Domingo, 6 de agosto de 2017

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Si fuera UPM lo pensaba dos veces (o más)

Hace tiempo escuché a un ex Presidente de la República afirmar que sentía que el Uruguay no lo comprendía y que él no comprendía al Uruguay.

De la misma manera me sentí esta semana.

Así fue cuando me enteré que el Ministro del Interior en persona ascendía a un funcionario policial al grado de Sargento.

¿Lo ascendía por haber aclarado un homicidio? ¿Lo hacía por una especial muestra de valor y heroísmo en la lucha contra el delito?

No.

Lo ascendió por su éxito en un concurso que se llevó a cabo en un programa de televisión.

Más allá de la simpatía que en todos despertó el personaje (en mi también) un ascenso a un funcionario policial no debe fundarse en ello.

Quizás eso explica que en nuestro país solo se aclaran la mitad de los homicidios y la Policía sólo detenga al 9% , si 9%, de los que delinquen, de los que sólo la mitad termina condenado.

¿Qué pensarán los padres de la adolescente argentina asesinada en las playas de Rocha en un crimen que sigue impune cuando ven al Ministro del Interior ascendiendo a un policía por su participación en un show televisivo?

¡Qué contraste con la reacción del mismo Ministerio hace unas semanas cuando acusaba al policía asesinado en Pocitos de estar prestando servicios en forma irregular!

Tampoco comprendo que el director de un ente como la OSE proponga que el agua sea gratis.

No es que no me gustaría.

Me gustaría mucho que la energía eléctrica, las entradas a los partidos de fútbol, el asado, la telefonía, el agua y muchas cosas más fueran gratis.

Lo que resulta difícil de entender es que se proponga esto en una clara muestra de populismo.

Otra cosa difícil de entender es la polémica sobre la ley de inclusión financiera.

Parece que va camino de solucionarse con una ¡reforma constitucional!

La gran objeción parece ser su obligatoriedad.

Nadie se detuvo a analizar el efecto que tuvo esa obligatoriedad.

Antes de la ley había 2 millones doscientas mill tarjetas de débito en el país.

Luego de la misma tenemos 2 millones cuatrocientas mil.

Es decir nos estamos quejando de algo que ya existía y que con seguridad habría seguido creciendo más allá de lo que disponga la ley.

Lo que hace inexplicable tanto la crítica a la norma como su existencia. El gobierno hizo obligatorio algo que ya existía y desde la oposición se quejan de algo que ya existía.

Pero ahí vamos, una vez mas, rumbo a una discusión que nos llevará años y cuyo resultado no nos cambiará nada.

Incomprensible.

Como lo han sido los argumentos para aprobar en la ley de Presupuesto una nueva norma inconstitucional con el fin de dilatar el cumplimiento de sentencias judiciales.

El asunto no sólo es claro sino reiterado.

Durante el gobierno del Sr. Mújica el Frente Amplio aprobó una norma por la cual le aumentaban el sueldo a los Ministros.

Según el Frente Amplio era injusto que los Ministros ganaran tan poco.

No advirtieron que si le aumentaban a los Ministros estaban aumentando no sólo a los del Poder Ejecutivo. También a los del Tribunal de Cuentas, a los de la Corte Electoral y a los de la Suprema Corte de Justicia.

Lo cuál era lógico. Si los del Poder Ejecutivo ganaban poco, los otros también.

Tampoco advirtieron, según dicen, que al hacerlo estaban aumentando los sueldos de los integrantes de los Tribunales de Apelación, de los Jueces, de los Actuarios y de los funcionarios judiciales.

Ello porque según una ley vigente, aprobada hace mucho tiempo, si se aumenta a los Ministros de la Corte se aumenta a todos ellos.

Como desde el gobierno no estudiaron, no se percataron de ello hasta el momento en que tuvieron que pagar el aumento, No lo pagaron y recibieron demandas judiciales para que cumplieran con la ley.

Ahí dijeron que en realidad no habían querido dar aumento a otros que no fueran los Ministros del Poder Ejecutivo (esto es, sus correligionarios).

Entonces aprobaron una ley que dijeron interpretaba lo que habían querido hacer.

Se les advirtió que ello era inconstitucional porque la ley era muy clara en su texto y cuando no hay nada para interpretar no se puede aprobar una norma interpretativa.

La Suprema Corte declaró que lo que hicieron era inconstitucional y por ende tenían que pagar.

No se rindieron y empezaron a enviar leyes tratando de no hacerlo con varias chicanas.

Estas siguieron el mismo camino de inconstitucionalidad que fue declarada por la Suprema Corte de Justicia.

Ahora están por perpetrar otra maniobra con el artículo 15 de la ley de Rendición de Cuentas.

El desparpajo es aún mayor.

Con esa norma pretenden no pagar condenas mayores a 10 millones de dólares. Para ello el proyecto de ley da la facultad al Poder Ejecutivo de posponer el cumplimiento de las sentencias y proponer su pago en próximas leyes presupuestales.

Lo que no asegura el cobro en fecha alguna.

En los hechos significa que pagarán cuando quieran y si quieren.

No cumplir con una sentencia judicial es no sólo inconstitucional.

Es un pésimo mensaje.

La norma persigue no pagarle a los funcionarios judiciales a los que hay que pagarle porque así lo dispuso la Justicia.

Ello, obviamente es inconstitucional por vulnerar la separación de poderes y por otorgar una facultad al Poder Ejecutivo que la Constitución le otorga al Judicial.

Además violenta el principio de igualdad.

Por ejemplo, en el caso de los funcionarios judiciales por haber hecho la demanda todos juntos el Poder Ejecutivo puede no pagarles (sus créditos son de más de 60 millones de dólares).

Ahora si uno de ellos hizo el reclamo en forma individual cobra porque es menor del límite.

Tan mala la enmienda como el soneto.

Lo peor sin embargo no es eso.

Peor son los argumentos que se manejaron desde el Frente Amplio.

Afirmaron que esta norma es para “proteger“ al Estado de posibles juicios de alguna empresa multinacional por más de 10 millones de dólares.

Lindo mensaje para quienes estudian invertir en el Uruguay.

No sólo están aprobando una norma para no cumplir los contratos sino que además ¡lo reconocen a voz en cuello!

Justo en momento en que UPM está estudiando hacer una gran inversión en el país, desde el oficialismo están aprobando una norma con el argumento que si empresas como está nos hacen un juicio hay que tener un instrumento para no pagar.

Unos genios del marketing.

Yo, si fuera UPM, lo pensaba dos veces. O 10 millones.

Lo del principio.

No entiendo y siento que no entienden.

Pedro Bordaberry

Autor: Pedro Bordaberry

Abogado, Senador, 55 años.

  • Martin Capparelli

    Como te vamos a extrañar!!!