de información actual. Ya que el mayor problema radica en la ausencia de un ámbito de articulación y coordinación entre estas instituciones, que manejan fondos públicos, pero son autónomas en sus decisiones y gestiones. Si bien existe una Red de Empresas Públicas de funcionamiento intermitente, como toda instancia (ad hoc), no parece ser el espacio más propicio para tratar esta contribución país, que en definitiva estaría saliendo de fondos públicos, es decir del dinero de todos los contribuyentes uruguayos y que aportes similares a otro tipo de organismos internacionales generan grandes beneficios para el país de distinta índole.

A esto se suma que el Uruguay creo por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 24/5/2010 el Consejo Nacional de Responsabilidad Social Empresarial (CONARSE), el cual no llego a funcionar prácticamente y quizá uno de sus mayores problemas fue su ubicación institucional, ya que se creó en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y no en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la cual tiene un vínculo natural con las empresas públicas.

Quizá esta importante decisión para el país de adoptar posición ante la Oficina Ejecutiva del Pacto Global en Nueva York, de aceptar o no realizar estas contribuciones económicas, debería discutirse en este ámbito gubernamental, el cual para ser reactivado debería ser modificando el Decreto que lo creo, el cual debería cambiar la integración prevista original, la cual es muy amplia pero no representativa de todos los sectores involucrados en esta temática, se debería incorporar a la academia necesariamente para tener un sustento técnico inexistente en la actualidad, debería contemplar la participación de todos los miembros del UNGC en Uruguay y además convendría que pasara a funcionar en forma permanente en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), ya que por varias normas legales es el organismo que tiene a su cargo la coordinación y la planificación de las políticas de las empresas públicas en Uruguay.

El otro tercio de Miembros adheridos al UNGC en Uruguay son empresas privadas, pero salvo cuatro que son multinacionales, el resto son muy pequeñas para realizar contribuciones.

Finalmente el otro tercio de los miembros adheridos al UNGC en Uruguay, son una amplia variedad de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s) entre Organizaciones No Gubernamentales, Cámaras Empresariales, Gremios Profesionales, todas las cuales es muy difícil que puedan aportar aunque está previsto para las mismas un plazo más amplio que podría llegar al año 2020.

Lo cual deja en claro, el riesgo que los miembros que estarían en condiciones mayoritarias para pagar la cuota propuesta, serían las empresas públicas de todos los uruguayos, que podrían terminar indirectamente subsidiando al sector empresarial privado, por el retorno del aporte total estimado que se realizaría desde la Oficina Ejecutiva en Nueva York, la cual reenviaría el 40 % para el funcionamiento de la inexistente Red Local del Pacto Global en Uruguay, que estaría percibiendo quizá por parte de toda la sociedad uruguaya un monto anual muy importante por nada, que sí tendría mucho más utilidad, si el propio gobierno uruguayo llevara adelante acciones en forma directa con esos fondos desde el CONARSE y la OPP.

 


 

Lic. Nelson Simatovich
Profesor Adjunto en Responsabilidad Social Empresarial
Facultad de Derecho de la Universidad de la República

Admin Telescopio

Autor: Admin Telescopio

  • Sylvina Vriztt

    Excelente articulo sobre la realidad de la RSE, sin dudas que la mirada de un académico siempre aporta información y conocimiento, este es el valor de las universidades en la sociedad, brillante y una vez mas no entiendo porque el gobierno en este caso la OPP no contrata como asesor un experto de estas características y nos dejamos de apoyar negocio de unos pocos que viven de esto pero no enseñan nada. El problema aquí es que solo se escucha a Acde o Deres, en este último caso donde ademas todas las empresas públicas ya pagan su cuota por ser socias como que fuera la verdad revelada. Otros se conforman con el deseo de adquirir la Certificación SA8000 de SAI o la GUIA ISO 26000. Pero todos lejos de las Directrices de la OCDE que si son una referencia ya que funcionan de forma seria entregando los informes a los PNC y estos son evaluados por el Comité de Inversiones, el TUAC (sindicatos), el BIAC (empresarios) y el SOCIAL WATCH (sociedad civil) antes de llegar al Consejo Ejecutivo. Felicitaciones al autor de la nota de prensa nuevamente.