Martes, 21 de noviembre de 2017

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Uruguay: sin ley de inteligencia y con nuevos desafíos

La ley de inteligencia: una discusión postergada

La comisión investigadora sobre los posibles actos de espionaje ilegal en democracia continúa su curso. Luego de más de una decena de encuentros en lo que va de 2017, todo parece indicar que, como sostuve hace un tiempo, se confirma la presencia de un modelo de conducción delegativo.

El argumento está exento de misterios: con el retorno de la democracia, las elites gubernamentales renunciaron, en favor de los servicios de inteligencia, a sus funciones básicas de control y regulación.

La inexistencia de un entramado institucional que otorgue posibilidades reales de supervisar las actividades y, en caso de incorrección, permita sancionar a los responsables, continúa siendo el principal desafío.

Más allá de una configuración histórica que, sin duda alguna, implica constreñimientos a la hora de emprender reformas en el sector, la falta de interés del sistema político por el asunto no parece explicarse únicamente a partir de contingencias históricas.

Ciertamente, los incentivos con que cuentan los tomadores de decisión para asumir un rol proactivo son escasos. Puesto que a los ciudadanos les es difícil considerar las políticas de inteligencia como parte de sus problemáticas diarias, como por ejemplo la salud o el transporte, el sistema político no considera dicha área de política como una prioridad.

En tal sentido, los exministros de Defensa Nacional e Interior que han comparecido ante la comisión investigadora del Parlamento, coinciden en que con el retorno a la democracia los ministerios estaban interesados en “otros asuntos” y los servicios de inteligencia “no rendían cuentas”.

Así y todo, actualmente existe un alto nivel de acuerdo respecto a la necesidad de aprobar un marco legal que garantice el control democrático de los servicios de inteligencia. Según recientes trascendidos de prensa,  el gobierno y los partidos políticos alcanzaron un acuerdo en el Parlamento para aprobar la ley que establece un Sistema Nacional de Inteligencia.

Vale la pena recordar que en el año 2011, cuando se reconocieron formalmente los inconvenientes de control mediante la creación de una comisión parlamentaria ad hoc (Comisión Especial con fines de asesoramiento legislativo en Inteligencia de Estado), el sistema político logró generar propuestas de mutuo acuerdo luego de dos años de discusión.

Sin embargo, el asunto no consiguió posicionarse como una prioridad de política y finalmente se diluyó en un contexto signado por la campaña electoral para las elecciones presidenciales y legislativas del año 2014.

El problema de “los tiempos” vuelve a escena como en el año 2014. Mientras la comisión especial aún no ha comenzado a discutir el proyecto ―paso previo para que el mismo se discuta en el plenario― la comisión investigadora continuará su labor hasta fin de año, e incluso evalúa solicitar una nueva prórroga que extendería un semestre más la discusión.

No hay duda de que si sobre fines de 2017 el proyecto no es aprobado por la Cámara de Representantes para pasar eventualmente a la Cámara de Senadores a principios de 2018, el asunto quedará nuevamente relegado hasta el próximo periodo de gobierno.

De todas maneras, a diferencia del proceso iniciado durante el quinquenio anterior, la emergencia de un escándalo de magnitud que dio lugar al proceso legislativo sobre espionaje en democracia, asegura, a priori, que el asunto no podrá ser descartado sin razón aparente.

¿Capitalizará el sistema político uruguayo esta oportunidad inédita? ¿Tendrá Uruguay una Ley de Inteligencia en el corto plazo? Todo parece indicar que sí, aunque, como se dijo, el tiempo es escaso. En ese sentido, la importante gama de asuntos de agenda definidos por el gobierno como prioritarios, podrían postergar aún más la discusión sobre los asuntos de inteligencia.

 

Los nuevos desafíos: la otra cara de la inteligencia 

No cabe duda de que vivimos en la era de la información; en los últimos años, hemos experimentado increíbles avances tecnológicos gracias a internet, los dispositivos móviles, la robótica, entre muchos otros. El uso de la tecnología no solo ha transformado cualitativamente las tareas de inteligencia sino que también ha ampliado sus dimensiones convencionales.

La inteligencia no es ya un monopolio estatal, ciertamente nunca había sido tan fácil ser espía. Actualmente, es posible adquirir, tanto en plaza local como por Internet, distintos dispositivos que permiten realizar interceptaciones telefónicas y vigilancia electrónica de personas. A un costo relativamente bajo, es posible armar un verdadero kit espía.

Al igual que sucede para el caso del sistema de interceptación estatal El Guardián, no existen previsiones normativas adecuadas para garantizar el derecho a la intimidad en el uso de estos nuevos dispositivos disponibles en el mercado.

¿Debería prohibirse o regularse la importación y/o tenencia de dichos dispositivos por parte de particulares? Hasta el momento, el único antecedente del caso tuvo lugar en el año 2011 cuando el Diputado por Soriano José Amy presentó un proyecto de ley en el entendido de que tanto la importación como la comercialización de aparatos aptos para realizar escuchas o interceptaciones telefónicas o vigilancia electrónica de personas, cualquiera sea la tecnología empleada o las modalidades de interceptación utilizadas, deben ser prohibidas.

El debate está abierto, pero la única certeza hasta el momento es que Uruguay no tiene una ley marco de inteligencia al tiempo que enfrenta nuevos desafíos en la materia.

Nicolás Álvarez

Autor: Nicolás Álvarez

Licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República. Se ha desempeñado como consultor parlamentario en temas de defensa e inteligencia en Uruguay, participando en la elaboración de proyectos referidos a la democratización del sector. En la actualidad, participa en proyectos nacionales sobre la problemática de las drogas y en la publicación de investigaciones, a nivel regional, referidos a los sistemas de inteligencia y su vinculación en un contexto democrático.