Martes, 23 de febrero de 2016

MENU

Uruguay se debe una Ley de Educación Superior

En los últimos años, en nuestro país, el tema educativo ocupa un lugar importante en la agenda pública. Sin embargo, opacado por los graves problemas que enfrenta la educación secundaria, los temas universitarios difícilmente llegan a los titulares de los medios, a la agenda del gobierno o a los debates parlamentarios.

Durante el largo y complicado proceso de gestación de la Ley General de Educación (2005 – 2008), los actores principales forcejearon por espacios de poder y poco pensaron de forma estratégica en delinear una institucionalidad moderna para la educación en el país. Tal vez, la única excepción, fue la creación del Instituto de Evaluación Educativa, aunque los sucesivos gobiernos se tomaron con gran parsimonia su implementación, y todavía requiere de consolidación institucional para que su obra tenga impacto en la mejora educativa.

En materia de educación superior, la Ley General de Educación (Ley 18.437), dejó sin cambios el régimen vigente de naturaleza dual, con la Universidad de la República como única institución estatal, y reafirmó el estatuto limitado que regula al sector terciario privado. En síntesis, no cambió nada, salvo unos muy tímidos pasos, instalando espacios para la posible creación de dos nuevas instituciones estatales en el nivel terciario.

El resultado más grave de la Ley 18.437 fue la falta de definición del rol del Ministerio de Educación y Cultura en materia de educación. La miope mirada de los redactores e impulsores de la Ley redujo el rol del MEC a tareas como “facilitar”, “articular”, “coordinar” (artículo 51 Ley 18.437). No surge de la ley que el MEC tenga cometidos para definir políticas educativas, ni competencias de regulación ni de aseguramiento de la calidad de los servicios educativos que se prestan en el país. Estas definiciones impactan de manera especialmente negativa al desarrollo de la educación superior nacional.

La falta de competencia legal así como el escaso liderazgo de los jerarcas ministeriales en los últimos períodos, explican que el MEC no haya tenido aportes sustanciales en los limitados impulsos de reforma en el campo de la educación superior como fueron los frustrados intentos de crear una Universidad de Formación en Educación o la creación de una Agencia de aseguramiento y promoción de la calidad de la educación superior. Solamente se puede contar como saldo positivo, la creación de la Universidad Tecnológica (UTEC), y eso fue mucho más un proyecto de gestación parlamentaria que un aporte del Ministerio del ramo.

El panorama se agrava con la definición dada por la Ministra María Julia Muñoz, indicando que en este período no se va a promover la creación de una Universidad de Educación que permita dar institucionalidad universitaria a la formación docente estatal. De igual forma, su desinterés y lejanía respecto de los procesos de acreditación y evaluación universitaria en curso, como consecuencia de la participación del país en el ARCUSUR (edu.mercosur.int/arcusur) permiten vislumbrar que tampoco habrá avances en dicha dirección.

Nos encontramos ante una gran oportunidad perdida. En un momento en que las autoridades de la Universidad de la República, se manifiestan a favor de los procesos de diversificación institucional, tanto en el sector público como privado, así como de colaboración y apoyo a acciones conjuntas (esto es manifiesto tanto en la voluntad de cooperación con formación docente así como en ciertas áreas estratégicas como por ejemplo el trabajo conjunto de los Decanos de Ingeniería de todas las universidades), que el Ministerio no recoja el guante y genere políticas y dinámicas de apoyo y consolidación, demuestran falta de visión estratégica.

Ante el fracaso ministerial, tal vez deba el Parlamento asumir un liderazgo para apoyar el relevante trabajo que vienen realizando las instituciones universitarias. En este sentido, pensar en una Ley de Educación Superior podría ser un estímulo para las instituciones en proceso de desarrollo e impulsarlas a la mejora. Por ejemplo, definiendo estándares nacionales para las carreras universitarias, en horas de duración, determinando el concepto y cómputo de créditos siguiendo parámetros internacionales, adoptando criterios de evaluación para la formación práctica o exigencias de dedicación para sus académicos. Todas las instituciones universitarias, y en particular la Universidad de la República, han avanzado significativamente en estos temas. Pero la definición de estándares nacionales, y de mecanismos de promoción y aseguramiento para el conjunto del sistema, incentivarían procesos más dinámicos, en particular, para aquellas instituciones (o facultades dentro de la UDELAR) que apenas se inician en los mismos.

Como varias veces en la historia de nuestro país, en materia de educación superior podemos superar miradas cortoplacistas y bloqueos de concepciones anquilosadas. Una Ley de Educación Superior puede ser una excelente oportunidad para darle una proyección estratégica al sector universitario como actor clave del desarrollo del país.

Pablo Landoni

Autor: Pablo Landoni

Decano del Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes Investigador en el campo de la Educación Superior