Lunes, 22 de mayo de 2017

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Uruguay y el acuerdo fitosanitario para la exportación de soja a China

El Protocolo firmado entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Administración General para la Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China, supone un conjunto de requisitos fitosanitarios que debe cumplir la exportación de soja que, desde el Uruguay, se efectúe a dicho país asiático.

El tratado establece una serie de complejos requisitos implantados en su totalidad por el gobierno del país asiático para permitir el acceso del cereal uruguayo al mercado de aquel país que son dificultosos de sobrellevar, entre otros motivos, por una razón de costos.

Cuarenta mil toneladas fueron las que transportan los dos primeros barcos que zarparon desde Nueva Palmira y los que -según informó el MGAP- “fueron controlados y no presentan observaciones por parte de los inspectores de Servicios Agrícolas”.

Sin embargo, preocupa que las condiciones exigidas queden supeditadas a la reglamentación de importación y normas nacionales que China considere relevantes. Estas normas no están específicamente enumeradas, por lo que muchos productores nos dicen no saber cuál es el criterio de ‘relevancia’ para China, al cual deben atender.

Según expresa el Protocolo, la soja debe estar libre de insectos vivos, en particular las plagas cuarentenarias de ‘preocupación’ para China que se listan en un anexo al Protocolo (en el cual se enumeran 12 plagas). Tampoco puede estar mezclada ni contaminada con otros granos o materia extraña de manera deliberada. Resulta ésta una nueva subjetividad difícil de rebatir (ya que la contaminación ‘deliberada’ resulta de una intención difícil de comprobar) y exenta de tierra (tampoco sabemos en qué porcentaje).

También nos preocupa el Artículo 8 que, a nuestro entender resulta de previsión leonina, ya que si China considera que la soja no cumple con las condiciones que a su criterio se determine,  no sólo puede devolver la exportación u ordenar su destrucción a costo del exportador,  sino que  también puede suspender inmediatamente toda exportación de soja desde Uruguay.

 

Imposición en un muy mal momento

Podemos entender y hasta compartir, el argumento del MGAP sobre la necesidad de implementar ‘prácticas de mitigación’ respecto del problema de las plagas, en especial con el sorgo de Alepo, pero creemos inoportuno un acuerdo de este tipo en este momento, sin conocimiento previo y participación de las gremiales.

La oportunidad del Protocolo ya ha repercutido en los precios de la soja, dado la instancia del proceso del cultivo. Las empresas graneleras se están cubriendo ante los riesgos comerciales que incurren por la eventualidad de rechazos de barcos en destino, agregando al productor costos que bajan su ganancia.

Es agronómicamente dificultoso cumplir con las condiciones comprometidas por el país. La premura de la firma del Protocolo ha colocado a Uruguay, inoportunamente, en una situación de inferioridad y desventaja en relación a nuestros competidores. Ni Brasil, ni Argentina, ni Paraguay, ni Bolivia, han acordado condiciones similares de exportación y tampoco tienen actualmente ese nivel de exigencias.

Mucho nos extraña pues, que no podamos hacer acuerdos que nos beneficien en solitario, mirando a Asia más allá del MERCOSUR, pero en cambio se firmen acuerdos que claramente nos dejan en desventaja frente a países que son grandes exportadores de soja y obviamente nuestros competidores. Recordemos que China es el principal destino de nuestra oleaginosa, con 84% del total exportado en 2016.

 

Significa costos adicionales

Como medida preventiva en Uruguay se han aumentado los controles en las plantas de recibo y con ello se han sumado costos adicionales para el productor agregando, de su cargo, primas a pagar.

Al agregar una condición comercial que incrementa los costos y deja al productor en desventaja se le suman variables que no se pudo considerar al hacer los números.

De haberse conocido en tiempo y forma las exigencias y la condición de inferioridad en la que se coloca al país para la exportación de soja, el productor podría haber tomado otros recaudos, por ejemplo, en materia de combate de ciertas malezas que pudieran estar presentes en los suelos y que hoy deprecian sus cosechas en curso y encarecen el costo de producción.

Se nos dice que el Protocolo deja una tolerancia cero para la serie de malezas incluidas y que muchas de ellas ya están instaladas en los cultivos, por lo que no son de fácil eliminación en esta instancia del proceso.

Es bueno recordar que venimos de una mala zafra y resultados en 2016, ya que el exceso de lluvias del año pasado perjudicó el volumen y calidad de la producción, dejando en mala situación económica a muchos productores que hubieran necesitado recuperar pérdidas este año y que ahora ven incrementados sus costos, pesando la incertidumbre de un rechazo de la exportación e incluso la suspensión de la misma.

Corremos riesgos, dado que las ventas acordadas pueden no llegar a cumplir con las exigencias del protocolo, que da poco o nada de tolerancia para la existencia de las plagas cuarentenarias previstas en el mismo (dos hongos y 10 malezas), siendo las penalizaciones severas y sin que se prevean garantías de los controles a realizarse en China que resultan quedar a su entera discreción.

Esta decisión obligó al productor a pagar primas de hasta 30 dólares por tonelada, unos 10 dólares más que otros países del MERCOSUR. La cosecha de soja en el departamento de Colonia aumentó en un 10%, el rendimiento promedio en la zona núcleo es de 3.000 kg/hás y se espera una producción de 3,3 millones de toneladas de soja en 1,2 millones de hectáreas, sin embargo, el productor se ve castigado y el Uruguay recibiría unos 40 millones de dólares menos que sus competidores.

Como legisladora debemos expresar nuestra preocupación y así lo hicimos en el Parlamento, ya que circunstancias como estás atentan contra los intereses nacionales y en particular de muchos de nuestros productores.

Nibia Reisch

Autor: Nibia Reisch